El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos rechazó el martes el recurso de apelación presentado por el cubano Yoan Aguiar-Fernández, su esposa Yenisley González-Sanabria y su hija Essined Yoana Aguiar-González contra la denegación de sus solicitudes de residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.
El fallo resulta desalentador para inmigrantes cubanos que ingresaron a territorio estadounidense de manera irregular y fueron liberados con el formulario I-220A, pues el tribunal determinó que esa modalidad de liberación bajo palabra no equivale al parole humanitario previsto en el Artículo 1182(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, requisito para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano cuando no se ha sido inspeccionado y admitido en el país.
La familia cubana entró irregularmente a Estados Unidos en junio de 2021 y fue liberada con el mencionado formulario, que ha colocado en limbo legal a miles de inmigrantes cubanos que lo recibieron tras cruzar la frontera.
Un segundo revés
La familia también había solicitado asilo, suspensión de la deportación y protección contra la tortura, alegando persecución por sus opiniones políticas contrarias al régimen cubano.
Aguiar-Fernández alegaba que había abandonado una misión oficial en Venezuela en 2013 y que posteriormente un capitán de la Policía cubana lo amenazó y golpeó.
Sin embargo, el tribunal consideró que el oficial había actuado en calidad de ciudadano particular, por un conflicto relacionado con la reparación de su automóvil, y que los hechos no constituían persecución por motivos políticos.
Por otra parte, los jueces señalaron que Aguiar-Fernández no fue detenido ni interrogado por las autoridades, no perdió su empleo en la Isla, obtuvo una licencia para trabajar por cuenta propia y luego él y su familia pudieron salir del país con sus pasaportes cubanos rumbo a México.
El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes de que la familia corriera peligro de sufrir persecución o tortura si regresaba a Cuba, por lo que confirmó la denegación de todas las formas de protección solicitadas.
El fallo introduce un precedente desfavorable para los cubanos con I-220A que litigan sus casos dentro de la jurisdicción del Undécimo Circuito, que comprende Florida, Georgia y Alabama. Aunque no supone la denegación automática de la residencia a todos los titulares de ese formulario, establece un criterio jurídico que puede complicar sus solicitudes de ajuste de estatus al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.