Tres casos denunciados por organizaciones de derechos humanos y medios independientes vuelven a poner el foco en la detención de ciudadanos cubanos por manifestarse contra el Gobierno o desarrollar actividades religiosas. Los afectados son el pastor pentecostal Ariel Limias, el tatuador Oscar Echevarría Rubio y su esposa, y el pastor Maikel Pupo Velázquez.
Ariel Limias continúa detenido en Villa Marista
El pastor pentecostal Ariel Limias permanece detenido en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, casi dos semanas después de ser arrestado frente al Capitolio Nacional.
Como recogió el grupo Justicia11J este miércoles, Limias se manifestó pacíficamente el 2 de octubre con carteles que decían "Abajo la dictadura" y "No más discriminación política absurda". Las autoridades pretenden imputarle un presunto delito de propaganda contra el orden constitucional.
"Según informó su esposa, durante una reciente visita Ariel se encontraba tranquilo y está comiendo. También ya cuenta con abogado y solicitó un cambio de medida cautelar, cuya respuesta continúa pendiente. Ayer pudo realizar una llamada telefónica a su hermano y tiene una nueva visita familiar prevista para este viernes", precisó el grupo de detenciones por motivos políticos.
"El ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica no debe ser criminalizado. Exigimos el respeto de sus garantías procesales, su derecho a la defensa y sus derechos fundamentales. Ariel Limias debe ser liberado", señaló el grupo.
Prisión provisional para el tatuador Oscar Echevarría y su esposa
El tatuador Oscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, están detenidos en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Sancti Spíritus, conocida como el Vivac, tras una protesta el 10 de octubre.
Echevarría subió al techo de su vivienda, en el reparto Escribano, y gritó consignas como "Abajo la dictadura", "Patria y Vida" y "Abajo el comunismo". Su sobrina, Aitana Echevarría, lo secundó durante el operativo policial, según un video difundido en Facebook por su hermana, Lidia Echevarría, y publicado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
La Fiscalía impuso prisión provisional a ambos durante la investigación penal, bajo el cargo de desacato, según informó a la familia el instructor del caso. Lidia Echevarría declaró a Martí Noticias que los dos permanecían en el Vivac y que, según la información recibida, serían trasladados a la prisión de Nieves Morejón para esperar juicio.
El periodista colaborador del ICLEP Adriano Castañeda dijo que el tatuador no pertenece a ninguna organización opositora y mantenía desde hacía tiempo una postura crítica con el Gobierno.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP calificó el arresto de arbitrario y exigió que las autoridades informen sobre la situación legal de Echevarría y lo liberen. La organización sostiene que gritar consignas desde la propia vivienda no debe acarrear consecuencias penales.
Cubalex denuncia la detención del pastor Maikel Pupo
El pastor Maikel Pupo Velázquez permanece detenido desde el 26 de septiembre en la prisión Cerámica Roja, en Camagüey, después de convocar a varias iglesias a una jornada de oración pública por Cuba, denunció la organización jurídica Cubalex.
De acuerdo con esa entidad, las autoridades le habían advertido que no acudiera al lugar previsto. Pupo pidió a los convocados que no asistieran para evitar incidentes, pero decidió presentarse solo y fue arrestado.
El pastor de la Iglesia Palabra de Fuego Bendición Sagrada ya había sido detenido en julio de 2025 en circunstancias relacionadas con su labor religiosa y el acompañamiento a familiares de presos políticos.
Cubalex sostuvo que el caso evidencia restricciones a la libertad religiosa en Cuba, pese a las garantías recogidas en los artículos 15 y 57 de la Constitución, que reconocen la libertad religiosa y de culto. La organización cuestionó, además, las limitaciones impuestas a las comunidades religiosas por la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista y las condiciones legales que afectan a los grupos no reconocidos oficialmente.
El centro de asesoría legal documentó al menos 41 incidentes de violaciones de la libertad religiosa en Cuba durante 2026 hasta la publicación de su análisis. Exigió a las autoridades que informen sobre los fundamentos legales de la detención de Pupo, respeten el debido proceso y cesen la persecución contra líderes y creyentes por ejercer su fe.
Los tres casos reflejan denuncias sobre el uso de medidas penales y cautelares contra personas que ejercen la protesta o desarrollan actividades religiosas. En los casos de Limias y Pupo, las organizaciones reclaman información sobre los fundamentos de las detenciones y el respeto de las garantías legales; en el de Echevarría y su esposa, la familia denuncia que ambos afrontan prisión provisional tras la protesta.
El régimen cubano lleva años haciendo un uso abusivo de la prisión provisional, una práctica que, según diversas fuentes, se ha intensificado en los últimos meses al compás del aumento de la represión en la Isla. Cuatro profesionales con conocimiento directo del funcionamiento del sistema penal cubano denunciaron a DIARIO DE CUBA la existencia de un tratamiento diferenciado y politizado en determinados procesos.
Consultadas por separado y bajo condición de anonimato, las fuentes advirtieron que, en los casos que las autoridades consideran "sensibles", la prisión provisional excede su función cautelar legal y se convierte en una herramienta de neutralización, control procesal y castigo anticipado.
La legislación procesal penal cubana no contempla la categoría de "asunto sensible". Sin embargo, los testimonios indican que las jefaturas de las instituciones judiciales manejan criterios para clasificar determinados expedientes bajo esa denominación, con la supervisión de agentes del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, así como de funcionarios de la Fiscalía.
Esa clasificación puede activarse cuando el imputado ha cuestionado públicamente al régimen, participado en una protesta o mantenido una posición crítica. En esos casos, según las fuentes, la decisión de mantener a una persona en prisión provisional no responde necesariamente a los presupuestos procesales previstos por la ley, como el riesgo de fuga o la posibilidad de destruir pruebas, sino a anticipar el castigo y evitar que permanezcan en libertad personas que puedan impulsar nuevas protestas.
