Tanto la Constitución aprobada en 2019 como el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes que entró en vigor en enero de 2026 hacen suponer que para el Gobierno de Cuba la protección de la infancia es prioritaria. El hecho de que el Estado cubano haya firmado y ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño refuerza esa percepción. Sin embargo, condenas por delitos de abusos sexuales a menores obligan a ponerla en duda.
Sancionados por abusos sexuales que no ingresan en prisión
La condena que más recientemente ha puesto en duda la prioridad que concede el régimen cubano a la protección de la infancia fue la impuesta a Reinaldo Ángel Echemendía Estrada, fundador y durante años director del Ballet Folklórico de Camagüey, por abusos sexuales a menores.
Echemendía fue condenado en septiembre de 2026, pero existían denuncias contra él al menos desde 2024. La primera que trascendió en los medios independientes la hizo una mujer que aseguró que su hija "sufrió acoso e insinuaciones inapropiadas por parte del profesor durante sus prácticas de servicio social". También denunció que, pese a que ella siguió "los canales correspondientes" para exponer el caso, Echemendía solo había recibido una amonestación en privado.
El director del Ballet de Camagüey ostentaba la condición de "Hijo Ilustre" de la ciudad y pertenecía a la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), además de ser miembro de honor de la filial camagüeyana de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).
En 2021, Echemendía se sumó a la ofensiva del régimen desatada para contrarrestar la canción contestaria "Patria y Vida", componiendo el tema "Convicción".
Pese a las denuncias presentadas y al proceso penal abierto, Echemendía continuó apareciendo en público con vinculado el Ballet Folklórico de Camagüey, hasta pocos días antes del juicio.
Recibió una condena de tres años de privación de libertad, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, sin ingresar a un establecimiento penitenciario. También se conoció su separación definitiva de responsabilidades en instituciones culturales y su expulsión de La Fraternidad Ogboni Aborigen de Cuba.
El caso de Reinaldo Ángel Echemendía Estrada no es el primero en el que el agresor sexual de un menor en Cuba recibe una sanción que no implica su entrada en prisión.
En junio de 2024, el Tribunal Provincial de Granma condenó a Maikel Solano Arévalo a tres años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de cuatro años. Esa condena, que para muchos podría resultar leve, fue impuesta solo después de que la familia de la menor apelara la sanción aplicada cuatro meses antes por el Tribunal Municipal de Buey Arriba: tres años de trabajo correccional sin internamiento. El agresor no pasaría un solo día en prisión.
¿Cómo puede el régimen cubano justificar la levedad de esas penas impuestas a abusadores sexuales?
Los verdaderos delincuentes para el régimen: los cubanos que protestan
Estas condenas resultan más llamativas cuando se comparan con las impuestas a cubanos que se han manifestado contra el régimen: el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, condenado a seis años de cárcel por participar en una protesta contra los apagones en Encrucijada, Villa Clara, en 2024, a pesar de que el Tribunal admitió que no hubo violencia, armas, daños ni interrupción de servicios esenciales; Félix y Sayli Navarro, padre e hija, condenados a nueve y ocho años de privación de libertad, respectivamente, por causas relacionadas con protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021; Lizandra Góngora (15 años de cárcel por las protestas del 11J); el periodista Jorge Bello Domínguez (15 años de cárcel por las protestas del 11J); Mayelín Rodríguez Prado (15 años de cárcel por grabar y difundir una protesta en 2022). Estos son solo algunos ejemplos de altas condenas por motivos políticos en Cuba.
¿Puede el régimen cubano explicar que protestar sea más grave que abusar de un menor?
Los derechos sexuales de las mujeres tampoco parecen ser importantes para el régimen cubano
La política penal de un Estado no se conoce solamente por lo que establecen sus leyes. También se descubre observando a quién encarcela, durante cuánto tiempo y frente a qué conductas despliega con mayor intensidad el poder punitivo.
Si las sanciones que impone el régimen hacen dudar de la relevancia que da a la protección de los niños, lo mismo ocurre con la importancia que concede a proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a pesar de que el Estado cubano es parte de la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
En 2022, el trovador oficialista Fernando Bécquer recibió una sentencia firme de tres años y cuatro meses de limitación de libertad, luego de que más de 30 mujeres testificaran en su contra en un juicio por abusos lascivos.
Más tarde, el tribunal revocó la sanción de limitación de libertad y ordenó su internamiento, pero no porque hubiera revisado la gravedad de los delitos y la condena original, sino por incumplimientos posteriores de los deberes asociados a la sanción.
Bécquer terminó encarcelado, pero inicialmente el sistema judicial había considerado legítimo responder penalmente a sus delitos de abuso sexual con una sanción que no implicara su entrada en prisión.
Una oportunidad perdida
El Gobierno cubano tuvo la oportunidad de reformular integralmente la protección penal de la libertad sexual en 2022, cuando aprobó el nuevo Código Penal. Sin embargo, mantuvo sanciones que permiten castigar determinadas modalidades de abuso sexual con entre seis meses y dos años de prisión o multa. Otras modalidades de ese delito son sancionadas con entre uno y tres años de cárcel o multa. Para determinados abusos sexuales vinculados con las circunstancias más graves previstas en el Artículo 395 se prevén penas de entre dos y cinco años de privación de libertad.
Incluso la pena prevista para el estupro merece atención. El Artículo 400 sanciona con entre uno y tres años de privación de libertad o multa a quien mantenga relaciones sexuales con una persona mayor de 12 y menor de 18 años mediante abuso de autoridad o engaño.
Cuestionar la política penal cubana no significa defender el encarcelamiento como única respuesta. Significa exigir coherencia entre los delitos y las condenas, entre la gravedad que el Estado atribuye públicamente a determinadas conductas y la protección que ofrece realmente a las víctimas.
