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Represión

El régimen pone fecha al juicio contra los creadores de El4tico

La noticia llega luego de nueve meses y 13 días de que ambos jóvenes cubanos permanezcan en prisión provisional.

Holguín
Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores de El4tico.
Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores de El4tico. El Estornudo

El régimen de Cuba someterá a juicio a Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores de contenido y activistas del proyecto audiovisual independiente El4tico, la próxima semana, informó el miércoles 18 de noviembre Doris Santiesteban Batista, esposa del primero.

"Hoy hacen 285 días que no tengo a 'Tico' en mi casa. Hoy nos informan que la audiencia para el juicio es el día 24 a las 8 y 30 am en el Tribunal Provincial", escribió en su perfil de Facebook.

"Yo les quiero pedir a todos, que oren, Dios tiene la última palabra. En estos tiempos difíciles él es nuestro mejor amigo", finalizó.

La noticia llega luego de nueve meses y 13 días de que ambos jóvenes permanezcan en prisión provisional. Ambos fueron detenidos en Holguín el 6 de febrero de 2026.

Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez están acusados de "propaganda contra el orden constitucional", "difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires" e "instigación a delinquir". 

La Fiscalía pide ocho años de prisión para Medina y diez para Zayas.

En octubre, luego de que el mes previo se hicieran públicas las conclusiones provisionales de la Fiscalía del régimen contra ambos, la organización de asesoría legal Cubalex señaló que esta convirtió las publicaciones en redes sociales y críticas a instituciones estatales de El4tico en elementos centrales de la acusación.

El análisis de esa imputación concluyó que el proceso presenta problemas relacionados con la libertad de expresión, el principio de legalidad y la discriminación por motivos de opinión política.

Las conclusiones fiscales recogen que Medina y Zayas comenzaron a desarrollar El4tico en noviembre de 2025 y utilizaron Instagram, Facebook y YouTube para publicar contenidos sobre la realidad cubana.

Para Cubalex, el primer problema aparece en la acusación por "propaganda contra el orden constitucional": la Fiscalía utiliza videos de opinión publicados en perfiles de redes sociales como fundamento del delito y equipara su difusión con una actividad de propaganda subversiva.

La organización sostiene que el empleo de plataformas digitales para expresar opiniones críticas no convierte esas publicaciones en propaganda contra el orden constitucional.

El análisis también cuestiona la aplicación de la circunstancia de que los hechos se produjeran en un "escenario público", utilizada para agravar la respuesta penal. Según Cubalex, esta interpretación permite aplicar una respuesta más severa por el uso de herramientas digitales de difusión pública.

Las conclusiones fiscales incorporan como elementos incriminatorios las críticas de los jóvenes al Partido Comunista de Cuba, a la Policía Nacional Revolucionaria y a otras estructuras estatales, así como sus comunicaciones con figuras de la oposición cubana en el exilio.

Cubalex cuestiona también el cargo de "difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires".

Entre las expresiones utilizadas contra los acusados aparecen sus críticas al funcionamiento de las instituciones estatales y a la actuación de la Policía. La Fiscalía las incorpora como parte de la "conducta delictiva" atribuida a los jóvenes.

Para Cubalex, interpretar como difamación el escrutinio sobre la actuación de las fuerzas del orden y otras instituciones estatales elimina el espacio para la crítica pública a las autoridades.

La organización sostuvo que el derecho internacional otorga una protección reforzada al discurso político y a las expresiones críticas sobre quienes ejercen funciones públicas. En esa línea, consideró que penalizar esas opiniones por su contenido político constituye una forma de discriminación basada en la opinión.

El análisis encontró un problema distinto en la acusación por "instigación a delinquir".

Según la narrativa de la Fiscalía, los jóvenes habrían exhortado a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a "tomar el poder para cambiar el orden constitucional".

Sin embargo, Cubalex señaló que, al realizar la calificación jurídica de los hechos, la Fiscalía se limita a citar el artículo 268.1-4 del Código Penal, sin identificar expresamente cuál sería el delito concreto que los acusados habrían instigado a cometer.

Para la organización, esa precisión resulta necesaria para determinar qué conducta habría sido promovida y si concurren los elementos del delito de instigación.

El señalamiento apunta así no solo al contenido de los videos, sino a la forma en que la Fiscalía relaciona esas expresiones con una figura penal concreta.

DIARIO DE CUBA documentó en septiembre que Medina y Zayas habían superado los seis meses en prisión provisional sin una petición fiscal pública ni fecha de juicio. El expediente había sido enviado a La Habana y regresado a Holguín, mientras la familia denunciaba la prolongación del proceso.

En aquella ocasión, esta redacción explicó que la Ley 143/2021 del Proceso Penal establece inicialmente 90 días para la fase preparatoria y permite extenderla hasta 180 días en la investigación ordinaria. Una prolongación posterior requiere una autorización excepcional del fiscal general.

Sin embargo, el punto central señalado entonces por nuestro equipo legal era que "la ampliación del tiempo de investigación no implicaba automáticamente que la prisión provisional tuviera que prolongarse durante ese mismo periodo". La Ley 143 establece para esa medida cautelar un carácter excepcional y exige valorar de manera continua su necesidad y pertinencia.

Cubalex ya había denunciado en agosto que los jóvenes llevaban seis meses privados de libertad sin petición fiscal ni fecha de juicio y señalado irregularidades desde sus detenciones, entre ellas, cuestionamientos sobre los registros domiciliarios practicados en febrero.

Las solicitudes de ocho y diez años de prisión no constituyen todavía una condena, pero el análisis de Cubalex situó la discusión en un escenario más amplio: hasta dónde puede llegar el Estado cubano en la utilización del derecho penal frente a quienes cuestionan públicamente al régimen y sus instituciones.

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