Las presuntas agresiones sexuales sufridas en 2026 por los presos políticos cubanos Onaikel Infante Abreu y otro joven que no fue identificado, atribuidas a reos comunes que cumplían órdenes de la Seguridad del Estado, no constituyen hechos aislados, sino ejemplos de una práctica extendida en las cárceles de Cuba, según una investigación de ADN Cuba y Martí Noticias.
Un reportaje basado en los testimonios de personas que aseguraron haber sido víctimas o testigos de violaciones o intentos de violación muestra un patrón: oficiales de la Seguridad del Estado y guardias de la prisión ofrecen beneficios a reclusos que cumplen condenas de más de 15 años de cárcel a cambio de que torturen a los sancionados por motivos políticos.
En marzo de 2024 Julián Mazola Beltrán, recluido en la prisión de Guanajay por participar en las protestas antigubernamentales de los días 11 y 12 de julio de 2021, denunció un intento de violación. En abril, la activista Salomé García denunció que otro sancionado por participar en esas manifestaciones fue víctima de una agresión consumada en la misma cárcel. Ambos hechos tienen otros dos denominadores comunes: un reo común llamado Roberto Valdés Alonso, apodado el Gago, y un oficial de la policía política nombrado Javier Reboso.
Este último envió un mensaje al recluso, sancionado por violación, tras los hechos denunciados por García: "Dile al gago que está acabando con los muchachos del 11 de julio".
Según el reportaje de ADN Cuba y Martí Noticias, Mazola Beltrán tuvo que declararse en huelga de hambre junto a otros reclusos para que su presunto agresor recibiera un castigo, que consistió en tres meses más de cárcel.
Otros cubanos que cumplieron penas de cárcel por motivos políticos confirmaron la ocurrencia de estos hechos y señalaron la responsabilidad de la Seguridad del Estado.
Julio César Morales González, condenado en 1993 a seis años de prisión por el delito político de sabotaje, dijo haber sido ultrajado sexualmente en la prisión El Yayal de Holguín.
Morales González contó al medio independiente Cubanet que cuando ocurrió el suceso se encontraba privado de los medicamentos de los que dependía.
El exprisionero político exiliado José Batista Falcón, quien pasó por varias cárceles de Santiago de Cuba, explicó a ADN Cuba que contra los presos políticos se "emplean todo tipo de prácticas: violaciones sexuales, golpizas, actos denigrantes. Lo hacen los reos comunes enviados por la Seguridad del Estado".
En 2011, cuando Batista Falcón estuvo recluido durante los dos meses en la prisión Aguadores, un recluso común enviado por el régimen intentó tocarlo cuando él dormía. El abuso no llegó a consumarse porque otros reclusos lo defendieron, contó.
"Cuando yo estuve preso vi intentos de violación e intentos de golpiza contra los presos políticos", añadió.
En marzo de 2024, el grupo de asesoría jurídica Cubalex documentó que las autoridades de la prisión Combinado del Este utilizaban a reclusos comunes para agredir al preso político Yuri Almenares debido a su orientación sexual.
También las mujeres serían víctimas de agresiones en las cárceles de Cuba, según el testimonio de una exreclusa que pidió no ser identificada.
La exprisionera política, que estuvo recluida en la cárcel de mujeres de Camagüey, contó a ADN Cuba que la Seguridad del Estado operaba dentro del penal con la colaboración de la jefatura de la prisión, funcionarias del Ministerio del Interior (MININT) y un grupo de reclusas condenadas a largas penas.
"Tenían un grupo de mujeres sancionadas a más de 15 años que actuaban al servicio de la Seguridad del Estado y el MININT. Se dedicaban a ultrajar, chantajear y amenazar tanto a presas comunes como políticas. A algunas las llevaban a la oficina y les prometían beneficios, como permitirles compartir pabellón con sus esposos presos, a cambio de colaborar", relató.
La exprisionera aseguró que las que se negaban a colaborar eran objeto de amenazas y campañas de difamación.
"Decían que eran lesbianas o informantes para desacreditarlas. Hacían reuniones en el teatro de la prisión y las iban llamando una por una. Algunas hablaban, otras no; otras hacían lo que les ordenaban", explicó.
"Hubo mujeres que fueron violadas por otras presas en complicidad con las guardias de pasillo. Todo era ordenado por la Seguridad del Estado y la jefa de la unidad. Ellos tenían conocimiento de todo lo que sucedía", subrayó.
A esos violadores hay que cobrarles con la misma moneda, encerrarlos con negros bujarrones de 3 patas.