En 2024, DIARIO DE CUBA ha documentado diversas violaciones de derechos humanos en la Isla, reflejando la persistente represión y las difíciles condiciones de vida que enfrentan los ciudadanos cubanos. Uno de los temas más destacados ha sido la represión contra ciudadanos, activistas y periodistas independientes y la alarmante situación del presidio político.
Las autoridades han intensificado las detenciones arbitrarias, el acoso y las restricciones de movimiento contra aquellos que expresan opiniones contrarias al régimen. Organizaciones internacionales han denunciado estas prácticas, subrayando la falta de libertades fundamentales en Cuba.
La situación en las prisiones cubanas también ha sido motivo de preocupación. Se han reportado condiciones inhumanas, falta de atención médica adecuada, maltratos a los presos, especialmente a los presos políticos y muertes bajo custodia. Familiares de los detenidos han alzado la voz, exigiendo mejoras y la liberación de aquellos encarcelados por motivos ideológicos.
En el ámbito económico y social, la escasez de productos básicos y la agudización de la crisis energética han llevado a protestas en diversas regiones del país. La respuesta gubernamental ha sido la represión y la censura, limitando el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión. Estas acciones han sido condenadas por defensores de derechos humanos, quienes instan al gobierno a atender las demandas legítimas de la población.
Uno de los casos que más impactó a los cubanos fue el de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, un joven de 29 años que cumplía una condena de seis años por su participación en las manifestaciones del 11J. Guillén Esplugas falleció en la prisión del Combinado del Este, un centro de máxima seguridad cerca de La Habana. Su madre, Dania María Esplugas Falcó, denunció que su muerte fue producto de golpes propinados por los custodios de la prisión, a pesar de que las autoridades afirman que se trató de un suicidio. "Eso no es ahorcamiento, me mataron a mi hijo", declaró Esplugas Falcó, poniendo en duda la versión oficial.
La muerte de Guillén Esplugas no es un caso aislado. Según la organización Justicia 11J, al menos cuatro manifestantes del 11J han muerto bajo custodia entre 2023 y 2024. Entre ellos se encuentra Yosandri Mulet Almarales, quien cumplía una condena de 10 años por "sedición". Mulet, recluido en un campo de trabajo, desarrolló una conducta suicida que culminó en su muerte tras lanzarse de un puente durante un pase para visitar su vivienda.
A propósito, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos recordó: "Su caso se une al de Luis Barrios Díaz, fallecido tras irregularidades y negligencias por parte de las autoridades penitenciarias en relación con su grave situación de salud. Barrios, de 37 años, murió el domingo 19 de noviembre de 2023 en el Hospital La Covadonga, en La Habana, como consecuencia de complicaciones respiratorias".
Otro caso que ha generado indignación este año es el de Gerardo Díaz Alonso, un preso político de 35 años condenado a 14 años de prisión por participar en las protestas en Cárdenas, Matanzas. Díaz Alonso falleció en octubre pasado debido a problemas de presión arterial y desmayos que no fueron atendidos adecuadamente por las autoridades penitenciarias. Las denuncias de negligencia médica en las cárceles cubanas son constantes y reflejan las deplorables condiciones carcelarias que enfrentan los detenidos.
Las condiciones en las prisiones cubanas han sido calificadas como alarmantes por organizaciones internacionales. Leonardo Fernández Otaño, representante de Justicia 11J, señaló que la violencia carcelaria, la negligencia médica y las condiciones inhumanas no son prácticas nuevas, sino una extensión del control represivo del régimen cubano. Según Otaño, estos casos son una muestra de la crueldad sistemática ejercida contra quienes han tenido el valor de exigir cambios en la isla.
A este contexto se suma la represión cotidiana contra activistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil. Detenciones arbitrarias, vigilancia constante y restricciones de movimiento son prácticas comunes. Además, la censura y el control informativo limitan las posibilidades de los cubanos de acceder a información libre y denunciar las injusticias que viven.
Un ejemplo, es el caso de la joven fotógrafa María Lucía Expósito, quien fue interrogada durante seis horas y despojada de 1.000 dólares. Medios como Periodismo de Barrio y El Toque han visto a sus colaboradores obligados a abandonar sus puestos o el país. Las autoridades utilizan leyes restrictivas para silenciar a la prensa, con penas que pueden alcanzar hasta 10 años de cárcel, buscando mantener el monopolio de la narrativa estatal.
Ante este grave panorama, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo al Gobierno cubano que respete sus compromisos internacionales, libere a los presos políticos y garantice los derechos fundamentales de su población. Sin embargo, el régimen sigue manteniendo un control férreo sobre la disidencia, mientras miles de familias cubanas luchan por justicia y dignidad.
A pesar del clima represivo, las iniciativas que buscan visibilizar las violaciones de derechos humanos en Cuba han logrado impactos importantes a nivel internacional. El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue distinguido, en Noruega, con el premio Rafto de derechos humanos "por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte". El fallo destacó que Otero Alcántara, de 36 años y actualmente en prisión, "ha sido arrestado innumerables veces por su activismo" y que sus obras son "rotundamente críticas con las restricciones a la libertad de expresión".
La situación en Cuba, lejos de mejorar, evidencia un deterioro constante en las condiciones de vida y en el respeto a los derechos humanos. Los casos de Guillén Esplugas, Mulet Almarales, Díaz Alonso, en 2024 y el de Barrios Díaz, a finales de 2023, no solo son un recordatorio de la represión que enfrentan quienes alzan su voz, sino también un llamado urgente a la solidaridad internacional para visibilizar y denunciar estas violaciones.
