La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad que los tribunales federales deben remitirse a las autoridades de inmigración al evaluar si un caso de asilo constituye "persecución", una decisión que eleva el estándar para impugnar denegaciones y podría impactar a miles de cubanos con procesos migratorios abiertos.
El fallo, emitido el 4 de marzo en el caso Urias-Orellana v. Bondi, establece que las cortes de apelaciones federales deben aplicar el criterio de "evidencia sustancial" al revisar las decisiones de las autoridades migratorias, en lugar de analizar nuevamente los hechos desde cero.
Con esta decisión, respaldada por los nueve jueces del tribunal, los magistrados federales tendrán menos margen para revertir fallos de los jueces de inmigración o de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), incluso cuando se trate de determinar si amenazas, violencia o maltrato califican legalmente como persecución.
Hasta ahora, algunos tribunales de apelaciones revisaban ese punto con mayor amplitud e incluso podían reevaluar completamente el expediente. El nuevo criterio obliga a aceptar la conclusión de las autoridades migratorias siempre que exista alguna evidencia razonable que la respalde.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la sentencia y la calificó como "una victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común". La agencia dijo que durante años "jueces activistas" utilizaron el sistema judicial para frenar deportaciones basadas en "acusaciones falsas de persecución".
"El fallo reafirma la autoridad de las agencias de inmigración para aplicar la ley", sostuvo el DHS, que además reiteró el compromiso de la Administración de Donald Trump de continuar con las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
La decisión podría tener repercusiones directas para miles de cubanos que actualmente buscan asilo en Estados Unidos, especialmente aquellos que no pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y cuyo único recurso legal es demostrar persecución.
Entre ellos se encuentran numerosos migrantes con formulario I-220A, un documento de libertad bajo supervisión que no equivale a una admisión legal al país y que ha dejado a muchos cubanos en un limbo migratorio.
El abogado de inmigración Alejandro Vázquez Sánchez explicó a Martí Noticias que el fallo limita significativamente la posibilidad de llevar estos casos a tribunales federales.
"Una denegación de asilo político se apela primero ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Después de esta decisión, prácticamente ahí termina el caso, porque ir a una corte federal va a ser cuesta arriba", dijo el jurista.
Según Vázquez Sánchez, el estándar de revisión establecido por la Corte Suprema es tan elevado que será muy difícil que un tribunal federal revoque una decisión de las autoridades migratorias.
"El estándar exige que la evidencia sea tan contundente que prácticamente obligue a una conclusión distinta. En la práctica, eso reduce mucho la capacidad de los jueces federales de cuestionar lo decidido por un juez de inmigración", explicó.
Para muchos cubanos que han iniciado procesos de asilo alegando persecución política en la Isla, la decisión podría cerrar una de las últimas vías legales para revertir una negativa en sus casos.
