El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta, EEUU, anuló las decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) sobre dos ciudadanas cubanas con I-220A, como parte de un fallo considerado favorable, aunque muy limitado, y que demora aún más una solución definitiva para los miles de migrantes cubanos atrapados en este limbo legal, informó el medio independiente Café Fuerte, que tuvo acceso al documento legal.
De esta forma, la corte de apelaciones devolvió ambos casos al organismo administrativo para que proceda a una nueva revisión legal, lo que deja abierta la puerta a lo que es el centro del caso: la elegibilidad para la Ley de Ajuste Cubano.
"Tras revisar el expediente y con el beneficio de los argumentos orales, concluimos que tenemos jurisdicción sobre el asunto, anulamos las órdenes de BIA en ambos casos y remitimos los expedientes para procedimientos posteriores", dijo el tribunal.
A pesar de que el dictamen no es concluyente y no aclara el estatus de estos migrantes, sí es un paso importante, toda vez que da cuenta de las inconsistencias a la hora de registrar a los inmigrantes y procesarlos sin un criterio firme sobre el estatuto de admisión, que luego les impediría obtener el beneficio migratorio.
"No es la decisión que queríamos, pero hemos ganado varios puntos en esta batalla", dijo el abogado Mark Prada, letrado que presentó la apelación el pasado diciembre. "El Onceno Circuito rechazó el criterio de BIA de que una persona con I-220A no es elegible para Ajuste Cubano, y ninguno de los argumentos del Gobierno fue aceptado", añadió.
"Esta es una lucha larga, hay mucho que hacer y tenemos muchas piezas en movimiento", dijo el abogado, al tiempo que subrayó que la decisión de la corte de Atlanta "abre un abanico legal para una demanda colectiva pendiente en una corte federal en el sur de Florida".
El dictamen, asimismo, podría influir en nuevos enfoques legales en torno a las solicitudes de fianza y los recursos de habeas corpus de los más de 300.000 cubanos con I-220A, quienes permanecen desde hace años en un peligroso limbo legal en EEUU.
La lucha judicial de los miles de migrantes cubanos que ingresaron de manera irregular a EEUU y fueron liberados con el formulario I-220A tuvo un primer momento de esperanza de ser resuelta de forma favorable el pasado agosto, cuando un juez de Nueva Orleans falló a favor del cubano Jorge Lázaro García, lo que le permitió acceder a la residencia por la Ley de Ajuste Cubano.
El pasado noviembre, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las más influyentes del país, se unió a la demanda de cubanos con I-220A. Aunque se trata de un respaldo significativo para los inmigrantes cubanos, teniendo en cuenta la relevancia de esta organización sin fines de lucro fundada en 1917, no constituye una garantía de victoria en la batalla legal.
