La policía política cubana amenazó a Mery Paulín, integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer (REDAMU), con multarla en virtud del Decreto-Ley 370 debido a sus denuncias de los feminicidios que ocurren en Cuba y su activismo a favor de los derechos de las mujeres.
"En la estación de Policía de Pinar del Río fui acusada de conspirar en contra del régimen cubano con 'actividades contrarrevolucionarias'. Dos policías, que se identificaron como Alejandro y Esteban, amenazaron con aplicarme el Decreto 370 por emplear el internet para realizar 'propaganda ilícita' en contra del régimen de la Isla", denunció Paulín, de 70 años, a la REDAMU, según una denuncia hecha llegar a DIARIO DE CUBA.
Los agentes también amenazaron a la activista con bloquearle su línea telefónica o aplicarle una multa de 500 pesos cubanos. Incluso llegaron a decirle que "con su edad no debería estar involucrada en actividades innecesarias" y que la única organización que puede realizar actividades a favor de los derechos de la mujer es la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Otra activista de REDAMU en Pinar del Río, Daudy Hermelo, fue también citada a la Policía para hacerle la misma amenaza: ser multada con el 370, bautizado por la ciudadanía como "Ley Azote", y bajo cuyo amparo el régimen ha sancionado a decenas de personas por denunciar en redes sociales las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Cuba.
Las amenazas ocurren mientras la prensa oficial cuestiona las denuncias que a menudo realizan las activistas cubanas sobre el silencio de los medios oficiales en torno a los casos de violencia machista cada vez más visibles en la Isla.
Este fin de semana, la Red Femenina de Cuba reportó dos presuntos feminicidios en Holguín, mientras la prensa oficial, que nunca los menciona, celebraba los logros de la revolución tras cumplirse 60 años de la oficial Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización supeditada a las políticas del Partido Comunista.
Días atrás, un artículo del diario oficial Granma presentó la "mediatización del feminicidio" como parte de una supuesta "guerra comunicacional hacia la sociedad cubana".
El texto del órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC), que ha levantado la repulsa unánime de la sociedad civil independiente en las redes sociales y de las activistas cubanas contra la violencia machista, realiza comparaciones de feminicidios en Cuba con países de América Latina o Europa, donde no se escamotea la información y se publica cuando salen a la luz los asesinatos de mujeres.
Precisamente el 21 de agosto último, Mery Paulín publicó en el sitio web de REDAMU un texto titulado "¡No ocultemos la violencia hacia la mujer ni los feminicidos!", donde recordó que "fue gracias a la labor de los grupos independientes de mujeres cubanas que se empezaron (...) a implementar acciones para prevenir hechos de violencia de género. La prensa independiente, por su parte, cumplió con su rol de informar y visibilizar la verdadera situación de los derechos de la mujer en la Isla".
El artículo de Paulín responde directamente al texto de Granma, y advierte que los feminicidios en Cuba son "un signo visible de cuán desprotegidas están las mujeres cubanas por leyes que deberían protegerlas. (...) Por años, el tema ha sido descuidado por las autoridades y las instituciones de la Isla. No existen cifras oficiales sobre casos de violencia de género o feminicidios. (...) Otro punto es la violencia institucional hacia aquellas mujeres defensoras de derechos de la mujer que abogan por los derechos humanos. Pensar diferente no es un delito, sí lo es participar de actos de violencia hacia la mujer o no tomar acciones concretas y eficientes para que se respeten los derechos de la mujer en la Isla".
También este fin de semana, en respuesta a la avalancha de críticas que recibió, Granma entrevistó a Mayda Álvarez Suárez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), vinculado a la FMC, quien celebró las políticas del Estado cubano a favor de las mujeres y las iniciativas de esa organización para combatir la violencia de género.
No obstante, la propia entrevistada señaló que también se hace necesario tener "mejores registros de los hechos de violencia que se detectan y atienden, y de su seguimiento y solución", así como la realización de "encuestas periódicas sobre violencia contra las mujeres", ambos reclamos persistentes de las activistas cubanas.
"No obstante, mi opinión personal es que nos beneficiaría una ley específica e integral sobre la violencia contra las mujeres, que contemple todas las medidas y sanciones que ya aparecen en leyes vigentes, y otras que sea necesario promulgar", acotó.
Precisamente un grupo de 40 activistas cubanas presentó en noviembre de 2019 una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género a la Asamblea Nacional del Poder Popular. A inicios de 2020 recibieron la confirmación de que la norma jurídica que demandan no está contemplada en el Programa Legislativo a ejecutarse hasta 2028.
