La Fiscalía de Ciego de Ávila solicita penas de hasta 13 años de cárcel para los participantes en las protestas del 13 de marzo en Morón, entre ellos varios menores de edad procesados por sedición y otros delitos, según denuncias de sus familiares recogidas por Martí Noticias.
En la causa penal hay 19 imputados. Para los adultos, entre ellos Brian Pérez Muñoz, de 28 años, el aparato de justicia del régimen pide 12 años de prisión, mientras que para los menores solicita siete años, salvo en el caso de Christian de Jesús Crespo, de 17 años, para quien reclama ocho.
Las peticiones fiscales se conocen en medio de las denuncias de los familiares sobre la falta de pruebas contra los acusados, la negativa de las autoridades a modificar las medidas cautelares y la aplicación del delito de sedición, una figura penal que permite imponer largas condenas por hechos ocurridos durante protestas.
Dayarmé Muñoz, madre de Brian Pérez Muñoz, denunció el rigor de la petición fiscal contra su hijo, detenido desde el día de las manifestaciones y trasladado un mes después a la prisión de máxima severidad de Canaleta, donde permanece en prisión provisional.
"Ha sido muy injusta la petición de mi hijo. Le están imponiendo sedición, y a mi hijo ni se le probó sabotaje", afirmó. Según su relato, el joven llegó a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) cuando ya se habían producido los incidentes y se sumó a la protesta, pero no se le ha demostrado que prendiera fuego o lanzara piedras.
Muñoz aseguró que lleva siete meses reclamando cambios en la situación procesal de su hijo, sin que hayan prosperado cuatro solicitudes de modificación de medida y una queja.
Ocho años de cárcel para un adolescente
Christian de Jesús Crespo, de 17 años, se enfrenta a una petición de ocho años de prisión. Su madre, Marielkis Álvarez, cuestionó las pruebas presentadas por la acusación y negó que su hijo irrumpiera en la sede municipal del PCC.
Según declaró, las autoridades le realizaron pruebas de olor, huellas dactilares y huellas de calzado, todas con resultados negativos. La madre sostiene que la acusación se apoya en un video en el que no se distingue el rostro de la persona identificada por los investigadores como su hijo.
Otro de los menores procesados es Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, para quien la Fiscalía pide siete años de privación de libertad. El adolescente permanece bajo régimen de prisión domiciliaria.
Los familiares aseguran que las autoridades todavía no les han entregado el documento oficial de acusación. La falta de acceso a ese expediente, sumada al temor de los allegados, ha impedido que se conozcan públicamente los nombres de los 19 procesados y los detalles completos de los cargos formulados contra cada uno.
Las familias reclaman la nulidad de las acusaciones por sedición y sostienen que los participantes salieron a expresar sus demandas. Sus denuncias ponen el foco en la proporcionalidad de las penas solicitadas y en las garantías del proceso penal.
La sedición, una figura utilizada contra manifestantes
La aplicación de este delito tiene antecedentes en los procesos judiciales contra los participantes en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). En un análisis publicado en DIARIO DE CUBA, Lucía Alfonso Mirabal advirtió que la sedición se había convertido en una herramienta para imponer largas condenas a manifestantes, incluso en casos en los que no se hubiera recurrido a las armas ni ejercido violencia.
El experto legal de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez explica que el artículo 121 del Código Penal cubano (Ley 151/2022) tipifica la sedición como una actuación tumultuaria, con acuerdo expreso o tácito entre sus participantes, que perturba el orden constitucional socialista o los procesos electorales, impide cumplir decisiones judiciales o disposiciones de las autoridades, o implica desobediencia, exigencias o resistencia al cumplimiento de deberes.
Esta figura prevé penas de tres a ocho años, de diez a 20 años y, en los supuestos más graves, de 10 a 30 años, prisión perpetua o muerte. "Tiene que haber una intención de sedición; la protesta sin una intencionalidad de cometer ese delito nunca pudiera juzgarse como sedición y eso tiene que quedar probado", considera González Jiménez.
Una protesta en medio de la crisis
Las manifestaciones de Morón ocurrieron la noche del viernes 13 de marzo, en medio de prolongados apagones y de la crisis de combustible que afectaba y sigue afectando a la Isla. Cientos de personas salieron a las calles y corearon consignas como "Libertad", "Abajo la dictadura" y "Pongan la corriente", según videos difundidos en las redes sociales.
La protesta, que comenzó de manera pacífica, derivó en incidentes en la sede municipal del PCC, donde un grupo de personas lanzó piedras contra el inmueble y prendió una hoguera en la vía pública con mobiliario y documentos sacados del edificio. También la prensa estatal reportó daños en otros establecimientos.
En las imágenes tomadas desde el lugar se observaron momentos de tensión y se escucharon detonaciones. Reportes ciudadanos denunciaron disparos y el uso de perros por parte de los agentes durante la represión. La difusión de los hechos estuvo acompañada de denuncias sobre interrupciones del acceso a internet en la localidad.
El periódico oficial Invasor calificó los incidentes de "hechos vandálicos" y los vinculó con la situación electroenergética y las dificultades de acceso a alimentos, aunque reconoció que la protesta había transcurrido inicialmente de forma pacífica.
