La organización de derechos humanos Freedom House ubicó a Cuba entre los países cuyos ciudadanos no son libres, con una puntuación de 13 puntos de 100 posibles, de acuerdo con su informe "Libertad en el Mundo 2021" que da a conocer anualmente.
Ese reporte, que mide el grado de democracia y libertad política en todos los países, concluye que la Isla bajó un punto en la evaluación global de tales indicadores, sobre todo considerando el incremento de la represión y de la limitación de las libertades de los cubanos durante la pandemia de Covid-19.
Según el informe, durante 2020, si bien el Gobierno consiguió "un cierto nivel de éxito en el control de la pandemia" y anunció cierta ampliación de las actividades privadas permitidas, también en ocasiones "utilizó la pandemia para justificar la represión de las reuniones de disidentes".
Entre esas acciones represivas están las agresiones contra el Movimiento San Isidro (MSI) y el 27N. "Durante el transcurso del año el Gobierno siguió ampliando la lista de regulados en la que constan los más de 200 ciudadanos a quienes no se les permite viajar al exterior debido a sus actividades políticas de disidencia, de defensa de los derechos humanos o de ejercicio del periodismo independiente".
"El Gobierno ha intensificado los interrogatorios, las amenazas, las detenciones, las razias y las multas exorbitantes que se aplican a activistas y a periodistas independientes que publican notas críticas en medios sociales o sitios web extranjeros", subrayó la organización.
"En términos generales, el sistema unipartidista y autoritario de Cuba excluye al pueblo de toda participación política genuina y autónoma. Los organismos militares y de inteligencia desempeñan una función importante en la supresión del disenso, además de ejercer una profunda influencia en prácticamente todos los aspectos del Estado. Los integrantes de los grupos disidentes e incluso los actores independientes del entorno artístico y periodístico, entre otros, son objeto de vigilancias sistemáticas y de frecuentes interrogatorios dirigidos a intimidarlos o a convertirlos en informantes", puntualiza.
Freedom House subraya que la corrupción está generalizada en la Isla y se halla presente en la vida cotidiana. "El Estado tiene el monopolio de la mayoría de las grandes operaciones comerciales y no existen mecanismos independientes de rendición de cuentas aplicables a los funcionarios en casos de comisión de ilícitos".
Recuerda el informe que en medio del agravamiento de la situación económica, la prensa oficial hizo campaña contra "actividades comerciales ilegales, la cual puso de relieve la clara falta de debido proceso".
"Cuba no cuenta con legislación eficaz en materia de libertad de información ni de acceso a expedientes oficiales. Los acontecimientos estatales de importancia suelen realizarse a puertas cerradas y hay muchos datos estadísticos que el Gobierno no pone a disposición del público. En 2020 la mayoría de las decisiones relativas a la respuesta oficial a la pandemia se tomaron e instrumentaron sin transparencia ni consulta", indica.
Con respecto a las restricciones a la libertad de expresión, el informe recuerda que "el ámbito mediático cubano es uno de los más restrictivos del mundo".
El resumen ilustra que "en septiembre de 2020 el periodista Roberto Jesús Quiñones cumplió una condena de un año de prisión por haberse negado a pagar una multa por 'resistencia' y 'desobediencia' a la autoridad. Inicialmente se le había detenido y golpeado por su cobertura de un juicio para el sitio web noticioso CubaNet".
Entre las nuevas herramientas para maniatar a los ciudadanos Freedom House cita el Decreto-Ley 370 y el 349, la intensificación de la persecución del periodismo independiente, la encarcelación del rapero Denis Solís, las campañas de difamación contra periodistas y medios independientes, entre otros.
El informe redujo en un punto su calificación de esa cuestión "debido a que el Gobierno intensificó las detenciones, arrestos domiciliarios, multas, acosos y demás actos de represalias para reprimir la cobertura periodística independiente y las expresiones de disenso de artistas y escritores".
También la libertad de reunión sigue bajo asedio por las fuerzas de seguridad, subraya el documento.
"En 2020 varias organizaciones de la sociedad civil independiente fueron objeto de represión. Algunos activistas fueron detenidos con acusaciones arbitrarias, encarcelados, impedidos de viajar al exterior u obligados a exiliarse. Además del MSI, entre los grupos de disidentes más comúnmente perseguidos por el Gobierno se encuentran las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), el Foro Antitotalitario Unido (FANTU) y la Asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE)".
