El régimen cubano amenaza a una madre con el Decreto-Ley 370 por exigir sus derechos
DDCLa Habana 1Las autoridades de Marianao citaron a Yudeyvis Reinoso para informarle que incurría en un delito por sus directas en redes sociales.
Las autoridades de Marianao citaron a Yudeyvis Reinoso para informarle que incurría en un delito por sus directas en redes sociales.
Adrián Martínez Cádiz, corresponsal del canal católico EWTN en La Habana, sufre amenazas de cárcel durante un interrogatorio el viernes.
El vicepresidente del Partido Autónomo Pinero reclama que no ha realizado publicaciones en redes sociales durante los últimos meses.
El régimen cubano vuelve a aplicar el polémico decreto para reprimir la libertad de expresión en internet.
La Isla baja del puesto 22 al 21 en la calificación global, al reportar censura, empleo de trolls y represión contra personas por el uso que hacen de sus redes.
Aunque la mayoría son opositores, activistas y periodistas independientes también existen casos de ciudadanos comunes a los que se ha aplicado el decreto-ley.
Adriano Castañeda, del Foro Antitotalitario Unido, fue multado bajo la Ley Azote el año pasado por denunciar las condiciones de precariedad de los residentes en Sancti Spíritus.
Yeris Curbelo Aguilera, reportero de Palenque Visión, multado con 3.000 pesos por grabar un acto represivo de la Policía cubana.
El guantanamero Juan Luis Bravo Rodríguez es la primera persona encarcelada por no acatar el Decreto-Ley 370.
La única organización que puede realizar actividades a favor de los derechos de la mujer es la FMC, le dice la Policía.
'Si consigo 3.000 pesos es para darle comida a mis hijos y para mantener la casa', afirma el periodista cubano.
El escritor Carles Torner, director ejecutivo de la organización, defiende que internet es 'un espacio de creación literaria, de ensayo, de pensamiento'.
Cuban Prisoners Defenders: Con el Decreto-Ley 370 y la nueva Constitución 'estamos ante un proceso de normalización legislativa de la represión de la libertad de expresión'.
Un procedimiento especial ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos advierte que la aplicación es una grave violación de la libertad de expresión en Cuba.
Apoyan la petición presentada por activistas ante las estructuras del Gobierno para derogar la conocida como Ley Azote.
Otra voz que hace públicas opiniones contra el régimen es sancionada con 3.000 pesos de multa.
'En caso de silencio administrativo o negativa, autoriza a presentar el caso ante un tribunal', explica a DIARIO DE CUBA la abogada Laritza Diversent.
Una activista de Camagüey se niega a asistir a interrogatorios y a pagar multas bajo el Decreto-Ley 370.
El periodista independiente cubano es amenazado por la Seguridad del Estado con encarcelarlo por hacer su trabajo.
Pese a la suspensión del transporte, ambos tendrán que acudir a unidades policiales distantes. Estaremos reportando.