La Ley de la Fiscalía General de la República de Cuba, aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), ratifica la subordinación de ese órgano al régimen, aunque la norma lo declara independiente.
La fiscal general Yamila Peña Ojeda afirmó que la nueva norma contiene modificaciones recogidas en la Constitución, visibiliza a la Fiscalía como unidad orgánica indivisible y con independencia funcional, según una nota publicada en el medio estatal Juventud Rebelde.
Sin embargo, según Peña Ojeda, la norma también identifica los principios rectores de defensa del Estado socialista y justicia social, la supremacía constitucional, la legalidad, la unidad y jerarquía, la objetividad, la transparencia y accesibilidad, la celeridad y calidad, así como la profesionalidad, la responsabilidad y la ética.
De entrada, resulta difícil creer en la independencia de un órgano que se rige por los principios de la defensa de un Estado subordinado a una ideología.
Por esta razón, aunque la Ley nace de la necesidad de actualizar la vigente Ley 83 de 1997 tras la la aprobación de la Constitución de 2019, según Peña Ojeda, los cubanos no pueden esperar la imparcialidad que, de acuerdo al título de la nota de Juventud Rebelde, es razón de ser de la Fiscalía de la Isla.
Para la redacción de la norma, se tomaron en cuenta más del 70 por ciento de las propuestas hechas en cientos de comentarios, cita Juventud Rebelde a la funcionaria. Sin embargo, los cubanos no tienen forma de saber en qué consistían las propuestas desechadas ni de verificar si representaban realmente menos del 30% de las enviadas.
La Ley de la Fiscalía, que contiene 121 artículos y está organizada en seis títulos y 17 capítulos, "reconoce el cargo de fiscal consultante, y para ello pueden designarse fiscales en activo y jubilados para contribuir en el asesoramiento, la docencia, la investigación e innovación", según Peña Ojeda.
También refuerza garantías del proceso en el régimen disciplinario de los fiscales, mayor diversidad de medidas aplicables ante infracciones de la disciplina, durante el ejercicio del trabajo o en ocasión de este, y contempla la responsabilidad patrimonial del órgano con cargo a su presupuesto, cuando directivos, fiscales y trabajadores que aseguran la gestión de la Fiscalía causen daños o perjuicios a las personas por la omisión indebida en el ejercicio de sus funciones, señaló la funcionaria.
"Se le concede, además, a la comunicación social un enfoque estratégico para salvaguardar el Estado socialista de Derecho y justicia social, y contribuir a elevar la cultura jurídica del pueblo y la preparación del público interno", añadió.
La nota de Juventud Rebelde explica que la ley aprobada incluye gestión documental y archivística, sistema de gestión de la calidad; contiene patrimonio de la Fiscalía y remite su protección a la ley específica sobre la materia. También incorpora las relaciones de trabajo con órganos, organismos, instituciones, entidades y organizaciones, promoviendo la cooperación y el intercambio con fiscalías, procuradurías generales, ministerios públicos, organizaciones jurídicas extranjeras y para la asistencia jurídica internacional.
Juventud Rebelde citó la intervención del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo Santander, quien, al presentar el dictamen, recordó que "la Fiscalía tiene su fuente originaria en la concepción leninista, al verla como un órgano requerido por el poder revolucionario, al cual no pudieran acceder los Gobiernos locales y que facilitara la influencia y aplicación de los mandatos del Gobierno central y que fuera, además, centinela permanente que denunciara cualquier violación de la ley".
La afirmación del diputado confirma que en Cuba la Fiscalía General se somete a la ideología del poder.
El presidente de la mencionada comisión subrayó ese sometimiento como una virtud al resaltar en la norma "la novedad de adicionar a sus funciones la referida al control de la investigación penal en nombre del Estado, lo cual debe garantizar el apego a la ley en esos procesos; y su subordinación al presidente de la República por la independencia para su labor que ello implica".
En febrero pasado, Miguel Díaz-Canel elogió a trabajadores y jefes de la Fiscalía en Cuba por ser sostén del régimen como "Estado socialista de derecho" y les agradeció por "crecerse" en medio de lo que calificó de "tremenda atmósfera de agresividad imperial" y "calumnias", en referencia a la actuación suscitada por él mismo tras un llamado al combate para aplastar las manifestaciones del 11 de julio.
El gobernante felicitó a los trabajadores de ese órgano durante una reunión de trabajo del aparato judicial del Gobierno correspondiente a 2021, en la que participaron fiscales jefes provinciales, de ciudades capitales, de municipios y de miembros de su Consejo de Dirección ampliado.
Con vistas a 2022, Díaz-Canel ordenó a la Fiscalía "defender el concepto de que el bloqueo va a seguir y continuará recrudeciéndose", y en ese sentido exigió "saltarlo desde la resistencia creativa, que significa que, en medio de la resistencia, hay que crear e innovar".
En mayo pasado, DIARIO DE CUBA reveló un material audiovisual titulado Así se pacta la justicia en Cuba, que reflejaba la confabulación entre la Fiscalía, el Tribunal Supremo Popular (TSP) y el Ministerio del Interior (MININT), para responder a los intereses del régimen.
En el video se apreciaba una reunión de 2018 encabezada por el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, y en la que participaba Peña Ojeda, además de varios otros funcionarios del TSP y del MININT.
El material evidenció la veracidad de las declaraciones que ofreció el ex fiscal exiliado Raucel Ocaña Parada, de Palma Soriano en Santiago de Cuba, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), a principios de mayo de 2022.
Ocaña Parada había denunciado que en los juicios contra manifestantes del 11J influenciaron "órganos, instituciones que responden a los intereses del Estado, del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba" y que era "interés del Gobierno, el Estado y el Partido", que se sancionara con la mayor severidad posible, "sin ningún tipo de benevolencia".
Decir que el poder judicial es independiente en Cuba es un chiste apenas menos cómico que aquel que dice que el pueblo apoya a esa dictadura.
Llamar "pueblo" a la parte de la ciudadanía que apoya el statuo quo y mercenarios a los partidarios del cambio, mientras se impide cualquier intento estadístico de llevar a números la disputa, es actitud dictatorial pura y dura.
Con un monopolio absoluto de los medios de comunicación, y sensura total, el discurso oficial es la "verdad suprema" en esa caverna de Platón.
¿ Qué se puede esperar de un flamante presidente de un Tribunal Supremo Popular que llama a los abogados defensores "perros en el tabaco " cuando cumplen con su sagrada misión de proteger del Estado a un acusado en todo momento?
Es trans ?.
A esta fiscal cuando se condenada la sentencia sera mirarse en el espejo al menos 18 horas al dia. Diablo, que fea esta, me recuerda a Alice Cooper.
Luce tan mal porque la fealdad viene de adentro, y su rostro la refleja.
Otro buen chiste salido de la Isla...
O sea, el mismo perro con diferente collar. Por favor. Ni que uno fuera idiota.
Cómo una fiscalía puede ser independiente y a la vez se alia con una ideología o un gobierno? Eso solo ocurre en las dictaduras.