'Justicia a la cubana': la confabulación entre el Tribunal Supremo, la Fiscalía y el MININT

Si quedaban dudas sobre la subordinación de quienes deben impartir justicia en Cuba —y por tanto ser imparciales— al régimen, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, las despeja en el video revelado por DIARIO DE CUBA bajo el título Así se pacta la justicia en Cuba.

El material muestra una reunión encabezada por el presidente del TSP, en la que participan la fiscal general Yamila Peña Ojeda, y la vicepresidenta del TSP, Marisela Sosa Ravelo. También están presentes el presidente de la sala penal del TSP, el presidente de la sala de los delitos contra la seguridad del Estado y todos los jefes, a nivel nacional y provincial, de la Dirección General de Instrucción Criminal y de Operaciones del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba.

Aunque se trata de un video de noviembre de 2018, los juicios contra los manifestantes del 11J y las palabras del magistrado al hablar del "contexto actual y perspectivo" demuestran que la realidad en 2018 era la que se aprecia en el audiovisual y que nada había cambiado en 2021, dos años después de la entrada en vigor de la Constitución aprobada en 2019, ni en 2022, cuando continúan los juicios y condenas contra los cubanos que se atrevieron a exigir cambios y el fin del comunismo en julio de 2021.

Remigio Ferro lo deja claro al afirmar que los jueces en Cuba "son los jueces de la Revolución y del Partido". El propio presidente del TSP reconoce que una reunión como la que vemos en el video, "es impensable" en otro país. 

En los países democráticos, donde existe una separación de poderes y donde los acusados tienen derecho a un juicio justo, donde los jueces tienen el deber de recusarse si, por alguna razón, tienen un conflicto de intereses que afecte su imparcialidad en determinado proceso judicial, no tienen lugar reuniones en las que el presidente del tribunal acuerde con la parte acusadora, a espaldas de los abogados defensores, cómo trabajar. 

Por otra parte, el presidente del TSP olvidó el Artículo 57 de la Constitución, que establece que "la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye".

El pueblo de Cuba no es el Partido Comunista de Cuba (PCC). De hecho, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente que de los poco más de 10 millones de habitantes que tienen la Isla, solo poco más de un millón, contando con la cantera de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) —aunque no todos los miembros de la UJC desean luego integrar las filas del Partido— pertenece al PCC. 

Por tanto, los jueces en Cuba apenas responden a un 10% de la población, el 10% que pertenece al Partido. Y, como han demostrado las desproporcionadas peticiones fiscales y las condenas contra los manifestantes del 11J, quienes se oponen al Partido y a la Revolución a que pertenecen los jueces, no reciben justicia. Esto contradice al propio Remigio Ferro, quien, tras las protestas, afirmó que manifestarse, e incluso la libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, no constituían delito. Según sus propias palabras, manifestarse era "un derecho constitucional de las personas".

Pero los derechos constitucionales en Cuba tienen límites, como evidencia el nuevo Código Penal, que convierte en delito el "uso excesivo de los derechos constitucionales". El límite para el ejercicio de estos derechos no lo establecen la libertad ni los derechos de los demás ciudadanos, sino los intereses del Partido al que, reconoce Rubén Remigio Ferro, se deben los jueces en Cuba.

Hay que tener en cuenta además que este video, grabado con el conocimiento de los presentes para que circulara solo entre presidentes y vicepresidentes de los tribunales provinciales cubanos, corresponde a un momento en que se promovía la aprobación de Constitución que reemplazaría la de 1976. 

La Carta Magna aprobada en 2019, en el papel y según la publicitan el régimen cubano y el propio presidente del TSP, es más garantista en materia de derechos que la anterior. Pero para Remigio Ferro estas garantías constituyen un problema, como lo es también el hecho de que los acusados en un proceso puedan contar desde el principio con un abogado defensor.

El magistrado se refiere a los abogados de la defensa como "perros metidos en el tabaco", una posición que contradice con la imparcialidad que deberían mostrar los jueces y, principalmente él, como presidente del TSP y de su Consejo de Gobierno.

Que los oficiales de la Policía y la Seguridad del Estado consideren un problema la presencia de abogados desde el principio del proceso es comprensible, pero no que esa sea la visión de quien debe velar porque prevalezca la justicia, la igualdad absoluta entre las partes y el respeto al debido proceso. 

La connivencia entre el presidente del TSP, la Fiscalía y el MININT contra abogados y acusados (nótese que no hay ni siquiera abogados de la estatal Organización de Bufetes Colectivos en la reunión) queda completamente al desnudo cuando Remigio Ferro aborda el tema de las devoluciones de los expedientes a la parte acusadora, que suelen disgustar a fiscales e instructores.

Sin embargo, al devolver los expedientes, los tribunales dan "una señal", como explica el presidente del TSP, para que la parte acusadora corrija deficiencias y debilidades en las pruebas, que obligarían al juez a absolver al acusado. 

Remigio Ferro explica que si hay menos devoluciones habrá más absoluciones (que en Cuba solo constituyen entre el 6% y el 8% de los casos procesados, lo que él considera un buen resultado).

Sus palabras textuales son "nosotros pudiéramos quitarles el estrés de las devoluciones (…), pero ustedes van a ver cómo va a subir ese indicador de las absoluciones".

El presidente del TSP admite que en la teoría del derecho penal se dice que no es correcto que el tribunal devuelva el expediente, porque ello significa que este compromete su imparcialidad y que esto es una "teoría universal que dan en las universidades". Pero estas teorías universales no cuentan en Cuba, donde se imparte la justicia "a la cubana", de acuerdo al magistrado.

Aunque en la reunión se habla de delitos comunes y no se hace alusión a procesos contra ciudadanos por oponerse al régimen —que por otra parte no se reconocen en el país, donde a opositores y activistas se les encarcela por supuestos delitos comunes— es fácil deducir qué pueden esperar de la justicia quienes se manifiestan abiertamente contra el Gobierno y el PCC.

La intervención del presidente del TSP en esta reunión de 2018 corrobora las declaraciones que ofreció el ex fiscal exiliado Raucel Ocaña Parada, de Palma Soriano en Santiago de Cuba, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), a principios de mayo de 2022.

Ocaña Parada denunció que en los juicios contra manifestantes del 11J influenciaron "órganos, instituciones que responden a los intereses del Estado, del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba" y que era "interés del Gobierno, el Estado y el Partido", que se sancionara con la mayor severidad posible, "sin ningún tipo de benevolencia".