Tras participar en un cacerolazo ocurrido el pasado 25 de julio en la comunidad Oriente Rebelde, en el municipio de Sibanicú, Camagüey, las fuerzas represivas del régimen cubano mantienen bajo arresto arbitrario a cinco personas, incluido un menor de edad, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.
Así, "Alberto La O, Lisbany Aguilera La O, Raudel Ramírez Vázquez, Yoelki Fonseca y su hermano Yordenkis Fonseca, quien es menor de edad, permanecen detenidos desde el 26 de julio", precisó la organización, al tiempo que destacó que, tras el incidente, la Seguridad del Estado militarizó el lugar.
"Ese día, más de cinco agentes policiales acudieron a la comunidad, donde interrogaron y amenazaron a varias personas con el objetivo de identificar y detener a quienes se habían manifestado", resaltó.
Mientras los detenidos permanecen en prisión provisional en Villa María Luisa, centro de operaciones de la Seguridad del Estado en la provincia, "sus familiares están profundamente preocupados y continúan sin claridad sobre su situación legal ni sobre los cargos que enfrentan", alertó Cubalex.
Asimismo, remarcó que "la falta de información y de respuestas por parte de las autoridades aumenta la incertidumbre y los mantiene en una situación de indefensión".
En cuanto al menor de edad arrestado, Yordenkis Fonseca, la organización apuntó que padece epilepsia y, desde que fue detenido, ha sufrido varias crisis que han requerido su traslado al hospital. "A pesar de estos episodios, de su condición de salud y de ser menor de edad, las autoridades lo mantienen privado de libertad", denunció.
"Protestar pacíficamente no es un delito. Es un derecho fundamental", enfatizó Cubalex y sostuvo que "estas detenciones ocurren en un contexto de profunda crisis y de persecución contra personas que reclaman mejores condiciones de vida".
"En Oriente Rebelde, además de los prolongados apagones que afectan a todo el país y las dificultades para acceder a alimentos y otros bienes esenciales, la falta de agua constituye uno de los problemas más graves. La comunidad enfrenta desde hace años serias dificultades para acceder regularmente a este servicio básico, una situación que evidencia la falta de respuestas efectivas y el abandono por parte de las autoridades", añadió.
Cubalex resaltó que, ante estas condiciones, que evidencian el resquebrajamiento integral de la sociedad cubana, "las personas tienen derecho a expresar públicamente su descontento y exigir respuestas a las autoridades".
"La protesta pacífica es una forma legítima de ejercer los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y no debe ser motivo de persecución, represalias ni detención. La privación de libertad resulta especialmente preocupante cuando afecta a un menor de edad que, además, por su estado de salud, requiere protección especial y atención médica adecuada", enfatizó.
Este caso se enmarca en un patrón cada vez más recurrente de las fuerzas represivas del régimen: "la negativa de las autoridades a informar sobre el paradero o la situación de la persona privada de libertad, colocándola fuera de la protección de la ley durante un período de tiempo", apuntó Cubalex.
La organización señaló que "el ocultamiento deliberado del paradero de las personas privadas de libertad incrementa el riesgo de torturas, malos tratos y otras violaciones graves de derechos humanos, además de profundizar el sufrimiento de sus familiares".
Si bien en este caso los familiares conocen el paradero de los detenidos, no han podido verlos, lo que refuerza la incertidumbre. Además, no han podido constatar que sus allegados se encuentran efectivamente donde las autoridades aseguran que están.
