El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) emplazó este viernes al Tribunal Supremo Popular (TSP) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a "asumir sus responsabilidades institucionales" en el caso del periodista independiente Henry Constantin, quien este 16 de octubre cumple un mes de encarcelamiento arbitrario, mientras las autoridades penales intentan fabricarle una nueva causa y determinaron su ingreso en una celda de castigo.
En tal sentido, el OCDH presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey, con copia a la Fiscalía Militar competente, ante las "graves irregularidades" del caso.
"La denuncia solicita investigar un posible montaje para imputarle un nuevo delito, tras el supuesto hallazgo de un cuchillo entre sus pertenencias durante una sospechosa requisa penitenciaria", detalló la organización, y apuntó que "a ello se suma la falta de localización confirmada de su expediente penal".
"Aunque el Tribunal Municipal de Camagüey comunicó su devolución a la Fiscalía y posteriormente aseguró que lo remitió el 9 de octubre, ninguna de las instituciones judiciales y fiscales consultadas ha confirmado su recepción. Esta situación obstaculiza el ejercicio efectivo de la defensa, prolonga la incertidumbre procesal y plantea sospechas sobre posibles interferencias jerárquicas o políticas en las decisiones judiciales", subrayó.
En este contexto, la organización reclamó que "la FGR debe garantizar una investigación objetiva, exhaustiva y libre de interferencias, preservar las pruebas e identificar a los posibles responsables. Por su parte, el TSP debe esclarecer las irregularidades en la tramitación judicial y garantizar la independencia de los jueces".
"Exigimos medidas inmediatas de protección y garantías contra cualquier represalia, amenaza o intimidación dirigida a la persona que presentó la queja, los familiares y allegados de Henry, sus abogados y posibles testigos, así como la estricta confidencialidad de sus identidades", resaltó el OCDH.
"La independencia judicial no admite autorizaciones políticas; la investigación penal no admite pruebas fabricadas; y denunciar una ilegalidad jamás puede justificar represalias", concluyó.
Al analizar el caso, el abogado de DIARIO DE CUBA, Edel González Jiménez, no descartó que "las autoridades quieran demostrar que mantienen el control sobre Henry Constantin". "Más que una demostración de fuerza, considero que este posible castigo busca aumentar la presión sobre el periodista, intimidarlo y desanimar a quienes denuncian las injusticias, violaciones y excesos que enfrenta", señaló.
Mientras las autoridades penales dilatan de forma artificial el proceso, González Jiménez dijo que "ante las dificultades para sostener la acusación original, sospecho que podrían estar intentando construir una nueva imputación que desacredite la conducta y la imagen pública de Henry Constantin, justifique su permanencia en prisión y debilite las exigencias de libertad".
Si bien el traslado a una celda de castigo no modifica por sí mismo los plazos legales ni justifica una petición fiscal más severa, el citado jurista destacó que "el verdadero peligro radica en que las autoridades aprovechen el supuesto hallazgo del arma blanca para imputarle un nuevo delito, potencialmente más grave y aparentemente más fácil de probar que la desobediencia original".
