Tras varios meses de rumores y en uno de los años más complejos para la economía cubana, Miguel Díaz-Canel anunció en el programa de televisión Mesa Redonda del 8 de octubre de 2020 que su Gobierno iniciaría un proceso de unificación monetaria y cambiaria para "destrabar una parte importante de los problemas" del país. Es lo que conocimos entonces como Tarea Ordenamiento.
"Si alguien queda en una situación de vulnerabilidad con la implementación de la Tarea Ordenamiento está previsto cómo se va a ayudar", prometió Díaz-Canel esa noche.
La respuesta de los economistas no se hizo esperar. Inmediatamente, comenzaron a advertir sobre todos los problemas que iba a producir el proceso. El Gobierno los ignoró y el resultado es el desastre económico que conocemos hoy, que ha llevado a un empeoramiento de las condiciones de vida de los cubanos.
Al día siguiente del anuncio de Díaz-Canel, Pedro Monreal criticó que se postergara "una reforma integral, porque habría que ajustar primero para luego poder desregular precios, que sería el componente clave de una transición desde el control administrativo hacia una regulación descentralizada mediante el mercado".
Además, dijo que no quedaban claros "dos importantes aspectos de la secuencia: la reforma sustantiva de la empresa estatal (no meramente cambios menores) y el establecimiento de un sector empresarial privado y cooperativo que facilite la reforma de la empresa estatal".
Días más tarde añadió que "la 'innovación' de la estrategia económica debería concentrarse en el reemplazo del esquema de 'planificación centralizada'", pues "no queda claro cómo pudieran ser superados los problemas estructurales de la economía cubana con tal esquema" propuesto por La Habana.
El 13 de octubre, también en la Mesa Redonda, el entonces considerado zar de la economía cubana, Marino Murillo, afirmó que las autoridades tenían con la Tarea Ordenamiento una "gran aspiración (...): que todos los asalariados queden en mejores condiciones que en el punto de partida en el que estamos".
"Y creo que la vamos a poder cumplir", añadió Murillo. "Este es el efecto más grande que estamos esperando, una corrección de los precios relativos, un incremento de los salarios y mayor motivación para trabajar", dijo el funcionario, que ahora dirige la empresa estatal Tabacuba. Un año después cualquier cubano puede afirmar que sucedió lo contrario de lo que predijo.
En un artículo publicado en DIARIO DE CUBA en aquel momento, el economista Elías Amor cuestionó: "¿Qué asegura que se producirá con más eficiencia si no existen los equipamientos, tecnologías, maquinarias e incluso materias primas necesarias para hacerlo? No conviene olvidar que traer esos insumos del exterior será más caro como consecuencia de la devaluación, de modo que los márgenes se estrechan. La pregunta es la misma que antes: ¿Ha trabajado el régimen en poner a punto a las empresas para cuando lleguen los pedidos del exterior?".
El 10 de diciembre de 2020, durante el anuncio oficial de la implementación de la Tarea Ordenamiento, Miguel Díaz-Canel afirmó en la Mesa Redonda que esta sería aplicada "sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social; lo cual será posible, no mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo".
El economista Pedro Monreal volvió a salirle al paso. Advirtió que la secuencia de las medidas gubernamentales relacionadas con el proceso de unificación monetaria y cambiaria en Cuba no era la correcta. "Un incremento sustancial de la demanda debe ir precedido de un incremento de la capacidad de oferta, sobre todo de alimentos", explicó.
Monreal alertó en un texto publicado en sus redes sociales que la carencia en la oferta "apunta hacia tendencias inflacionarias", por lo que afirmó que sería "más adecuado asumir con realismo la probabilidad (no solo la posibilidad) de que pudiera haber una inflación que redujese el poder adquisitivo promedio".
"La tasa de cambio oficial adoptada por el Gobierno es, frente a las condiciones del mercado, una tasa de cambio sobrevaluada y esto es un error de entrada", escribió por su parte el especialista Mauricio de Miranda.
"Una tasa de cambio sobrevaluada significa que la moneda nacional vale más de lo que debería valer y eso afecta la competitividad de las exportaciones y abarata las importaciones, por lo que no se solucionaría plenamente los problemas que llevaron a adoptar la medida de devaluar que, dicho sea de paso, debió adoptarse hace muchos años", agregó.
El economista cubano Carmelo Mesa-Lago afirmó a DIARIO DE CUBA que en el corto plazo la Tarea Ordenamiento traería, además de inflación, y desempleo, pues era muy probable que el Gobierno eliminase los subsidios a las empresas estatales con pérdidas, por lo que muchas de ellas tendrían que cerrar.
Elías Amor apuntó que la reforma de los subsidios igualmente crearía "problemas de precios altos en los mercados de consumo", por lo que "una cierta sensación de descontrol de la economía" se podía "generar en la mayoría de la población sin acceso al dólar".
Emilio Morales, presidente de la consultora Havana Consulting Group, advirtió que la medida nacía "coja". Argumentó que no se habían implementado tres aspectos que eran "claves" para que fuera exitosa: "liberación de las fuerzas productivas; liberación de precios; y establecimiento de un mercado de libre empresa regido por la oferta y la demanda".
Cuando aún no había sido implementada, el 17 de diciembre de 2020, las primeras quejas de la población llegaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) debido a incremento de los precios. Marino Murillo respondió que el salario en la Isla crecería unas 4,9 veces como promedio, mientras los precios de las ventas minoristas lo harían unas 1,6 veces, incluida la tarifa eléctrica. Pero esto no se hizo realidad; en los primeros meses de la Tarea Ordenamiento los cubanos vieron los precios multiplicarse por cinco y hasta por siete.
También ante la Asamblea Nacional la diputada Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, habló de la importancia que tendría "el control de los precios", en lo cual su ministerio ocupa un papel sustancial, que no ha logrado cumplir.
En el propio VI periodo de sesiones de la ANPP el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, afirmó que tras dos años de recesión marcada por la caída del PIB de -0,2% en 2019 y -11% en 2020, se calculaba que en 2021 cambiaría el ciclo y la economía experimentaría un crecimiento de entre un 6% y un 7%.
Este fue otro pronóstico fallido, pues un año después el primer ministro, Manuel Marrero, reconocía que el crecimiento económico respecto a 2020 fue de solo un 2% en 2021.
El propio Marrero, de modo triunfalista, dijo el día 3 de enero de 2020, 72 horas después del comienzo de la Tarea Ordenamiento, que los cubanos tendrían "una mayor calidad de vida y prosperidad". Solo una semana después tivo que recular: "No todo puede ser responsabilidad del Estado cubano", se justificó.
Otra declaración desapegada a la realidad fue la de Bolaños Weiss el día 15 de enero, cuando dijo que los cubanos dormían tranquilos porque "la atención médica y la educación, pese a la pandemia, están garantizadas", en un año donde los estudiantes apenas acudieron presencialmente a las escuelas y un colapso sanitario y de falta de medicamentos provocó miles de muertes.
No había pasado un mes del comienzo de la Tarea Ordenamiento cuando Miguel Díaz-Canel tuvo que abandonar los discursos esperanzadores para apelar al sacrificio de la población ante la inefectividad de las medidas: hay que "ponerle el pecho a las balas", expresó durante un chequeo a "los avances" de las reformas económicas en Pinar del Río.
El 23 de enero, el propio Díaz-Canel pronunciaría una de las frases más recordadas respecto a las medidas: "Hay que ordenar el Ordenameinto", algo que un año después no se ha conseguido.
El gobernante justificó que "cosas que estaban normadas y reglamentadas no se aplicaron", por lo que se había "creado una percepción en la población no favorable al Ordenamiento", al que describió como "una tarea necesaria e imprescindible para potenciar la economía y para mejorar la situación de toda la población".
También el principal encargado de las medidas, Marino Murillo, reconoció las deficiencias: "Nosotros hubiéramos querido que no saliera nada que tuviéramos que rectificar, pero van ocurriendo cosas, hay características propias de cada territorio, que se han estado revisando, y son muchos actores que participan".
En el mes de marzo, cuando eran cada vez más evidentes los errores del grupo de medidas, Díaz-Canel insistió en defender la Tarea Ordenamiento al afirmar que buscaba "la justicia social, pero sin igualitarismos".
Las opiniones de los especialistas, en cambio, avizoraban un futuro más desfavorable aún. A mediados de marzo, en respuesta a DIARIO DE CUBA, el economista Mauricio de Miranda dijo que el grupo de medidas contenía errores "muy graves" y mencionó que la unificación cambiaria no incluyó unificación monetaria porque ocurrió "en condiciones de una dolarización parcial de la economía".
"Es decir, que la moneda nacional sigue sin ser totalmente soberana en las transacciones internas de la economía", dijo.
Otra de las cuestiones que señaló el economista fue que las reformas se habían "centrado en la esfera de la circulación", pero no se habían producido "los cambios necesarios para asegurar una respuesta desde el lado de la oferta, es decir, desde la producción", pues "la supuesta flexibilización del trabajo por cuenta propia" siguió dejando pendiente la autorización de pequeñas y medianas empresas.
Elías Amor, por su parte, dijo que entre los principales problemas de las medidas económicas estaba "el aumento del nivel general de precios con una magnitud desconocida y en muy poco tiempo", lo que en su opinión iba a "consolidar las expectativas inflacionistas en los agentes económicos por largo tiempo, provocando los efectos negativos que se generan por la inflación en las economías".
Amor también señaló que se desarrollaba en la Isla una "pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones acompañada por la caída del salario real, como consecuencia de la reducción y supresión de subsidios y gratuidades". Esto, en la práctica, supuso "un empobrecimiento general de la población que obtiene ingresos en CUP", como Amor había vaticinado.
Respecto a la población, el economista Omar Everleny Pérez Villanueva coincidió en que estaba entre los actores más perjudicados, especialmente "los jubilados", pues los precios subían "de una forma galopante".
En declaraciones a DIARIO DE CUBA, Pérez Villanueva opinó que el principal riesgo de la Tarea Ordenamiento en el corto plazo era "la subida de precios", que sería muy difícil evitar debido, entre otras cosas, a la ineficiencia y el tipo de mecanismos utilizados por el Gobierno para hacerlo.
"Los topes de precios no son la solución para que los precios bajen, porque entonces los productores no sacan los bienes al mercado", explicó.
Además, De Miranda señaló que en 2021 podría verse un "incremento de los niveles de pobreza y de vulnerabilidad, especialmente en la población jubilada", que ya se encontraba en una situación muy delicada en la Isla antes del reordenamiento económico.
Otros problemas que iba a provocar el nuevo ordenamiento económico en el mediano plazo, y que advirtieron especialista, sería el "desarrollo de un potente mercado negro" y la ocurrencia de "un estallido social, derivado del agravamiento de la situación económica del país y de los errores en la gestión por parte del Gobierno". La protesta que sacudió Cuba el 11 de julio les dio la razón.
El economista cubano Pedro Monreal cuestionó en sus redes sociales los resultados que se iban evidenciando desde el comienzo de la implementación de la Tarea Ordenamiento, por el diseño de los precios y "una apreciación no realista de las condiciones de producción".
Las autoridades cubanas no hicieron caso alguno a estas opiniones de especialistas. Tras casi un año de penurias para los cubanos, agravadas por la pandemia de Covid-19, el pasado 14 de diciembre el primer ministro, Manuel Marrero, reconoció que "resulta necesario rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre varios elementos del diseño inicial" de la Tarea Ordenamiento.
Marrero dijo en su informe a la ANPP que el Gobierno tomará nuevas medidas para alcanzar los objetivos iniciales de la Tarea Ordenamiento: "otorgar al peso cubano (CUP) el papel que le corresponde como centro del sistema financiero cubano a partir de eliminar la dualidad monetaria y cambiaria, transformar los ingresos de la población y eliminar gradualmente los subsidios excesivos y gratuidades indebidas".
Con los mismos decisores y el mismo Gobierno, la población cubana tendrá que continuar en lo que parece una historia en bucle: el reordenamiento del ordenamiento. Mientras, el régimen sabe que la ciudadanía no aguanta más, lo que se evidenció en las protestas del pasado 11J, pero sigue pareciendo incapaz de liberar las fuerzas productivas, para muchos la única opción de desarrollo económico posible.
Estos gordos nada saben comer carne de puerco y tomar cerveza están cebaos y como los antiguos reyes ni caminar pueden que mierda de país.
Si hubiera un premio Nobel a la incapacidad para gobernar y la estupidez, no habrían dudas a quien dárselo: a la mafia comunista cubana.