El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró 356 acciones represivas en Cuba en julio, para un promedio que supera las diez diarias, según su informe correspondiente a ese mes, publicado el miércoles.
De esas acciones, 54 fueron detenciones arbitrarias y el resto fueron "otros abusos del régimen", indicó en su página web la ONG con sede en Madrid.
Durante el mes, el OCDH documentó 109 casos de sitio policial a viviendas de activistas y 78 de abusos contra presos políticos. Otras vulneraciones de derechos registradas por la organización consistieron en "interrupción de las comunicaciones, hostigamientos, amenazas y citaciones policiales".
Justamente en julio se cumplieron cinco años de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en decenas de ciudades y comunidades de Cuba los días 11 y 12 de ese mes en 2021.
En el quinto aniversario del estallido social, las acciones represivas se concentraron principalmente en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey.
Una parte importante de los arrestos reflejados en el informe estuvo relacionada con los cacerolazos y las protestas desatados por los prolongados apagones y la falta de agua y el deterioro de los servicios básicos.
Otro número importante de detenciones formó parte de operativos policiales para impedir que miembros de la sociedad civil independiente cubana asistieran a la recepción que ofreció en su residencia el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, por el aniversario 250 de la independencia de su país.
El OCDH registró también un recrudecimiento de los abusos contra los presos políticos, que estuvo caracterizado por "el uso sistemático de celdas de castigo, aislamiento, traslados arbitrarios, negación de atención médica, suspensión de beneficios penitenciarios, agresiones físicas, hostigamiento psicológico y represalias contra quienes denuncian las condiciones de reclusión".
Entre los prisioneros que fueron blanco de arbitrariedades, la ONG destacó a Lizandra Góngora Espinosa, José Antonio Pompa López, Juan Enrique Pérez Sánchez, Manuel de Jesús Rodríguez García, Leonard Richard González Alfonso y Roilán Álvarez Rensoler.
Las denuncias en las que se basa el informe del Observatorio reflejan deficiencias en el acceso de los reclusos a agua potable, alimentos, medicinas y artículos de higiene. Numerosos reclusos apelaron a la huelga de hambre como último recurso ante las arbitrariedades y los abusos de los que fueron víctimas.
Entre los activistas, opositores, periodistas independientes, líderes religiosos y familiares de presos políticos que se vieron sitiados en sus viviendas por la Policía o sufrieron restricciones de movimiento, el OCDH destacó a Henry Constantin Ferreiro, Adela González Hernández, Jorge Olivera, Óscar Elías Biscet, Elsa Morejón, Alejandro García Arias, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, María Cristina Labrada, Berta Soler y Ángel Moya, así como Dagoberto Valdés Hernández y Yoandy Izquierdo.
También mencionó a Manuel Cuesta Morúa, María Mercedes Benítez, Adel Bonne Gamboa, Valdimir Turró Páez, Alberto Méndez Castelló, Yunia Figueredo Cruz, Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Luis Aguilar; Layda Yirkis Jacinto Abad y Liset Fonseca Rosales, madres de presos políticos del 11J, la Dama de Blanco Yaima Elena Pérez López y los periodistas Ángel Santiesteban-Prats y Boris González Arenas. A este último también le fue suspendido el acceso a internet.
Además, la finca del líder campesino Juan Carlos Hernández Saldívar permaneció bajo un estricto cerco policial el 24 de julio.
Una violación del derecho a la libertad de circulación resaltada por el Observatorio fue la sufrida por el sacerdote católico Castor Álvarez Davesa, a quien el régimen cubano impidió viajar a EEUU para participar en una ordenación episcopal de un religioso cubanoamericano.
El director de estrategia del OCDH, Yaxys Cires, calificó la situación social en Cuba como "irrespirable", teniendo en cuenta el sostenido deterioro de las condiciones de vida, que coexiste con el incremento de la presencia policial en las calles, resaltado también en el reporte.
"El clima social es irrespirable: por un lado, los apagones, el hambre y la falta de medicinas; por otro, la excesiva presencia policial para reprimir y controlar", afirmó Cires.
"Esta situación está pasando una factura humana gravísima y, en muchos casos, irreparable a toda la población, pero especialmente a los enfermos crónicos, a los adultos mayores y a los presos", advirtió.
La militarización de las calles de Cuba también fue denunciada el martes por el grupo de asesoría jurídica Cubalex ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante una audiencia celebrada en Washington, en el marco del 196 período de sesiones de la CIDH, la organización sostuvo que el despliegue de fuerzas militares y policiales en Cuba se ha intensificado durante los últimos meses sin que exista una declaración oficial de estado de excepción. Alertó, además, de que esa estrategia ha venido acompañada de un aumento de la inseguridad ciudadana y de nuevas restricciones a derechos fundamentales.
Cubalex informó a la CIDH que entre febrero y julio de 2026 documentó al menos 215 acciones verificadas de militarización. Sin embargo, ello no ha mejorado la seguridad de los cubanos, según los datos recopilados por la organización.
Entre enero y abril de 2026, el grupo de asesoría jurídica registró un aumento del 109% de los hechos relacionados con la inseguridad ciudadana, pese al refuerzo de la vigilancia y de los operativos desplegados por el régimen.
