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Presos Políticos

Con 50 nuevos casos en un mes, Prisoners Defenders eleva a más de 1.350 los presos políticos en Cuba

El director de la ONG denuncia un ataque a su página web, tras reportar 'un nuevo récord absoluto de represión' en la Isla, en un audio enviado a DIARIO DE CUBA.

Madrid
Entrada del Combinado del Este, en La Habana.
Entrada del Combinado del Este, en La Habana. Humberto López/Facebook

La organización Prisoners Defenders documentó 50 nuevos encarcelamientos por motivos políticos en Cuba en septiembre, con los que su registro de presos políticos y de conciencia contiene ahora 1.351 personas.

En un audio compartido con DIARIO DE CUBA este jueves, el director de la ONG, Javier Larrondo, afirmó que "Cuba ha alcanzado un nuevo récord absoluto de represión" y subrayó que en la Isla "pedir agua y electricidad puede llevarte a prisión. Denunciar los abusos del gobierno puede destruir tu vida y la de tu familia". 

"Incluso, convocar una oración pública puede llevarte a prisión, ya seas sacerdote, pastor, imán o Ifá yoruba".

Como ejemplo de lo anterior, Larrondo destacó el caso de Maikel Pupo Velázquez, pastor de la Iglesia Palabra de Fuego Bendición Sagrada, quien permanece detenido desde el 26 de septiembre en la prisión Cerámica Roja, en Camagüey, tras convocar a varias iglesias a una jornada de oración pública por Cuba.

Pupo recibió amenazas y advertencias de la Policía para desalentarlo, por lo que pidió a los convocados que no asistieran al lugar que había indicado para evitar incidentes. No obstante, decidió acudir solo para realizar la oración y fue arrestado. 

"Permanece en prisión provisional y estuvo nueve días incomunicado. Está siendo procesado", señaló Larrondo.

El pastor ya había sido detenido en julio de 2025 en circunstancias relacionadas con su labor religiosa y el acompañamiento a familiares de presos políticos.

El director de Prisoners Defenders también resaltó el caso de Leandro Cristian Palmero Guevara, quien fue arrestado a los 17 años, siendo un menor de edad. La Fiscalía solicita una pena de 12 años de privación de libertad para él, a pesar de no atribuirle "un acto delictivo concreto consumado", denunció Larrondo.

El informe de la ONG también documenta el caso de la influencer Ana Sofía Benítez, conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, quienes fueron condenadas el 1 de octubre a dos años de limitación de libertad por grabar y publicar imágenes de un policía que les entregó una citación de la Seguridad del Estado.

Los 50 nuevos arrestos registrados por Prisoners Defenders incluyen el del periodista independiente Henry Constantin, quien permanece en prisión provisional acusado de presunta desobediencia, y el joven veterinario Roberto Ponce Valdespino, quien participó en una protesta por los apagones y la falta de agua.

Hasta el 30 de septiembre, la ONG registraba 50 incorporaciones a su lista de presos políticos y de conciencia y 38 bajas. En los últimos 12 meses, Prisioners Defenders ha añadido 318 casos a su registro, para un promedio de 26,5 al mes.

Entre los cubanos encarcelados por motivos políticos hay 476 con patologías médicas severas y 53 con graves problemas de salud mental, señala Prisoners Defenders.

En un segundo audio enviado a DIARIO DE CUBA, Javier Larrondo denunció que el sitio web de la ONG recibió "un ataque que lo ha dejado fuera de línea por el momento", tras publicar el informe más reciente sobre presos políticos y de conciencia en la Isla.

"Estamos trabajando para resolverlo, pero evidentemente ha sido un ataque intencionado y con el objetivo de ocultar la información que estamos sacando a la luz", añadió.

Recientemente, la periodista de DIARIO DE CUBA Lucía Alfonso Mirabal analizó los registros de presos políticos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Justicia 11J, Cubalex y Prisoners Defenders y señaló que las organizaciones utilizan distintos criterios.

"Una organización puede documentar presos políticos; otra, personas privadas de libertad por razones políticas; otra, víctimas de protestas o detenciones arbitrarias", advirtió la periodista.

Alfonso Mirabal también llamó la atención sobre las coincidencias entre los registros: "ejercicio de derechos fundamentales, protesta o expresión crítica, motivación política de la actuación estatal, utilización de figuras penales comunes y vulneraciones del debido proceso". 

"Varias metodologías tampoco exigen sentencia firme", señaló.

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