El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) demandó a la Asamblea Nacional del Poder Popular la derogación urgente de dos artículos inconstitucionales que contiene el polémico Decreto-Ley 370, bautizado por los cubanos como Ley Azote, y en virtud del cual las autoridades han multado a más de una decena de personas que denuncian en redes sociales la situación del país.
La solicitud, que fue presentada el miércoles ante la sede del parlamento por los activistas Enix Berrio Sardá y Luis Manuel Otero Alcántara, en representación del OCDH, advierte que el Artículo 68 del 370 entra en contradicción con el Artículo 54 de la Constitución de la República sobre el respeto y garantía de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.
El Artículo 68 considera contravenciones asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
"Estamos claramente ante una forma encubierta e ilegal de extender el alcance punitivo y la censura política y cultural bajo la apariencia de normas administrativas contra actuaciones que no van contra los bienes jurídicos más importantes", advierte la organización.
"Queremos llamar la atención de que en estos momentos las autoridades están usando el precitado artículo para sancionar con multas significativas a ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales abiertas, como Facebook y Twitter, o por enviar artículos y noticias a medios de comunicación independientes de los oficiales", indica la petición, haciendo referencia a las sanciones de 3.000 pesos que han recibido periodistas independientes, activistas y cubanos simples.
Además, el Artículo 76 del Decreto-Ley 370 contradice el Artículo 99 de la Constitución sobre daños o perjuicios sufridos por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, y la correspondiente reparación o indemnización.
También contradice un derecho consagrado en el Artículo 94 sobre el debido proceso en los ámbitos judicial y administrativo y, en consecuencia, con los derechos de reparación por los daños materiales y morales e indemnización por perjuicios.
"En cualquier caso, el Artículo 76 del Decreto-Ley 370 que se cuestiona, limita de manera inconstitucional el derecho que ha querido garantizar la Constitución como protección del ciudadano ante las actuaciones u omisiones indebidas, entre otros, de los funcionarios estatales. Y ello tiene el gran peligro de alimentar la impunidad de la administración en sus actuaciones, dado que tendría una especie de fuero o inmunidad", advierte el OCDH.
Días atrás, un grupo de periodistas independientes y ciudadanos cubanos afectados por el Decreto-Ley 370 abrieron una campaña en Internet, dirigida también a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba, para exigir la derogación de una regulación que consideran "ambigua" y contra la libertad de expresión.
