El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, una de las figuras clave en la acusación estadounidense contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, renunció este viernes sin explicar los motivos, informó EFE.
"Presenté mi renuncia al presidente como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, efectiva a partir de hoy", escribió en X. El funcionario agradeció su nombramiento a Donald Trump y calificó el desempeño del cargo como "un privilegio único en la vida".
Quiñones supervisó la acusación contra Castro y otros militares cubanos presuntamente implicados en el ataque de 1996, en el que murieron cuatro integrantes de Hermanos al Rescate: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal en EEUU, todos de origen cubano.
La acusación fue presentada públicamente en mayo en la Torre de la Libertad de Miami, ante cientos de personas que celebraron la medida. Castro, de 95 años, permanece en Cuba.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, agradeció el servicio de Quiñones y destacó su actuación contra el crimen violento, el narcotráfico, el tráfico sexual y el crimen transnacional, "incluida la acusación contra Raúl Castro".
Según EFE, el fiscal saliente también dirigía una investigación sobre una supuesta conspiración de rivales políticos de Trump para impedir su llegada al poder mediante investigaciones penales y de inteligencia. Varios fiscales abandonaron esa causa semanas atrás por discrepancias internas. Las indagaciones no habían registrado avances significativos, pero el despacho no establece una relación entre esas dificultades y la dimisión.
La salida de Quiñones ocurre después de que, en octubre, la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, firmara una orden de arresto contra Castro, publicó DIARIO DE CUBA entonces.
La Habana respondió desacreditando la actuación judicial. Bruno Rodríguez la calificó de "nueva maniobra estéril", mientras Miguel Díaz-Canel sostuvo que no tenía ni tendría "el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico".
En una comparecencia junto a Quiñones, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, defendió las consecuencias de la orden: si Castro viajara a un país con acuerdos de extradición con EEUU, podría terminar ante la justicia estadounidense. "Lo que ocurrió no fue un accidente, fue un asesinato", afirmó.
El derribo también motivó una denuncia de Cuba Demanda ante el Tribunal Supremo Popular de Cuba el 26 de julio de 2026. Según explicó su director, Santiago Alpízar, a DIARIO DE CUBA, esa denuncia y las presentadas ese año contra Díaz-Canel y Manuel Marrero no habían recibido respuesta cuando este diario publicó el reporte, el 5 de octubre.
