El Centro de Denuncias Defensa CD, de la plataforma Cuba Decide, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte medidas cautelares a favor del periodista independiente Henry Constantin, encarcelado desde el 16 de septiembre y acusado de presunta desobediencia.
"Presentamos una solicitud de medida cautelar en favor de Henry Constantin, previa autorización de sus familiares", confirmó Defensa CD a DIARIO DE CUBA.
La petición fue presentada el 13 de octubre. En ella, Defensa CD expuso que Constantin, director del medio independiente La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), está recluido en la prisión de Camagüey conocida como Kilo 7.
La organización también enumeró los obstáculos que enfrentaron los allegados de Constantin para conocer su paradero tras el arresto y para que tuviera acceso a una abogada, el rechazo del recurso de habeas corpus por parte del tribunal y "las dificultades para seguir el curso de su expediente", explica una nota de prensa compartida con DIARIO DE CUBA.
La solicitud también incluye la denuncia de la pareja de Henry Constantin, Alejandra García, sobre las amenazas que recibió de la Seguridad del Estado el 9 de octubre tras visitar al periodista.
Defensa CD solicitó a la CIDH "que requiera al Estado cubano medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física y psíquica del periodista, poner fin a las amenazas y represalias, garantizar el acceso confidencial a su abogada y a sus familiares, y verificar las condiciones de reclusión".
También solicitó la liberación del periodista y "que se consideren alternativas a la privación de libertad mientras se atienden los riesgos denunciados".
La organización responsabilizó al régimen cubano por la seguridad de Constantin y exigió "el cese de la persecución contra él y su entorno por ejercer y defender la libertad de prensa".
Tras recibir la solicitud, la CIDH debe evaluar los hechos descritos y examinar la información disponible sobre el riesgo que afronta el director de La Hora de Cuba. Antes de decidir si otorga las medidas cautelares, debe requerir al Estado cubano información relevante sobre la situación de Constantin, salvo que la inmediatez del daño potencial no admita demora.
La Comisión valorará si concurren los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, además del contexto y de los demás elementos previstos en el Artículo 25 de su Reglamento.
El Estado cubano suele guardar silencio ante las constantes solicitudes de información de la CIDH, basadas en denuncias de la sociedad civil independiente cubana.
El pasado 16 de octubre, al cumplirse un mes del encarcelamiento del periodista, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió al Tribunal Supremo Popular (TSP) y a la Fiscalía General de la República "asumir sus responsabilidades institucionales" en el caso del periodista, a quien las autoridades habían enviado a una celda de castigo.
"La denuncia solicita investigar un posible montaje para imputarle un nuevo delito, tras el supuesto hallazgo de un cuchillo entre sus pertenencias durante una sospechosa requisa penitenciaria", detalló la organización, y apuntó que "a ello se suma la falta de localización confirmada de su expediente penal".
Al analizar el caso, el abogado de DIARIO DE CUBA, Edel González Jiménez, no descartó que "las autoridades quieran demostrar que mantienen el control sobre Henry Constantin". "Más que una demostración de fuerza, considero que este posible castigo busca aumentar la presión sobre el periodista, intimidarlo y desanimar a quienes denuncian las injusticias, violaciones y excesos que enfrenta", señaló.
Mientras las autoridades penales dilatan de forma artificial el proceso, González Jiménez dijo que "ante las dificultades para sostener la acusación original, sospecho que podrían estar intentando construir una nueva imputación que desacredite la conducta y la imagen pública de Henry Constantin, justifique su permanencia en prisión y debilite las exigencias de libertad".
Si bien el traslado a una celda de castigo no modifica por sí mismo los plazos legales ni justifica una petición fiscal más severa, el jurista destacó que "el verdadero peligro radica en que las autoridades aprovechen el supuesto hallazgo del arma blanca para imputarle un nuevo delito, potencialmente más grave y aparentemente más fácil de probar que la desobediencia original".
