El opositor cubano Adriano Castañeda Meneses, coordinador organizativo del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue amenazado con ser llevado a prisión durante un encuentro en su domicilio de la ciudad de Sancti Spíritus, por negarse a pagar una multa impuesta bajo el Decreto-Ley 370, denunció el activista José Ramón Borges Serrano en la web de la organización Producciones Nacan.
"En comunicación vía telefónica con la sede nacional del FANTU Castañeda Meneses explicó que en su casa se presentaron dos inspectoras de la Oficina Provincial de Multas, a las 10:00AM del pasado día 29 de marzo, para advertirlo de que si no pagaba la multa de 2.000CUP a él aplicada, y que ya se había triplicado a 6.000CUP, en las próximas 72 horas su caso sería elevado al Tribunal Popular", señaló Borges.
Castañeda Meneses respondió a las funcionarias: "Yo no pago multas injustas y violadoras de los derechos humanos y democráticos. Además, para mí siempre será un honor convertirme en preso político, pues yo soy opositor político a esta tiranía".
Según el militante del FANTU, la conversación con ambas inspectoras duró unos diez minutos y ante la respuesta se retiraron apresuradamente.
Vecinos del opositor le informaron que frente a su vivienda había un automóvil con placa particular, donde se veían oficiales de la Dirección de Contrainteligencia del MININT.
Adriano Castañeda Meneses fue multado el día 22 de mayo del pasado 2020, cuando realizaba trabajos audiovisuales para denunciar las condiciones de precariedad material de los residentes en la capital provincial de Sancti Spíritus. Debido a ello le aplicaron el Decreto-Ley 370 y le ocuparon su teléfono móvil personal.
A inicios de abril, fue dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición firmada por aproximadamente 4.100 cubanos que solicitaron la derogación del Decreto-Ley 370 por contradecir algunos artículos de la Constitución.
Desde el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus, numerosos periodistas independientes y activistas han sido multados en virtud del también bautizado como Ley Azote, que prohíbe publicar en las redes contenido contrario al "interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", y que el Gobierno está utilizando para reprimir a sus críticos.
