El Covid-19 ha vuelto a poner en evidencia los vastos poderes que tiene el régimen para actuar contra los ciudadanos que le molestan. La pandemia le ha servido para seguir robando terreno a los derechos y la justicia, aplicando las leyes que ha fabricado para su beneficio.
Defensores del Gobierno argumentan que la situación actual legitima acciones que atacan libertades como la de expresión. Echan mano al Artículo 45 de la Constitución, según el cual "el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes". Consideran irrelevante el visto bueno de institucionalidad en tiempos de crisis, con la justificación de proteger la vida de las personas "al costo que sea".
Otros, cansados de ver la carencia de límites en el actuar del Gobierno, y sin restar importancia a las medidas adoptadas, creen que viene siendo hora de que Cuba se encamine hacia un Estado de Derecho real y moderno.
El régimen, entretanto, parece perseguir dos objetivos: vencer el coronavirus —como todos los países afectados, pero con un rédito propagandístico para el sistema de salud nacional, la exportación de profesionales y de fármacos—, y aprovechar la distracción mundial y ciudadana causada por la pandemia para reducir a la oposición interna y a los actores contestatarios de la sociedad civil todo lo posible.
Han crecido en los últimos días las denuncias de citaciones, amenazas, arrestos y multas que coartan el derecho a la libertad de expresión bajo instrumentos como el inciso i) del Artículo 68 del Decreto-Ley 370/2019 (conocido como Ley Azote), que castiga el "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
Varios periodistas independientes y activistas han recibido multas de hasta 3.000 pesos en virtud de ese artículo, por escribir en sus redes sociales críticas al Gobierno y al escenario económico y social en el que transcurre en Cuba la pandemia.
A ninguno, sin embargo, se le ha explicado o demostrado de qué forma sus publicaciones violaron el decreto-ley; tampoco la falsedad de lo que habían difundido.
El castrismo se ha asegurado durante décadas de impedir la independencia de los poderes legislativo y judicial. La Constitución (anterior y vigente) concede al Partido Comunista el papel de "fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado", y tanto las leyes como su aplicación están pensadas para defender los intereses del régimen.
En este escenario, las esperanzas son prácticamente nulas, pues la jurisdicción que podría crearse para dirimir conflictos suscitados por violaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos tendrá como límite una ideología no incluyente, respaldada por el Artículo 4 de la Constitución, que establece que el "socialismo es irrevocable". De esta forma, se mantiene intacta la fuente histórica de confrontación social.
