Una jueza cubana, presidenta de un Tribunal Provincial, diputada y presunta malversadora

El 23 de diciembre de 2016, la presidenta del Tribunal Provincial Popular (TPP) de Cienfuegos, Tania Correa Lorenzo, afirmó —en el acto por el aniversario número 43 de la fundación del sistema de tribunales en Cuba— que la "profesionalidad, sensibilidad y transparencia en la imposición de justicia en nuestra sociedad" constituían "sellos distintivos a tenor del mandato que el pueblo nos ha confiado". Menos de cuatro años después, pedía la baja del cargo para evitar una sanción. 

De esa forma, Correa Lorenzo puso punto final a una trama de presuntos hechos delictivos, en la que fue protagonista y habría gozado de impunidad, gracias nada menos que al presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro. 

DIARIO DE CUBA conoció esta trama a través de fuentes dentro del Sistema de la Dirección de Atención a la Población del TSP, que prefieren conservar el anonimato por miedo a represalias.

La Dirección de Atención a la Ciudadanía es el órgano de supervisión interna del sistema de tribunales. Por tanto, es allí a donde dirigen también sus quejas los jueces que tengan alguna inconformidad. Esa fue la vía que emplearon varios magistrados para expresar por escrito su malestar por la presunta corrupción de su presidenta, quien fuera, además, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Presunta falsificación de documentos bancarios

Aunque Correa Lorenzo presidió el Tribunal Provincial de Cienfuegos desde 2016 hasta marzo de 2020, sus presuntos actos corruptos y hechos delictivos se remontan, al menos, hasta el periodo comprendido entre 2011 y 2015, cuando era presidenta del Tribunal Especial de Isla de la Juventud. Antes había ocupado un cargo relevante similar en la Sala Penal del TPP de Ciego de Ávila, pero de esos años no existen denuncias en su contra por hechos de corrupción.

Mientras presidía el Tribunal de Isla de la Juventud, la magistrada le asignó la plaza de secretario judicial suplente del Consejo de Gobierno a un ciudadano que nunca se desempeñó en ese puesto de trabajo, pese a que cobró el salario durante un periodo de tiempo.

El hombre, en realidad, era un chapista y mecánico particular, y contratarlo como secretario judicial fue el mecanismo utilizado por Correa Lorenzo para pagarle por la reparación del carro de su padre, sin usar dinero de su bolsillo.

Ese acto constituye un delito de falsificación de documentos bancarios, en este caso una nómina, como medio para cometer malversación. Se trata de un delito grave que en Cuba puede ser sancionado con penas de cárcel de hasta ocho años.

Además, la jueza compró todos los componentes, piezas de repuestos y materiales de chapistería con dinero del presupuesto asignado a la unidad administrativa del Tribunal. Y forzó a la dirección de dicha unidad a realizar los ajustes necesarios en la contabilidad para encubrir el uso que hizo del dinero.

Una vez reparado el vehículo, lo vendió. Según las fuentes de DIARIO DE CUBA, la letrada no declaró la totalidad del importe de la venta para evadir el impuesto, tema que se encuentra en fase de comprobación. 

Conducta ética censurable… como mínimo

En 2015, el presidente del TSP de Cuba, Rubén Remigio Ferro, nombró a Correa Lorenzo vicepresidenta del TPP de Cienfuegos y un año después, la designó presidenta, sin tener en cuenta para el cargo a jueces destacados de la provincia.

Las mencionadas fuentes del Sistema de Atención a la Población del TSP aseguran que para entonces Remigio Ferro estaba al tanto de los actos ocurridos en Isla de la Juventud, pues había sido informado por el sistema de auditoría interna y el de control de cuadros del Ministerio del Interior.

En 2017, siendo ya presidenta del Tribunal Provincial de Cienfuegos, Correa Lorenzo comenzó a asignar combustible de la tarjeta de Mairobys Sarduy Alejo, entonces presidenta del Tribunal de Cumanayagua, para el vehículo particular del ciudadano René Castillo Peña. Este extinguía una sanción en libertad condicional, estaba controlado por el juez de ejecución y era un sancionado contratado por la Empresa Constructora ECOA No. 37 para el enchape de partes de la que sería la vivienda de la presidenta en la provincia.

Castillo Peña se movía con Sarduy Alejo en el vehículo que esta tenía asignado por el Tribunal o en el suyo propio en fines particulares, con el combustible destinado al trabajo del tribunal.

Mientras se encontraba en libertad condicional y era controlado por el juez de ejecución del Tribunal Municipal de Cienfuegos, Castillo Peña afirmaba que, en caso de cometer otro delito, no temía la revocación de la sanción y ser reenviado a la cárcel, pues se sentía protegido por la presidenta del Tribunal Provincial.

La estrecha relación de Correa Lorenzo con un convicto y la entrega a este de combustible asignado por el Tribunal constituía, como mínimo, otra conducta ética censurable por la que la jueza no sufrió consecuencias. Sarduy Alejo, cuya tarjeta se usaba para proporcionar combustible a Castillo Peña, es actualmente la presidenta del Tribunal Provincial de Cienfuegos. 

Presunto desvío de combustible y falsificación

La magistrada Tania Correa Lorenzo hizo una peculiar selección de amistades, mientras presidia el Tribunal de Cienfuegos. Entre estas destacaba Yuniesky Zúñiga Maceira, quien comenzó siendo su chofer y terminó siendo su "hombre de confianza", según las fuentes del Sistema de Atención a la Población del TSP conforme aparece en los escritos de denuncia.

Este individuo, tan confiable para Correa Lorenzo, vendía el combustible que tenía asignado para el vehículo, que además alquilaba a particulares, según información que recibió el jefe de la Policía en Cienfuegos, el teniente coronel Jorge Félix, quien alertó a la presidenta del Tribunal en marzo de 2018 sobre esta práctica y comentarios, de acuerdo con las fuentes.

Siete meses después, oficiales del Grupo 24 del sistema de Órganos de Inteligencia del Ministerio del Interior (MININT), conocido como Departamento de Información y Control de Cuadros y Directivos del Estado o Departamento XXIV, subordinado entonces a Alejandro Castro Espín, revelaron a la alta dirección del TSP documentos que contenían declaraciones de acusados de tráfico de drogas que involucraban a Zúñiga Maceira en estos ilícitos.

Los presuntos traficantes aseguraban "haber alquilado al referido chófer Yuniesky para viajes dentro de la provincia de Cienfuegos, con destino a Aguada y Potrerillo, en actos desconocidos hasta el presente, por un precio oscilante entre 13 y 15 CUC en más de una ocasión…".

Los acusados decían que en esos viajes se habían sentido seguros "por moverse en vehículo oficial asignado a Tania Correa".

A inicios de abril de 2019, Marisela Sosa (actual vicepresidenta del Tribunal Supremo y exvicepresidenta del propio Tribunal Provincial de Cienfuegos) y Joselin Sánchez Hidalgo (director de Supervisión y Atención a la Población del TSP) se vieron obligados a investigar una denuncia contra Correa Lorenzo y su chofer por la presunta venta de combustible y el presunto alquiler del auto oficial.

Las fuentes de DIARIO DE CUBA inicios de mayo de 2019, ambos comisionados informaron a los miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial de Cienfuegos, con la presencia de Remigio Ferro, que Correa Lorenzo hacía un mal manejo del combustible asignado.

Sin embargo, solo se le reprochó que sus actos conspiraban contra el buen funcionamiento de la actividad judicial, en medio de la crisis de combustible que afectaba al país. Aunque los jueces se veían obligados a trasladarse a pie o como pudieran en la celebración de actos judiciales señalados fuera de las sedes de los tribunales, no se acusó a la presidenta del Tribunal Provincial de desfalco ni de desvío de recursos por dicha comisión.

Paradójicamente, las fuentes de DIARIO DE CUBA aseguran que mientras ejercía el cargo en Cienfuegos, la magistrada ordenaba imponer penas de cárcel a los acusados de sustracción de recursos económicos, financieros y desvío de combustible, obedeciendo a una instructiva de política penal y penitenciaria aprobada por Remigio Ferro y el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo.

En junio de 2019, el Comité de Prevención y Control del Tribunal Provincial determinó que el vehículo asignado a la magistrada gastaba hasta tres veces más de lo que debía consumir mensualmente y que ella, junto a parte de su dirección administrativa, falsificaba documentos para asignar combustible a todos los vehículos que estaban rotos.

Al mes siguiente, viéndose acorralada, Correa Lorenzo habría ido aún más lejos y elaborado un informe falso que presentó al mencionado Comité. Con la ayuda de la directora administrativa del Tribunal Provincial, Edileydis Madrazo (quien aún ocupa el cargo) habría reajustado la distribución y recarga de combustible a tarjetas asignadas a vehículos que no estaban en circulación. Esto creó dudas sobre las evidencias halladas contra la presidenta del Tribunal.

Una nueva presunta falsificación

En octubre de 2019, Tania Correa Lorenzo habría reelaborado el contrato sobre su vivienda en Isla de la Juventud con una fecha anterior a la de su entrada en ese inmueble. El objetivo era demostrar que había residido en viviendas vinculadas al sistema judicial por más de diez años y que, por tanto, cumplía el requisito para que Remigio Ferro, amparado por las facultades que otorga el Ministerio de la Construcción a los jefes de organismos, dictara una resolución otorgándole la propiedad de la casa que ocupaba en Cienfuegos.

Tras obtener un compromiso verbal por parte del presidente del TSP, la magistrada solicitó a la secretaria de Gobierno y a la presidenta del Tribunal Especial de Isla de la Juventud acuñar todas las hojas del documento reelaborado y presentado como auténtico. También obtuvo la firma de la anterior presidenta del TPP de Cienfuegos.

Sin embargo, la aprobación de la entrega de la vivienda no llegó a concretarse porque las acusaciones de corrupción en su contra llegaron a oídos de José Ramón  Machado Ventura, entonces segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC),quien pidió cuentas a Remigio Ferro y le reprochó su permisividad.

Crimen y ¿castigo?

En febrero de 2020, Remigio Ferro se vio obligado a crear una nueva comisión de investigación para este caso, conformada por los nuevos vicepresidentes del Supremo, Yamil Rodríguez Tamayo y Farah Maritza, a quienes acompañó la entonces jurídica del órgano.

Estos se presentaron por sorpresa en el TPP de Cienfuegos y comprobaron la falsedad de los distintos documentos elaborados y presentados por Correa Lorenzo. Sin embargo, ella no fue instruida de cargos criminales por malversación, falsificación ni otros delitos, inmediatamente… ni después. En marzo de 2020, Remigio Ferro le pidió que presentara su solicitud de baja, pero la letrada ha permanecido tranquilamente en libertad durante estos cuatro años, sin responder ante la Justicia.

En vez de ordenarle abandonar la vivienda del Tribunal Provincial, Remigio Ferro dejó que Correa Lorenzo la ocupara hasta 2021. Fue entonces cuando se le hizo mudarse a otra casa… que también pertenece al órgano provincial. Hasta la fecha, continúa residiendo allí, pese a que no trabaja en el sistema judicial hace más de cuatro años, mientras que otras juezas liberadas, con hijos menores y con vivienda vinculada, se han visto forzadas a entregarla con inmediatez.