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Represión

El régimen vuelve a echar mano al Decreto-Ley 370 para evitar que la represión sea divulgada

Yeris Curbelo Aguilera, reportero de Palenque Visión, multado con 3.000 pesos por grabar un acto represivo de la Policía cubana.

Madrid
Yeris Curbelo Aguilera.
Yeris Curbelo Aguilera. Y. C. aguilera/facebook

Yeris Curbelo Aguilera, reportero del proyecto audiovisual independiente Palenque Visión en Guantánamo, fue multado la pasada semana bajo el Decreto-Ley 370, popularmente conocido como Ley Azote, que el régimen cubano comenzó a aplicar en 2020, pero cuyo uso había casi cesado debido a la intensa oposición que generó tanto dentro como fuera de Cuba.

Según denunció el reportero en su muro de Facebook, el 11 de marzo había sido detenido "mientras cubría la manifestación de un ciudadano que reclamaba por haber sido multado injustamente con 2.000 pesos. Un policía de la PNR trató de arrebatar y robar mi teléfono de forma violenta, este me barrió los pies con su pierna derecha, arrojándome al suelo. Gracias a Dios logré poner mi teléfono a salvo al arrojárselo a un conocido", relató.

El reportero, que estuvo preso por más de 24 horas, y que sufrió lesiones durante el arresto, fue liberado con una multa de 3.000 pesos en virtud del artículo 68, inciso i del Decreto-Ley que permite a las autoridades sancionar a los usuarios de las redes sociales por las opiniones que allí expresen. 

Además, según la denuncia de Curbelo Aguilera, "el teniente coronel Padilla, quien es el delegado del MININT en Caimanera", lo amenazó con encarcelarlo si publicaba el video de lo ocurrido. Este martes había sido citado nuevamente a la estación policial, alertó en otra publicación.

La periodista Claudia Padrón Cueto recordó que esta clase de sanciones vuelven a hacerse comunes, tras una pausa "probablemente por las denuncias y las críticas de instituciones internacionales a esta nueva modalidad de censura y castigo. Pero este mes volvieron a usar el 370 contra ciudadanos cubanos".

Padrón Cueto mencionó que el activista Adrián Góngora fue multado bajo ese cuerpo legal en Las Tunas, "por hacer una directa mientras estaba en una cola".

"Después que me detienen, un inspector de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) me puso la multa de 3.000 pesos, pero yo no la firmé. Me dijo también que tienen un expediente de todo lo que publico en las redes", denunció Góngora a CubaNet.

Según la ONG de asesoría legal en derechos humanos Cubalex, en 2020 "se contabilizaron unas 30 sanciones a cubanos para limitar su libertad de expresión en las redes sociales" bajo el 370.

A fines de 2020, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reconoció que "el ámbito mediático cubano es uno de los más restrictivos del mundo".

El CPJ mencionó el acoso a los reporteros y sus familiares, las detenciones arbitrarias y domiciliarias, las multas (principalmente amparadas en el Decreto-Ley 370) y la prisión como los mayores riesgos que se corren por hacer periodismo fuera de las instituciones del Gobierno cubano.

La organización también se refirió a las violaciones sufridas por el periodista y escritor Roberto de Jesús Quiñones, quien cumplió un año de prisión, e incluyó en su resumen de año el hostigamiento de la Seguridad del Estado a ciberactivistas y youtubers.

Otro de los métodos que ha utilizado con frecuencia el régimen cubano contra los periodistas independientes es  la llamada "regulación", que consiste en la prohibición de viajar fuera del país de forma indefinida, indicó el informe.

En los últimos tiempos se sumaron los cortes a las líneas telefónicas y al servicio de internet como otras de las maniobras de la Seguridad del Estado para impedir a los reporteros y activistas realizar sus labores.

Días atrás, la organización internacional Freedom House, en su informe "Libertad en el mundo 2021", citó el Decreto-Ley 370 y también el 349 entre las herramienta que usa el régimen para maniatar a los ciudadanos y violar su derecho a la libertad de expresión.

El informe redujo en un punto la calificación que otorga a la Isla en esa materia "debido a que el Gobierno intensificó las detenciones, arrestos domiciliarios, multas, acosos y demás actos de represalias para reprimir la cobertura periodística independiente y las expresiones de disenso de artistas y escritores".

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