La organización de asesoría jurídica Cubalex denunció este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el régimen cubano ha consolidado un modelo de "militarización social" destinado a controlar el creciente descontento ciudadano provocado por la crisis económica, los apagones y el deterioro de los servicios públicos.
Durante una audiencia celebrada en Washington, en el marco del 196 período de sesiones de la CIDH, la organización sostuvo que el despliegue de fuerzas militares y policiales en la Isla se ha intensificado en los últimos meses sin que exista una declaración oficial de estado de excepción y alertó de que esa estrategia ha venido acompañada de un incremento de la inseguridad ciudadana y de nuevas restricciones a derechos fundamentales.
Cubalex: más militares, pero también más inseguridad
La directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, aseguró que la creciente presencia militar no ha mejorado la seguridad de los cubanos.
Según los datos recopilados por la organización, entre enero y abril de 2026 los hechos relacionados con la inseguridad ciudadana aumentaron un 109%, pese al refuerzo de la vigilancia y de los operativos desplegados por el régimen.
"Más militares en la calle no significa más protección para los ciudadanos sino todo lo contrario", afirmó Diversent tras la audiencia en declaraciones a Martí Noticias.
Para la jurista, el objetivo del incremento de efectivos no es enfrentar amenazas externas, sino controlar el malestar social que se ha multiplicado a raíz del agravamiento de la crisis nacional.
Barrios militarizados tras cada protesta
Durante la presentación del informe, Cubalex describió un patrón de despliegue militar que, según la organización, se activa sistemáticamente después de cada protesta ciudadana.
Diversent señaló que en los últimos meses han aumentado los operativos con fuerzas especiales conocidas como Boinas Negras, así como la militarización completa de barrios donde se registran cacerolazos o manifestaciones contra los apagones.
"Nos preocupa que la militarización y la represión no es para defenderse de una amenaza externa sino para controlar el descontento", sostuvo.
"Hay una militarización comparable con un estado de emergencia o situación excepcional que el Estado no ha declarado públicamente, pero ha adoptado todas las medidas como si estuviéramos en medio de ese proceso", afirmó Diversent.
Derechos suspendidos sin estado de excepción
Otro de los ejes de la denuncia fue el impacto que, según Cubalex, tiene esa militarización sobre las garantías constitucionales.
El abogado Alaín Espinosa sostuvo que el régimen ha suspendido de facto derechos fundamentales sin cumplir los requisitos legales previstos para un estado de excepción.
A su juicio, ello afecta tanto la vida cotidiana de los ciudadanos como las garantías procesales de quienes enfrentan procedimientos judiciales.
"Lo que hace es suspender de facto todo un grupo de garantías constitucionales y de derechos humanos", advirtió.
Eddy Ceballos y la jurisdicción militar
Como ejemplo del uso creciente de mecanismos militares para reprimir la disidencia, Espinosa citó el caso del humorista Eddy Ceballos, creador del canal Despingovery Channel, detenido desde hace dos meses.
Según Cubalex, las autoridades pretenden procesar al humorista mediante la jurisdicción militar para imponer sanciones más severas y enviar un mensaje disuasorio a otros críticos del régimen.
La organización también denunció la utilización de los llamados "combos de la calle", las restricciones a la movilidad entre provincias y otras medidas que, en su opinión, reflejan la sustitución progresiva de mecanismos civiles por estructuras propias de la seguridad militar.
Más de 215 acciones verificadas
Cubalex informó a la CIDH que entre febrero y julio de 2026 documentó al menos 215 acciones verificadas de militarización.
Entre ellas incluyó despliegues policiales y militares tras protestas, controles de identidad, restricciones para viajar entre provincias, congelamiento de cuentas bancarias, amenazas de muerte contra presos políticos y el procesamiento de civiles ante tribunales militares.
La organización también denunció el incremento de la preparación militar obligatoria en escuelas y universidades, donde estudiantes han sido convocados a ejercicios con armamento como parte del denominado Bastión Estudiantil Universitario 2026.
Un modelo basado en la lógica de guerra
El informe presentado ante la CIDH profundiza en conclusiones que Cubalex ya había adelantado en julio en su estudio El Estado de Guerra no declarado: análisis de la militarización social y la sustitución del orden civil en Cuba.
En ese documento, la organización sostiene que el Consejo de Defensa Nacional y los consejos de defensa provinciales y municipales han asumido funciones que corresponden a las autoridades civiles, interviniendo en decisiones relacionadas con el transporte, el combustible, la distribución de recursos y el orden público bajo una lógica de seguridad nacional.
Asimismo, denunció que durante los apagones se realizan controles de identidad y deportaciones internas de ciudadanos procedentes del oriente del país y que, en varias prisiones orientales, el acuartelamiento preventivo del personal del Ministerio del Interior derivó en la suspensión de visitas, permisos y traslados de reclusos.
Cubalex considera que todas estas medidas consolidan un modelo de gobernanza basado en la excepcionalidad permanente, en el que "la seguridad del régimen ha suplantado a la seguridad humana".
La denuncia llega en un contexto de creciente conflictividad
La audiencia ante la CIDH se celebró en medio del aumento de las protestas provocadas por los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos.
En los últimos meses, organizaciones independientes han documentado un incremento de las manifestaciones ciudadanas, mientras el régimen ha reforzado los despliegues de fuerzas especiales y ha intensificado su discurso sobre la preparación para un eventual "estado de guerra".
Cubalex sostiene que ese escenario ha servido de justificación para ampliar el control sobre la población y endurecer la represión, utilizando estructuras militares para gestionar una crisis cuya raíz, según la organización, es política, económica y social.
