La viceministra de Economía y Planificación cubana, Johanna Odriozola, afirmó durante el seminario PymesLab, organizado por la Embajada de Bélgica, que es necesario crear un marco institucional y regulatorio que facilite a los emprendedores privados y las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) desplegar sus potencialidades y e integrarse al desarrollo del país, informó Juventud Rebelde.
El evento, en el que participaron funcionarios, académicos y empresarios de ambos países, abordó principalmente temas relacionados con la importancia de un marco legal que garantice el correcto funcionamiento de las PYMES, la articulación público-privada, y los mecanismos gubernamentales de fomento y apoyo para dichos actores económicos.
Los expositores belgas hablaron sobre las potencialidades de las PYMES en su país, donde generan el 63,3% del PIB. Por la parte cubana algunos de los emprendedores, como Erick Carmona Padrón y Yosué Montes de Oca, de AlaSoluciones, Abel Bajuelos, impresor en 3D y Marta Deus, de la mensajería Mandao, conversaron sobre las particularidades de sus proyectos y las restricciones que impone el Gobierno cubano.
También la doctora Ileana Díaz Fernández, coordinadora de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana (UH), afirmó que pese al aumento de los trabajadores del sector privado no se ha conseguido en Cuba una alianza público-privada por el nivel de incertidumbre y las restricciones que persisten, además de la falta de una normatividad necesaria y transparente.
La doctora Natacha Mesa Tejeda, profesora de la Facultad de Derecho de la UH, abogó por la aprobación de normas jurídicas que regulen la creación y gestión de las PYMES, bajo un esquema flexible que brinde seguridad jurídica e incentivos a dichos actores económicos.
Mientras tanto, las nuevas medidas económicas aprobadas en la Isla en relación con el proceso de unificación monetaria y cambiaria podría afectar notablemente al sector privado, por lo que un grupo de campesinos independientes y emprendedores cubanos exigió inmediatas libertades económicas al régimen esta semana a través de una carta pública.
Con el aumento entre tres y cinco veces de las tarifas en los servicios públicos de electricidad, gas y agua potable, gran parte de los negocios privados estarán obligados a considerar el cierre definitivo.
Aunque el Gobierno permitirá que el sector privado reajuste precios de sus servicios, tampoco será en este caso bajo las reglas de oferta-demanda, o de costo-beneficio, sino bajo las limitaciones que impongan las autoridades asignadas a su fiscalización.
Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista afirmó que "los precios de los bienes y servicio que ofertan las formas no estatales del país también subirán", pero nunca podrán ser "especulativos ni abusivos".
