El campesino habanero Jesús Laborit afirma que sus quejas ante las autoridades para detener esa venta no han prosperado.
¿Cuántas sanciones por delitos de violación, abusos lascivos, acoso, lesiones o amenazas ha dictado? ¿Cuál es la dimensión real de la violencia de género en Cuba?
'Sudáfrica se encuentra en una crisis de energía, de desempleo, de corrupción y de crecimiento económico', argumenta la organización que se opone al donativo.
El jurista pide la recusación de un juez de esa instancia y expone el estado de indefensión en que se encuentra.
Una nota señala que 'se impusieron a todos los responsables sanciones de privación de libertad por encima de los 25 años y, en algunos casos, privación perpetua de libertad'.
No obstante, la Seguridad del Estado le dijo al abogado que la prohibición de salida se mantendría, sin importar sus demandas.
La institución afirma que su decisión 'evidencia la voluntad del Estado cubano de garantizar la protección y atención legal' de las mujeres.
La organización contra la violencia sexual más grande de EEUU, RAINN, afirma que el caso 'demuestra que todos los perpetradores, sin importar cuán poderosos sean, pueden rendir cuentas y lo harán'.
Él y otros tres miembros del grupo ultraderechista podrían afrontar una pena de hasta 20 años de prisión solo por ese delito.
La española comunista y defensora del régimen se encontraría en Cuba, pero podría ser procesada en ausencia.
Alega daños ambientales en su traslado y descarga en ese país, algo denunciado por grupos ambientalistas.
El abogado presentó 'un certificado de lesiones' que 'evidencia traumas físicos ocasionados por agresiones y golpes' a la presa política y mujer trans.
Si la demanda procede, esta sería la primera vez que la inteligencia artificial enfrente públicamente una acción legal en su contra.
En declaraciones exclusivas para DIARIO DE CUBA, el fondo de inversión llama a no 'presentar apelaciones sin sentido en la Corte', como dice que hará La Habana.
El Gobierno cubano se ha quedado prácticamente sin líneas de créditos, reconoce una deuda de 20.000 millones y hasta sus aliados suspenden la inversión en la Isla.
El ministro de Justicia de la Isla asegura que La Habana 'continuará defendiendo la verdad: CRF no es acreedor legítimo de ninguna de sus instituciones'.
De conjunto, los cargos conllevan una sentencia máxima de 136 años de prisión, según la ley de Nueva York.
'Deberían tomar nota en lo adelante quienes invierten en Cuba con la promesa de que algún día les van a pagar', dice el economista Emilio Morales.
El grupo inversor vuelve a plantear la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno cubano para renegociar la deuda.
La jueza Sara Cockerill notificó a los abogados de las partes la sentencia: CRF I Limited no es acreedor del Estado cubano.
