El juez del distrito de Massachussets Brian Murphy dictaminó el jueves que la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que permite a las autoridades migratorias deportar a inmigrantes ilegales a terceros países es ilegal, informó el canal de noticias CBS News.
De esa forma, el juez Murphy falló a favor de un grupo de extranjeros que presentaron una demanda colectiva contra el DHS el año pasado, cuando muchos inmigrantes irregulares con órdenes de deportación, entre ellos cubanos cuyo retorno fue rechazado por el régimen de Isla, terminaron en países como El Salvador y naciones de África.
El juez determinó que la política de deportaciones de inmigrantes irregulares a terceros países debe quedar sin efecto. No obstante, puso en pausa la ejecución de su sentencia durante 15 días para dar al Gobierno del presidente Donald Trump la oportunidad de apelar el fallo.
En un comunicado citado por CBS News, el DHS recordó que, en dos ocasiones previas, la Corte Suprema emitió órdenes urgentes de suspensión contra el juez Murphy, por lo que se mostró confiado en salir airoso ante esta nueva sentencia del magistrado.
En su declaración, el DHS afirmó además que la Administración Trump tiene "la autoridad constitucional para expulsar a estos inmigrantes ilegales con historiales delictivos".
El Departamento subrayó que se le debe permitir ejercer su autoridad legal para expulsar a esos inmigrantes "a países que estén dispuestos a aceptarlos".
La Casa Blanca también condenó la decisión del magistrado, argumentando que la Administración Trump "está trabajando para llevar a cabo de manera legal el mandato de hacer cumplir la Ley Federal de Inmigración y ejecutar la deportación masiva de inmigrantes ilegales con antecedentes penales más grande de la historia".
La norma, aprobada en marzo del año pasado y ratificada en julio, dispone que los agentes de Inmigración no están obligados a notificar a los inmigrantes irregulares de su deportación a un tercer país, ni a darles la oportunidad de objetarla, siempre que el tercer país hubiera asegurado que no serían perseguidos ni torturados.
En su fallo, el juez Murphy determinó que la política de expulsiones a terceros países viola la Ley Federal de Inmigración y el derecho al debido proceso de los inmigrantes.
En junio del año pasado, la Corte Suprema dio luz verde a la Administración para reanudar las deportaciones expeditas. Tras esta decisión, fueron enviados a Sudán del Sur los cubanos Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, dentro de un grupo de ocho inmigrantes irregulares.
Al menos cuatro inmigrantes irregulares cubanos que tenían historiales delictivos en EEUU y cuya repatriación no fue aceptada por La Habana terminaron en países africanos.
El pasado el 9 de febrero, el régimen de Cuba recibió por primera vez, en un vuelo de deportación, a nacionales que se encontraban en EEUU ilegalmente y habían cometido delitos allí.
