Si los cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11J y sus familiares hubiesen visto con antelación el video revelado en mayo por DIARIO DE CUBA, sobre cómo se pacta la Justicia en el país, no habrían albergado la menor esperanza respecto a los juicios realizados a los manifestantes.
Ese video, en el que se ve al presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, afirmar sin pudor que en Cuba los jueces son "de la Revolución y del Partido (Comunista de Cuba)", es analizado por los juristas Julio Fernández Estrada y Eloy Viera Cañive en esta emisión del programa de debate Los Puntos a las Íes, conducido por la periodista Wendy Lezcano y el ex juez y asesor jurídico de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez.
Lo que muestra el material grabado en 2018, la subordinación de los órganos de justicia al poder y la ideología en Cuba, resulta insólito en cualquier país donde exista división de poderes e independencia judicial, como reconoce el propio Remigio Ferro y explica Fernández Estrada, profesor en la Universidad de La Habana hasta su expulsión en 2016.
"La independencia judicial es básica para el funcionamiento del Estado de Derecho", enfatiza Fernández Estrada, por lo que en un país donde se le dé importancia a ese principio y exista, además, división de poderes, sería "muy extraño" que "los jueces se pongan de acuerdo con otras instituciones relacionadas con la administración de justicia de alguna forma, y con organizaciones e instituciones eminentemente políticas, y se pongan además al servicio de un partido único o de una idea de proyecto sociopolítico con bases ideológicas fuertes".
El verdadero Rubén Remigio Ferro y el que se vende al mundo
Viera Cañive, quien en Cuba se desempeñó como abogado y es el asesor jurídico de la revista independiente El Toque, destaca que el video desnuda la diferencia entre "la imagen que se vende al mundo" y "cómo actúan a intramuros".
"Creo que el Rubén Remigio que estamos viendo en ese video es el Rubén Remigio real. Es el tipo que responde al Partido al que pertenece. Y, sin embargo, el Rubén Remigio que se vende al mundo es el que vimos después de las protestas del 11 de julio, en aquella conferencia con la prensa extranjera, diciendo que en Cuba sí había un Estado de Derecho, que había un debido proceso, que manifestarse no era un delito sino un derecho constitucional".
Viera Cañive resalta además la necesidad de Remigio Ferro, evidenciada en el video, "de explicarle al aparato represivo —que es el Ministerio del Interior (MININT)— cuál es el papel de los jueces: 'a mí y a mis jueces no nos juzguen; nosotros tenemos una apariencia que darle al mundo y otra cosa que, en el fondo, nosotros lo cocinamos y nuestros problemas se resuelven aquí en petit comité y no pasa absolutamente nada'", querría decir la actuación del presidente del TSP.
Para Viera Cañive, el hecho de que Remigio Ferro necesite rendir cuentas al MININT refleja que "no hay administración de la Justicia en Cuba" y otra prueba es que "Rubén Remigio reconoce que existe un debido proceso, estándares internacionales, una teoría que dice que el Derecho Penal tiene que ser garantista, porque el Estado tiene un poder tal, que el que necesita defenderse es el ciudadano, que es el más desvalido".
Sin embargo, el presidente del TSP prefiere que los acusados cuenten con la menor cantidad posible de garantías lo que evidencia al afirmar que los abogados acompañando a los ciudadanos desde el inicio de un proceso judicial son como "perros metidos en el tabaco" y al sostener que, pese a los estándares internacionales, en el país hay que administrar la Justicia "a la cubana".
Un sistema diseñado para condenar y no para impartir justicia
Viera Cañive, quien trabajó siete años en la Organización de Bufetes Colectivos (ONBC), a la que deben pertenecer los abogados en Cuba para ejercer, llama también la atención sobre un hecho significativo: "Yo sé que mis compañeros ya han visto este video y de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos no se ha escuchado absolutamente nada", lo que considera "un síntoma clarísimo de cuán jodido que está todo el sistema cubano".
La ONBC es "teóricamente" una organización independiente, que representa a los abogados cubanos. Fernández Estrada señala además que, "técnicamente, es una ONG en Cuba". Sin embargo, como alerta Viera Cañive, la organización no ha reaccionado a un video en el que el presidente del TSP llama "perros en el tabaco" a los abogados y habla de su trabajo como un mal que se debe tolerar, además de admitir la parcialidad y complicidad de los jueces con los fiscales para mantener las absoluciones en porcientos mínimos —algo que celebra Remigio Ferro—, mediante las devoluciones de expedientes a los encargados del proceso de instrucción con los señalamientos de las pruebas que deben buscar para que los jueces puedan condenar a los acusados.
González Jiménez corrobora que en el sistema judicial cubano es más importante condenar que impartir justicia, al relatar que cuando era juez en Cuba nunca tuvo que justificar la imposición de cadenas perpetuas a asesinos. "Ese tipo de decisión extrema nunca tuve que explicarla en los resúmenes mensuales", dice Gonzáles Jiménez. "Sin embargo, sí tenía que explicar un absuelto en (un caso de) especulación y acaparamiento".
La falta de impacto del video refleja la naturalización del oprobio en Cuba
Fernández Estrada, quien afirma que vio el video "como ciudadano" y "como profesor", y que ha enseñado a muchas generaciones de alumnos que hoy son abogados, jueces o fiscales, se pregunta "cómo se puede enfrentar éticamente a un estudiantado después de ver eso".
"Ninguna persona seria, decente, profesional, con la ideología que sea, puede decir que este video es una cosita que se filtró. No es una cosita que se filtró. Es un video histórico que demuestra que no hay justicia independiente en Cuba, por tanto, no hay Justicia, no hay Estado de Derecho. Es imposible que exista después de ver esto que, además, no es una cosa extraordinaria. Es el día a día de la administración de la Justicia en Cuba", sostiene.
El académico opina de manera contundente que, al día siguiente de divulgarse el video, debieron pedir la baja en sus centros de trabajo todos los jueces, fiscales, abogados y profesores de la carrera de Derecho.
"Este video es un bofetón a la Justicia, al orden, a la legalidad, a la transparencia y a cualquier certidumbre de que Cuba es un país serio", sentencia. "El hecho de que no haya sido de un gran impacto es por la incultura jurídica del pueblo cubano, el desconocimiento del funcionamiento del Estado, y la insensibilidad y naturalización del oprobio en el país".
