Aunque la corrupción, las deficiencias y la falta de independencia de la justicia en Cuba son conocidas, durante 2024 DIARIO DE CUBA las reveló de manera quirúrgica.
El caso que mejor demuestra la subordinación del sistema judicial cubano al poder lo reveló DIARIO DE CUBA en exclusiva, en octubre, cuando publicó el video de un juicio en el que salió a relucir la estrecha relación entre un hijo del difunto dictador Fidel Castro, Alejandro Castro Soto del Valle, y presuntos narcotraficantes, e ignorada por el Tribunal Provincial de Cienfuegos en 2015.
En 2014, los cubanoamericanos Enrique Anicio Artiles Mata y Elvis Artiles Martin (padre e hijo) fueron detenidos y acusados de tráfico de drogas en Estados Unidos. En Cuba, a donde viajaban con frecuencia, tenían vínculos familiares y de amistad con cinco ciudadanos, que un año después fueron procesados por los delitos de lavado de activos y falsificación de documentos, junto a otro residente en EEUU.
En la vista oral, tres de los cinco acusados describieron los estrechos vínculos entre Artiles Mata y Castro Soto del Valle. Ni la presidenta del Tribunal, ni la Fiscalía ni los abogados de la defensa solicitaron que el hijo de Fidel Castro declara en calidad de testigo.
Como señaló el miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez, los delitos en los que podría haber estado implicado Castro Soto del Valle, como lavado de activos y de encubrimiento tráfico de drogas no han prescrito, pues no han transcurrido los 25 años que establece la ley "para que los responsables estén a salvo de la ley".
Si antes de octubre, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro, desconocía los vínculos entre el hijo de Fidel Castro y presuntos narcotraficantes, tras la revelación de la exclusiva por parte de DIARIO DE CUBA está obligado a investigar al miembro de la familia Castro y asegurarse de que no quede impune de probables delitos relacionados con el tráfico de drogas. Eso no ha ocurrido hasta el momento.
No debe descartarse que las autoridades lo tengan sometido a un chantaje, teniendo en cuenta que habría garantizado la impunidad de la expresidenta del Tribunal Provincial de Cienfuegos y exdiputada Tania Correa Lorenzo, presunta autora de delitos de malversación y falsificación, según revelaron fuentes del Sistema de la Dirección de Atención a la Población del TSP a DIARIO DE CUBA en septiembre. Por ese caso habría sido reprendido por el entonces segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura.
En junio, la exjueza y solicitante de asilo político en Estados Unidos Melody González Pedraza reveló a DIARIO DE CUBA en una entrevista exclusiva que el Tribunal Supremo dictó una Instrucción, firmada por Remigio Ferro y aprobada en su Consejo de Gobierno, con indicaciones precisas de política penal para los cubanos encarcelados por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de 2021.
Las fundamentales eran: mantener la prisión provisional una vez se recibiera el caso en los tribunales, imponer penas de rigor que implicaran confinamiento, conceder la libertad condicional solo en situaciones excepcionales y que las personas cumplieran la mayor parte de la sanción en prisión.
Sobre los que tuvieran la suerte de ser excarcelados con libertad condicional se debía establecer "un control riguroso" por todas las autoridades del territorio: "Policía, Seguridad y las organizaciones políticas".
En febrero, durante el balance anual del Tribunal Supremo, realizado en La Habana, Miguel Díaz-Canel exigió más severidad e intransigencia a los jueces, según contó González Pedraza a DIARIO DE CUBA en otra entrevista exclusiva.
En esa exclusiva, la magistrada expuso cómo el PCC, el Ministerio del Interior y la Fiscalía cuestionan a los jueces si imponen sanciones más bajas que las solicitadas por los fiscales.
El sistema judicial es más benévolo con feminicidas y agresores sexuales que con manifestantes pacíficos
En julio, DIARIO DE CUBA mostró la responsabilidad del Estado cubano en el feminicidio de Jessica Castillo. El agresor de Castillo había cometido un asesinato similar en 2011, por el que fue sentenciado a 20 años de prisión. Tras haber cumplido aproximadamente un tercio de su condena, recibió el beneficio de la libertad condicional.
Ese beneficio le ha sido negado muchos cubanos condenados por las protestas del 11J, que ya debían haberlo recibido.
González Jiménez explicó que cuando se va a conceder la libertad condicional al autor de un asesinato, o una violación, "el protocolo indica que los reeducadores, de conjunto con el fiscal, que son los que evalúan la procedencia de promover ante el tribunal la libertad condicional, tienen que pedirles opinión a los familiares de la víctima".
Si, cuando el caso llega al tribunal, esa opinión no se ha solicitado, el tribunal está obligado a virar el caso y exigir que se cumpla ese paso, añadió el jurista.
En el caso del asesino confeso de Emelina, ese paso se violó, según declaró un familiar de la víctima al Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas (OGAT) y a la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, que compartieron la información con esta redacción.
González Jiménez explicó, además, que en Cuba, antes de excarcelar bajo libertad condicional al autor de un asesinato o una violación, no se realiza su evaluación psicológica.
Otro ejemplo claro de la benevolencia del régimen con agresores de mujeres y niñas, en contrate con el discurso oficial, fue la sentencia de tres años de cárcel impuesta a Maikel Solano Arévalo, culpable de abuso sexual a una menor de cuatro años, conseguida solo después de un año de los hechos y tras un juicio de apelación. Inicialmente fue condenado a tres años de trabajo correccional sin internamiento.
La nueva sanción, dictada por el Tribunal Provincial de Granma al agresor sexual, cae dentro del marco sancionador previsto en el Código Penal cubano para el abuso sexual contra una persona menor de 12 años, que es de dos a cinco años de privación de libertad. Si Solano Arévalo no es reincidente, en un año y seis meses podría quedar en libertad condicional.
La exjueza cubana Maylin Fernández Suris, experta en asuntos de familia y violencia de género y abogada de esta redacción, señaló la tardanza de la justicia en ese caso y la falta de una accesoria de prohibición de acercamiento a la menor.
El año 2024 también evidenció la deslegitimación y desintegración de parte del sistema judicial cubano. Cada mes son menos los jueces profesionales y fiscales dispuestos a ser cómplices de Rubén Remigio Ferro y del régimen.
En enero, el vicefiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, admitió en Ciego de Ávila que son más los fiscales que abandonan el sector que los que se gradúan.
En junio, DIARIO DE CUBA conoció que el Tribunal Municipal de Encrucijada, en Villa Clara, se había quedado sin personal. En ese tribunal había trabajado la exjueza solicitante de asilo político en EEUU González Pedraza.
La guásima seleccionada para Remigio debe ser la más alta que haya en Cuba, para que la gravedad haga el efecto deseado.
What role does political influence play in shaping judicial decisions in Cuba, particularly regarding high-profile cases like the one involving Fidel Castro's son and the alleged drug trafficking links? https://retrobowl.college