Los estamentos judiciales del régimen cubano dieron este jueves otra prueba de estar supeditados a los órganos represivos, toda vez que el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, valiéndose de argumentos vagos y sin presentar pruebas contundentes, condenó a cuatro miembros de la jerarquía masónica, quienes habían sido previamente amenazados por la Seguridad del Estado.
Según una nota emitida por el tribunal, los cuatro masones fueron condenados por el supuesto delito de "tráfico ilegal de divisas", debido a que realizaron "operaciones de cambio de dólares estadounidenses por canales distintos a los legalmente establecidos", indicó la nota, que vinculó los hechos a movimientos financieros ejecutados en el pasado en el Asilo Nacional Masónico "Llansó".
Así, la pena más alta le fue impuesta a José Ramón Viñas Alonso, quien encabezó el Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba y presidía el patronato del asilo. El tribunal le impuso una condena de cuatro años de limitación de libertad, así como el pago de una multa de 500 cuotas de 50 pesos cada una.
Entretanto, Fernando Marcos García, contador del asilo, fue condenado a tres años de limitación de libertad y al pago de una multa de 500 cuotas de 40 pesos cada una.
Por su parte, el actual soberano gran comendador del Supremo Consejo, Ángel Santiesteban Prats, fue condenado a dos años de limitación de libertad y al pago de una multa de 500 cuotas de 40 pesos cada una. La misma sanción le fue impuesta a Osvaldo Ernesto Villegas Digat.
"Como sanciones accesorias, a todos los acusados se les impuso también la privación de derechos, prohibición de salida del territorio nacional y del ejercicio del cargo u oficio", detalló el tribunal.
Al término del juicio, tanto Viñas Alonso como Santiesteban Prats denunciaron que recibieron presiones de agentes de la Seguridad del Estado para que abandonaran el país. Ambos, además, cuestionaron la vaguedad de las pruebas aportadas por la Fiscalía y consideraron que no quedaron probados los hechos que les fueron imputados.
Un nuevo capítulo en la crisis masónica
La condena se produce poco después de que, en septiembre, Santiesteban Prats asumiera uno de los cargos de mayor jerarquía del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en Cuba. En dicha sesión, además, Viñas Alonso pasó a ser lugarteniente gran comendador y recibió la condición de "soberano gran comendador ad vitam del honor y la dignidad".
Sin embargo, los cambios en la cúpula masónica tienen lugar tras varios años de enfrentamiento entre sectores de la masonería y el Ministerio de Justicia del régimen. En abril de 2024, la entidad estatal suspendió las actividades oficiales de la Gran Logia de Cuba y del Supremo Consejo y les impidió operar sus cuentas bancarias, en medio de la disputa por la dirección de la Gran Logia.
El episodio se remontaba a la expulsión de Mario Alberto Urquía Carreño y a la elección de Juan Alberto Kessel Linares como Gran Maestro. En junio de 2024, el MINJUS declaró ilegítima la expulsión de Urquía Carreño y lo restituyó, una decisión que profundizó la fractura entre las instituciones masónicas. Urquía Carreño desconoció la autoridad del Supremo Consejo mediante un decreto que contribuyó a agravar la crisis interna.
Desde entonces, se han sucedido varios enfrentamientos en el seno de la masonería, así como con las autoridades del régimen, a las que los masones acusan de no respetar las decisiones internas de la cofradía y de tratar de imponer a personas políticamente confiables en la dirección.
En tal sentido, Santiesteban Prats dijo en 2025 en el programa Los Puntos a Las Íes, de DIARIO DE CUBA: "Es mejor que nos cierren la masonería y terminar con dignidad, a que el régimen la manipule descaradamente".
