La Fiscalía municipal de Bayamo solicita penas de hasta cinco años de prisión para nueve ciudadanos procesados por participar en la protesta del 23 de mayo de 2025, en la que los asistentes exigieron comida, electricidad y agua, informó Martí Noticias, que tuvo acceso a las conclusiones provisionales.
Casi un año y medio después de los hechos, la acusación abre paso a la solicitud de juicio oral por presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia. Las peticiones fiscales no constituyen una sentencia.
La mayor petición corresponde a Pedro Luis Zamora Isac: cinco años de privación de libertad por desórdenes públicos. Para Alexander Guzmán Silva, la Fiscalía pide cuatro años por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir; para Ever Ernesto Pérez Aliaga, tres años por desacato y desórdenes públicos.
Según el relato fiscal, unas 120 personas se concentraron cerca de la intersección de la avenida Vicente Quesada y la calle 22. Los participantes hicieron sonar cazuelas, calderos y otros objetos metálicos, mientras coreaban "queremos comida, corriente y agua".
La Fiscalía sostiene que también hubo expresiones ofensivas contra el gobernante y otros dirigentes históricos. Alega que algunos manifestantes lanzaron botellas y piedras contra agentes del Ministerio del Interior, aunque reconoce que estos no resultaron lesionados.
Ernesto Pérez Aliaga, padre de Ever, rechazó la acusación de desacato contra su hijo. "No le faltó respeto a nadie", declaró al medio estadounidense, al defender el carácter pacífico de su manifestación.
También están acusados Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera. La publicación no precisa las penas solicitadas para ellos.
A Arael Rodríguez Escalante, la Fiscalía le atribuye haber incitado contra la Policía mediante gritos y expresiones hostiles. Su madre, Rosa Escalante, cuestionó el proceso: "Les están pidiendo años por exigirle al gobierno derechos básicos como el acceso al agua, alimentos y la electricidad".
El caso suma otro proceso penal contra ciudadanos que salieron a reclamar servicios básicos en Bayamo. Como recogió DIARIO DE CUBA, otros 15 cubanos fueron juzgados en septiembre de 2025 por manifestarse el 17 de marzo de 2024 contra los apagones y la escasez de alimentos y servicios.
Las protestas por necesidades básicas continuaron en octubre de 2026. El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó 24 protestas presenciales, entre ellas cacerolazos por los apagones en Cabañas, Santa Rita y La Habana. En Mayarí, Holguín, una protesta de mujeres que bloquearon un puente consiguió, según los reportes la prensa citados por el Observatorio, el restablecimiento de la electricidad y la entrega de arroz.
El informe mensual del OCC enviado a DIARIO DE CUBA recogió 542 protestas, denuncias y expresiones críticas, así como 85 eventos de actos represivos dentro de ese registro. La organización advirtió que la disminución respecto a los 663 eventos de septiembre no equivale a una mejoría de las condiciones de vida: los apagones, la falta de agua y las carencias de atención médica siguieron golpeando a la población.
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