Una decena de activistas, periodistas y opositores cubanos entregaron el lunes a las máximas instituciones cubanas los documentos que sustentan una petición para declarar la inconstitucionalidad del Decreto-Ley 370, conocido como "Ley Azote", instrumento legal que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 usa el régimen para reprimir a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil por criticar en las redes sociales la situación del país.
La petición se entregó oficialmente en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
La reclamación está dirigida a Esteban Lazo Hernández y Homero Acosta Álvarez, presidente y secretario de la ANPP y del Consejo de Estado, respectivamente; Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República; Rubén Remigio Ferro, presidente del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo; y Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República de Cuba.
La acción se presentó a nombre del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) y estuvo a cargo de Iliana Hernández, Esteban Rodríguez, Oscar Casanella, Héctor Luis Valdés Cocho, Maikel Osorbo, Camila Acosta y Ángel Santiesteban Prats, quienes hicieron la entrega en representación de los más de sesenta suscriptores iniciales de una petición contra el 370 publicada el 19 de abril en la plataforma Avaaz, que ha sido firmada hasta el cierre de esta nota por más de 4.100 personas.
La petición incluyó, además de esas firmas, con un "estudio razonado de la Ley 131, que salió en enero, para ejercer la acción de constitucionalidad, que explica por qué el 370 es inconstitucional", explicó a DIARIO DE CUBA Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, que tuvo a a su cargo la asesoría de la propuesta.
También se sumó al pliego que fundamenta la petición la declaración de casi medio centenar de organizaciones de derechos humanos y medios independientes que se hizo pública en mayo y que pidió a la comunidad internacional exigir a La Habana el respeto a la libertad de opinión y expresión.
Diversent anotó que, a pesar de la demanda, "todavía la Ley 131, que es la que establece los procedimientos que deben seguir los ciudadanos para solicitar la acción de inconstitucionalidad, no dice en qué forma hacer la solicitud al Consejo Electoral para que certifique o valide las firmas".
Se tomó la opción entonces de pedir a los funcionarios que están facultados por la Ley 131 para solicitar a la ANPP la acción de inconstitucionalidad que sean los que promuevan la opción, explicó Diversent. De ahí los cargos a quienes se entregó la petición.
El plazo para responder son 45 días naturales. "En caso de silencio administrativo o negativa expresa, autoriza a presentar el caso ante un tribunal", precisó la abogada cubana.
Los peticionarios se basan además en el artículo 61 de la Constitución de la República de Cuba, aprobada por referendo en febrero de 2019, que dispone que los ciudadanos tienen derecho "a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley".
El texto advierte que el 370 quebranta la Constitución pues esta "conviene, en su artículo 54, que el Estado 'reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión'". También transgrede "la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales estipulan la libertad de opinión y de expresión, el no ser molestados a causa de estas opiniones, así como investigar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión".
Además de la solicitud, en las redes sociales distintas personas llamaron a hacer efectivo el derecho ciudadano a agotar las vías legales establecidas en la legislación cubana para enfrentar la disposición.
El periodista cubano José Raúl Gallego invitó a los ciudadanos cubanos a enviar correos electrónicos a la ANPP, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular para pedir tomar en cuenta la petición.
"Nos queda a nosotros llenar los buzones de correo electrónico de estas instituciones para que sepan que somos muchos más los que nos oponemos a esta norma que viola el derecho a la libertad de expresión y la propia Constitución cubana", escribió Gallego en su muro de Facebook.
