¿Tiene sentido denunciar ante los tribunales cubanos a dirigentes del régimen aunque todo indique que esas acciones serán desestimadas? ¿Qué utilidad pueden tener esas denuncias para la sociedad civil si no conducen a una investigación? Esas son algunas de las preguntas que plantea la decisión de la organización sin ánimo de lucro Cuba Demanda, que en julio presentó denuncias penales ante el Tribunal Supremo Popular (TSP) contra Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.
La denuncia contra Díaz-Canel se basa en su llamado a reprimir a los cubanos que salieron a las calles a exigir pacíficamente libertad y el fin del comunismo el 11 de julio de 2021.
"La orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios", fueron las palabras con las que el gobernante desencadenó y legitimó las acciones violentas de las que fueron víctimas cientos de manifestantes.
Delitos contra los derechos de los cubanos
Por esa orden, Cuba Demanda denunció a Díaz-Canel por un delito contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición. El Artículo 385.1.b del Código Penal prevé de seis meses a un año de privación de libertad, o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas, para quien "impida la celebración de una reunión o manifestación con fines lícitos y pacíficos o que una persona concurra a ella".
El Artículo 385.2 eleva la pena a seis meses a dos años de privación de libertad, o multa de doscientas a quinientas cuotas, o ambas, "cuando el delito lo comete un funcionario público con abuso de su cargo".
Los otras razones relacionados con las protestas del 11J por las que la organización denunció a Díaz-Canel fueron delitos contra el derecho de igualdad, propagación de epidemias y desórdenes públicos.
Asimismo, por delitos que incluyen malversación, lavado de activos y abandono de personas en situación de vulnerabilidad por discapacidad, minoría de edad, adultez mayor o desvalidas. Por estos también denunció al primer ministro, Manuel Marrero Cruz.
La denuncia fue presentada en fecha tan simbólica como el 11 de julio de 2026, al cumplirse cinco años de las históricas protestas nacionales.
No obstante, el director de Cuba Demanda, Santiago Alpízar, subraya en declaraciones a DIARIO DE CUBA que la organización "denunció y demandó a la dictadura desde el 12 de julio de 2021, pidiendo, de manera soberana y solidaria, la salida de la dictadura, dado el estado de desastre y emergencia en que Cuba se encuentra desde entonces".
En otra fecha simbólica, el 26 de julio de 2026, día en que el régimen conmemoró el aniversario 73 de los fallidos asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Cuba Demanda denunció a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización del exilio Hermanos al Rescate.
A bordo de las aeronaves abatidas viajaban tres ciudadanos de Estados Unidos y un residente legal en ese país, todos de origen cubano, que perdieron la vida.
Por la demanda de julio de 2021, el máximo órgano judicial de Cuba respondió a la organización, aunque desestimó la denuncia. Ninguna de las denuncias penales presentadas en 2026 ha recibido respuesta, lo que ha sido puesto en conocimiento de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU.
"Dada la falta de justicia en Cuba, luego de agotar la vía judicial en Cuba, hay que presentar ante las autoridades norteamericanas esas denuncias no respondidas o atendidas para activar los mecanismos de solidaridad contenidos en Ley para la Libertad y Solidaridad con Cuba, más conocida como ley Helms Burton", explica Alpízar.
"Cuba Demanda siempre reproduce cada petición, reclamo o denuncia hecha en Cuba ante la OEA (Organización de Estados Americanos), el Departamento de Estado de EEUU y la Unión Europea, donde estamos registrados como lobistas ante el Parlamento Europeo. También ante el Vaticano y el Gobierno de España", añade.
Las denuncias de Cuba Demanda no son las únicas ni las primeras de la sociedad civil cubana contra Díaz-Canel.
En diciembre 2020, el abogado del grupo de asesoría jurídica Cubalex Julio Ferrer Tamayo denunció al gobernante ante la Fiscalía General de la República por propagación de epidemias. Días antes, el gobernante se había quitado el nasobuco durante una concentración en el Parque Trillo, de La Habana.
Durante meses, decenas de cubanos habían sido multados por no llevar nasobucos, a pesar de que esos medios de protección nunca fueron distribuidos en la red de farmacias estatales.
La Fiscalía no pudo negar los hechos por los que fue denunciado Díaz-Canel, pues las imágenes habían sido ampliamente difundidas. Pero consideró que no había delito.
Denunciar a las figuras del régimen cubano, independientemente del resultado
¿Significa lo anterior que es inútil denunciar a los funcionarios del castrismo, sobre todo dentro de Cuba?
Pese a considerar que, desde el punto de vista práctico, esas acciones no son viables, el experto en temas legales de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez opina que las denuncias tienen relevancia y la sociedad civil no debe renunciar a presentarlas, independientemente del resultado.
"Dentro de la Isla la tendencia es a desestimar cualquier acción, más aún cuando es presentada por una organización con sede en el exterior que no es reconocida como legítima por el Gobierno de Cuba", señala el jurista.
"Pueden alegarse cuestiones jurídicas, como que una organización radicada en el exterior no tiene legitimación dentro de la Isla", explica González Jiménez.
"Yo soy de criterio de que sí puede denunciar, porque la propia Ley de Proceso Penal dice que cualquier persona, cuando tenga conocimiento de indicios de que se ha cometido un delito, tiene el deber de poner los asuntos en conocimiento de las autoridades correspondientes", aclara.
"En este caso, aunque la sala del Tribunal Supremo no se dedique a investigar, sí tiene obligación de recibir el escrito y, al menos, trasladar la documentación a la Fiscalía General de la República para que decida si en la denuncia ciertamente hay indicios de delito y se puede investigar a las personas denunciadas".
"¿Qué pasa con las personas que forman parte del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y tienen unos cargos relevantes en el país? La propia Ley de Proceso Penal también establece que contra esas personas tanto el Buró Político como la Asamblea Nacional del Poder Popular tendrían que autorizar que se radique la denuncia. Hay un requisito previo de procedibilidad también que darse para que eso prospere la denuncia", advierte el experto, que acumuló más de 15 años de experiencia en el sistema judicial cubano.
Aunque lo anterior apunta a que ni Díaz-Canel ni Raúl Castro serán investigados, González Jiménez considera que las denuncias de Cuba Demanda son útiles porque refrescan la memoria sobre la responsabilidad del gobernante en la violencia desatada durante las protestas del 11J.
"También tiene una utilidad de documentación. El día de mañana no se podrá decir que la sociedad civil no hizo nada. La sociedad civil denunció y puso el asunto en manos de los tribunales", señala.
"La pregunta será si los tribunales, por ejemplo, dieron cuenta o no dieron cuenta a la Fiscalía General. Si la Fiscalía General decide no valorar el asunto y la Asamblea Nacional y el Buró Político optan por no valorarlo, habrá unas responsabilidades por omisión el día mañana", concluye.