Más de medio centenar de medios de comunicación independientes y organizaciones internacionales de derechos humanos apoyaron la petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370 de 2019, presentada el pasado 8 de junio ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y a Miguel Díaz-Canel por varios activistas.
Las 64 personas que suscribieron esa solicitud lo hicieron en representación de más de 500 residentes en Cuba y de 3.100 de origen cubano y de otras 83 naciones, quienes firmaron la "Declaración contra el Decreto Ley 370: Ley Azote", publicada en la plataforma Avaaz.
El comunicado lanzado este lunes y firmado por Cubalex, Civil Rigths Defenders, CADAL, Pen Internacional, Transparencia Electoral, entre otras organizaciones, apunta que el Decreto Ley 370 fue descrito por las autoridades "como un medio efectivo para la consolidación de la ciberseguridad, la soberanía tecnológica, la seguridad y la defensa nacional".
"Sin embargo, supedita el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación", condena el texto.
El 370, señalan los firmantes de la declaración, "sanciona la difusión de información en redes sociales contrarias al 'interés social', 'la moral' y 'las buenas costumbres', categorías que no definen la conducta ilícita e inhiben el debate en el ámbito público y político".
También "autoriza el castigo y persecución de investigadores en seguridad informática que publican y alertan sobre la existencia de vulnerabilidades en sistemas informáticos" y "otorga facultades discrecionales al Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) para el otorgamiento de licencias sobre programas y aplicaciones informáticas".
"Impide la fabricación, instalación, comercialización de dispositivos asociados a las TIC, sin autorización, afectando el desarrollo de redes comunitarias que garantizan el acceso a internet y reducen la brecha digital", así como "el hospedaje de sitios web ubicados en servidores extranjeros que no sean réplicas de los servidores nacionales, declarando ilegales los blogs personales y medios independientes a los que se les niega acceso al dominio '.cu'; permitiendo al Gobierno controlar y acceder a la información personal de los usuarios", denuncian.
En el segundo comunicado lanzado para repudiar el Decreto Ley-370, señalan que "esas restricciones contravienen lo dispuesto en los Artículos 8, 40, 41, 47, 54 y 228 de la Constitución de la República de Cuba y son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del ordenamiento jurídico nacional y que protegen expresamente la libertad de expresión".
Mencionan, entre estos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad".
"Desde la publicación de nuestro comunicado el pasado 6 de mayo —cuando alertamos sobre las violaciones a la libertad de expresión y prensa que supone la aplicación del Decreto Ley 370—, la situación ha continuado agravándose", denuncia el texto.
Ponen el ejemplo de otras nueve personas que han sido penalizadas con multas de 3.000 pesos (120 dólares), equivalente a tres veces el salario medio mensual vigente.
"Y al menos uno fue multado en dos ocasiones en un plazo menor a 40 días. En todos los casos, fueron sancionados por funcionarios del MINCOM, bajo órdenes directas de la Seguridad del Estado, debido a sus publicaciones críticas en redes sociales sobre la gestión del Gobierno cubano", sostienen.
La declaración ha sido respaldada por organizaciones como el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, Human Right Foundation, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Freedom House, Robert F. Kennedy Human Rights, Asociación Pro Libertad de Prensa, Race & Equality, People in Need, Cultura Democrática, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Convivencia, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, entre otros.
También la suscriben medios de prensa como DIARIO DE CUBA, Cubanet, La Hora de Cuba, El Estornudo, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Cibercuba, Tremenda Nota, Yucabyte, Inventario, Árbol Invertido y Play Off Magazine, entre otros.
Los firmantes recuerdan que en el Informe de país de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el Decreto Ley 370 "podría generar restricciones indebidas al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión a través de internet, afectando la libre circulación de información".
"La CIDH ha advertido que las actividades de vigilancia en internet son contrarias al derecho a la privacidad y protección de datos personales y mostró preocupación porque este tipo de seguimiento en línea estaría siendo utilizado como un medio para la identificación de periodistas independientes y disidentes políticos, lo que llevaría al uso de patrones de hostigamiento contra estas personas".
"El Estado cubano debe garantizar el derecho de acceso a la información a través de cualquier medio, en particular a través de internet. Insistimos en que penalizar y calificar como contravenciones legales el ejercicio de la libertad de expresión y restringir el acceso y la publicación de contenidos en internet, esgrimiendo motivos de orden público o seguridad nacional, posee un efecto amedrentador en la dimensión colectiva de los derechos de libertad de expresión y de reunión", señalan.
Por tales razones, los firmantes del comunicado apoyan "la petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370".
"Reafirmamos en todos sus términos el comunicado publicado el 6 de mayo pasado. Exhortamos a actores de la comunidad internacional, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos a exigir al Gobierno cubano el fin inmediato de la vigilancia en línea contra personas que expresan sus opiniones en redes sociales u otros medios y el cese de la persecución a periodistas y activistas de derechos humanos", concluyen.
