Después de un año y solo tras un juicio de apelación, recibió justicia en Cuba una menor de cuatro años abusada sexualmente. El culpable, Maikel Solano Arévalo, fue sentenciado a tres años de privación de libertad por el Tribunal Provincial de Granma, tres meses después de que, en primera instancia, el Tribunal Municipal de Buey Arriba lo condenara a solo tres años de trabajo correccional sin internamiento, lo que implicaba que no pisaría la prisión.
Para la familia, la nueva sanción continúa siendo leve. Una abogada del equipo legal de DIARIO DE CUBA considera que este proceso no debió llegar a una segunda instancia. También opina que faltó una sanción accesoria de prohibición de acercamiento a la menor.
"Yo apelé esperando mejores resultados, pero fue todo lo contrario. No estoy conforme ni estoy satisfecha, porque ya no puedo hacer nada. No puedo seguir apelando. Pero todavía me parece muy leve esa sentencia", dijo a esta redacción Yelenis Pinilla Espinosa, la abuela de la niña.
Pinilla Espinosa recuerda que el Código Penal cubano castiga con privación de libertad de dos a cinco años los abusos sexuales contra menores de 12 años y afirma que esperaba "la (sanción) máxima".
La exjueza cubana Maylin Fernández Suris, experta en asuntos de familia y violencia de género y abogada de DIARIO DE CUBA, considera que la condena está dentro del marco sancionador previsto en la ley penal de la Isla. Sin embargo, opina que esta sentencia debió dictarse en primera instancia.
"La justicia ha llegado tarde y solo gracias a que la familia no estuvo conforme y apeló. No había que hacer que la familia pasara por un juicio de apelación, con los costos que ello conlleva, porque implica pagar abogado. Se supone que los jueces cubanos en primera instancia están lo suficientemente preparados en materia de violencia de género. Los hechos ocurrieron en junio y un año después es que el agresor ha recibido una condena que se ajusta a los hechos y al marco sancionador".
La exjueza también opina que el Tribunal pudo haberle impuesto al delincuente sexual una accesoria de prohibición de acercamiento a la víctima.
"Aunque el hecho de que él vaya a cumplir prisión por tres años implica que estará lejos de la niña, cuando salga estará en el mismo entorno, porque son vecinos. Además, si no es reincidente, podría quedar en libertad condicional después de cumplir un tercio de la condena y, al no haber una prohibición de acercamiento, la niña está expuesta a toparse con él", señala.
"Si hay una reforma legislativa en Cuba que tiene en cuenta la violencia de género, eso tiene que aplicarse", sostiene la experta y recuerda que el tribunal de primera instancia apuntó que la niña sufre secuelas psicológicas derivadas del abuso sexual".
De hecho, la abuela explica que esta semana la niña comenzará a ser tratada por un psicólogo, por segunda vez desde que sufrió los abusos. El motivo principal es que su agresor ha estado libre todo este tiempo y la niña ha tenido que verlo.
Solano Arévalo no cumplió prisión provisional como medida cautelar antes del juicio en primera instancia, lo que dejó a la víctima en un estado de indefensión, que fue criticado por el exjuez y miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA Edel Jiménez.
Ahora, tras la nueva sentencia dictada en su contra, el agresor espera tranquilamente en su casa el momento de ingresar a la cárcel, que podría tardar "de 15 a 20 días, o quizás un mes", según el abogado que comunicó a la abuela de la niña por teléfono el fallo del juicio de apelación.
"Psicológicamente, la niña está muy afectada. Esta semana tenemos cita con el psicólogo para volver a hacerle otra terapia, a ver si hay resultados. Ese señor es vecino de nosotros y, al andar libre para acá y para allá, la niña lo ve. Incluso se orina a veces por la noche en la cama, que esa niña nunca se había orinado", dice la abuela de la menor.
"Nosotras vivimos en una cuarta planta y no dejamos que la niña baje a jugar con los otros niños, porque no queremos que ella lo siga viendo. Él está haciendo una vida normal, como que no ha pasado nada", añade Pinilla Espinoza.
La familia ya no puede apelar otra vez en la provincia. Ahora, tendría que llevar el caso al Tribunal Supremo en La Habana, lo que implicaría traslados de una punta del país a la otra, en medio de una situación caótica con el transporte, debido a la falta combustible.
"En el Supremo, la sentencia le puede aumentar y le puede bajar", explica la abuela, tras haber sido aconsejada por un abogado. "Ya nos tenemos que quedar así, como quien dice, conformes. Y ya".
La Jungla