"Hoy son más quienes dejan el sector que quienes egresan de las aulas", reconoció en Ciego de Ávila el vicefiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera.
La provincia cuenta con apenas 52 de los 93 fiscales que demandan sus diez municipios, según se conoció en la Asamblea de Balance de la Fiscalía Provincial.
"Entre los años 2022 y 2023 dejaron la toga, por diversas razones, más fiscales (28) que en el periodo de cinco años comprendido entre 2017 y 2022, cuando totalizaron 22", expuso Invasor, el periódico oficialista de la provincia.
Entre las soluciones discutidas en la asamblea, se valoró la posibilidad de realizar ajustes curriculares a los alumnos de los años terminales de la carrera de Derecho, para adelantar la terminación de sus estudios y, a su vez, el inicio de la vida laboral. Esta decisión, fruto de la desesperación ante la ausencia de profesionales, lastraría el rigor y la preparación de los futuros fiscales.
"La doctora en Ciencias Celín Pérez Nájera, profesora titular de la carrera de Derecho en la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, destacó que algunos estudiantes, desde tercer año, son contratados para apoyar el trabajo de la Fiscalía Provincial", informó Invasor.
"Sin embargo, esta es una alternativa que, a pesar de sus frutos, no es la solución definitiva, pues, suponiendo que un número de los educandos de pregrado que se vinculan a esta labor, una vez terminados sus estudios, permanezcan aquí, la cifra total de egresados de Derecho no satisface la demanda, no solo de la Fiscalía, sino de todo el sector jurídico de la provincia", dijo Pérez Nájera citada por Invasor.
"Esto es un problema que incide en las garantías constitucionales de los ciudadanos, ya que demora el momento de ser juzgados y, por ende, los tiempos en que presuntos culpables permanecen en prisión preventiva", dijo Karel Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial.
Los presentes en la asamblea reconocieron, igualmente, que durante 2023 el 43% de los expedientes de asuntos penales presentados al Tribunal Provincial tuvieron deficiencias y fueron devueltos, en su mayoría, por la necesidad de ampliar las investigaciones.
Invasor expuso, además, que la actual situación no es privativa del sector jurídico, "pues parte de una realidad económica y social, en la que los profesionales avileños —y cubanos— han visto expandidas sus oportunidades de trabajo en otros sitios, a partir del desarrollo de nuevas formas de gestión que ofrecen salarios más altos y ciertas flexibilidades laborales".
"No podemos resignarnos a perder a profesionales valiosos, con experiencia", recalcó Cruz Rivera. Cuba vive uno de los éxodos más alto de su historia y no hay, por tanto, sector de la sociedad que no sea afectado por la emigración de profesionales que buscan, fuera de la Isla, la realización personal, económica y laboral que allí se les ha hecho esquiva.
