El deportista cubano Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como el "Spiderman" cubano, enfrenta dos nuevas acusaciones de desacato y propaganda contra el orden constitucional, que se suman a la de desórdenes públicos por la que permanece en prisión provisional desde abril, tras protestar contra los apagones en La Habana.
Su pareja, Lisandra Cuza, informó a Martí Noticias que la defensa conoció las nuevas imputaciones el 16 de septiembre, mediante un documento del tribunal que rechazaba una solicitud de control judicial presentada por el abogado. Según Cuza, el cargo de desacato había sido retirado al inicio del proceso por falta de elementos para sostenerlo.
"Se comprobó que él no había cometido ningún desacato y resulta que ahora se lo vuelven a poner", afirmó.
Martín Gutiérrez, de 34 años y campeón de artes marciales mixtas, fue detenido el 24 de abril de 2026 después de realizar protestas pacíficas desde el balcón de su vivienda, en el municipio habanero de Marianao, como publicó DIARIO DE CUBA. En ellas criticó los prolongados cortes de electricidad y otros problemas que afectan a la población.
El atleta denunció que alrededor de diez oficiales de la Seguridad del Estado lo golpearon durante el arresto. Después de pasar por la sexta unidad policial de Marianao y Villa Marista, sede de la policía política, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, donde continúa recluido.
Cuza explicó que el abogado acudió a Villa Marista para consultar el expediente y hablar con el instructor tras conocer las nuevas acusaciones, pero no pudo acceder a la documentación. La defensa sigue a la espera de examinar el caso.
En agosto, Martín Gutiérrez denunció en una carta dirigida al fiscal las irregularidades que, según él, rodean el proceso. En la misiva reseñada por DIARIO DE CUBA aseguró que las pruebas toxicológicas, las evaluaciones de salud mental y las pesquisas sobre un supuesto financiamiento extranjero resultaron negativas durante los 22 días de investigación, pese a lo cual fue enviado a prisión provisional.
El deportista sostiene que su encarcelamiento responde a sus críticas al Gobierno y al deterioro de las condiciones de vida en Cuba. Antes de ser detenido, también había denunciado el consumo de la droga conocida como "el químico" entre los jóvenes y el aumento de la violencia callejera.
En julio advirtió que se declararía en huelga de hambre si las autoridades no fijaban una fecha para su juicio en un plazo de seis meses. También cuestionó que lo mantuvieran en una prisión de máxima seguridad mientras esperaba ser juzgado.
MC K-Libre sigue preso sin fecha de juicio
En otro caso, las autoridades cubanas denegaron una nueva solicitud para modificar la medida cautelar del rapero Andrés Matos Alcántara, conocido como MC K-Libre, quien permanece en prisión provisional en el penal 1580, en La Habana, sin fecha de juicio y con problemas de salud.
El músico Raudel Collazo, conocido como Escuadrón Patriota, informó en Facebook de la situación.
"Le denegaron el último recurso de cambio de medida a Matos MC K-LIBRE, ayer se lo notificaron a la familia. Están siendo especialmente crueles con su caso por ser muy crítico con la dictadura desde Cuba, ese es su principal delito, porque el régimen no tiene nada más contra él... Libertad para todos los presos políticos", escribió Collazo
Según sus familiares, Matos padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes tipo 1. En septiembre también se difundieron alertas sobre episodios de hipertensión durante su reclusión.
"Ahí está en la 1580, en la misma situación o peor, porque no se sabe, no hay ningún tipo de fecha de juicio", declaró Collazo a Martí Noticias, y cuestionó la prolongación de la prisión provisional.
Matos fue detenido el 25 de junio, cuando acudió a una citación policial en la unidad de Siboney, en el municipio habanero de Playa. Su esposa, Ariacna Garcés Gómez, contó entonces que había sido convocado para una supuesta entrevista, pero que al presentarse fue esposado y trasladado a otra unidad policial.
Las autoridades lo vincularon con un supuesto delito de desórdenes públicos relacionado con protestas y cacerolazos en el reparto Barbosa, donde reside su familia. Garcés negó que el rapero hubiera organizado o incitado esas manifestaciones.
Tras su arresto, Matos fue enviado a la prisión de Valle Grande y posteriormente trasladado al penal 1580. La negativa más reciente se suma a otra rechazada en julio, cuando la defensa solicitó sustituir la prisión preventiva por considerar que la acusación carecía de fundamento.
Collazo aseguró que la familia dispone de testigos dispuestos a refutar los hechos imputados al músico y denunció la falta de avances en la instrucción del caso.
El Observatorio de Derechos Culturales, Juventud Cuba y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas han expresado preocupación por la detención, la salud y las condiciones de reclusión de MC K-Libre. El rapero El Funky, uno de los intérpretes de "Patria y Vida", también ha denunciado su encarcelamiento.
El régimen cubano lleva años haciendo un uso abusivo de los términos legales de la prisión provisional, un escenario que se ha incrementado en los últimos meses, a tenor del aumento de la represión en la Isla. Cuatro profesionales con conocimiento directo del funcionamiento actual del sistema penal cubano denunciaron, en declaraciones a DIARIO DE CUBA, la existencia de un tratamiento diferenciado y politizado para determinados procesos penales.
Las fuentes, consultadas por separado y que pidieron conservar el anonimato, señalaron que, en los casos que el régimen clasifica como "sensibles", la prisión provisional desborda con creces la función cautelar que le asigna la ley para convertirse en un mecanismo de neutralización, control procesal y castigo anticipado.
Dentro de la normativa procesal penal cubana no existe la categoría de "asunto sensible". No obstante, los testimonios revelan que las jefaturas de las instituciones judiciales mantienen parámetros para calificar un expediente bajo este rótulo, bajo la supervisión de agentes del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, además de funcionarios de la Fiscalía.
Así, la sensibilidad de un caso se dispara cuando el imputado ha cuestionado públicamente al régimen, o ha participado en una protesta, o mantiene un perfil crítico. En estos casos, el uso de la prisión provisional no responde a los presupuestos estrictamente procesales definidos por la ley, como el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas, sino a anticipar el castigo y, sobre todo, a evitar que cualquier ciudadano susceptible de convocar protestas permanezca en la calle.
