Organizaciones cubanas presentaron un procedimiento especial ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde denuncian la aplicación del Decreto-Ley 370 como una grave violación de la libertad de expresión en la Isla.
Cuban Prisoners Defenders, que hizo la denuncia junto con otros grupos de la Isla, advirtió de la aplicación del 370 a partir de enero de 2020, y que desde fines de marzo y durante abril "se ha sistematizado y generalizado de forma masiva".
Esto es un "gravísimo hecho constitutivo de violaciones de los derechos humanos" por suponer la "persecución de la libertad de expresión y otros derechos" que sufren civiles, funcionarios, activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes en Cuba, indicó la organización.
El documento que sustenta la demanda incluye 33 casos descritos detalladamente, de personas que han sido víctimas de esas prácticas, ya sea a partir de multas o de amenazas y coacciones, para intentar oblicarlos a "renunciar a derechos universales y fundamentales". Las presiones no solo afectaron a los sancionados, sino también a sus familiares.
La demanda pide al Alto Comisionado de la ONU estudiar y comprobar la denuncia y verificar los hechos, que incluyen, entre otros, los casos de las periodistas independientes Camila Acosta, Mónica Baró Sánchez e Iliana Hernández, el activista de la UNPACU Ovidio Martín Castellanos, la activista Nancy Alfaya, los periodistas de DIARIO DE CUBA Boris González Arenas y Yoe Suárez, los youtubers Ruhama Fernández y Yander Serra, así como el enfermero Pedro Ariel García Rodríguez, expulsado del Instituto Nacional de Oncología y Radiología por publicaciones que hizo en su muro de Facebook.
"Esta tendencia represiva podrá alcanzar a muchos miles de personas en los próximos meses y años si no se paraliza la descrita represión gubernamental y el Gobierno no recibe la presión de realizar cambios que sean compatibles con los derechos humanos fundamentales", alertan los responsables del documento.
La demanda, en cuya preparación participaron la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el Movimiento San Isidro y el Instituto Patmos, también advierte que el 370 es una herramienta en manos de la Seguridad del Estado para asegurar que las "fallas del sistema socialista instituido, de sus instituciones y órganos oficiales, así como la gestión de sus dirigentes, no salgan a la luz pública ni se socialicen en redes sociales".
Además, señala que la legislación permite justificar en el futuro cercano el encarcelamiento de los ciudadanos críticos a partir de la aplicación del Artículo 170.1 del Código Penal cubano, que castiga el "incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones" y prevé penas de hasta seis meses de prisión por cada multa no pagada.
La denuncia advierte que el empleo del 370 se ampara en la Constitución de la República, la base jurídica del atropello a la libertad de expresión en Cuba, cuyo Artículo 8 advierte que la Carta Magna prima sobre los tratados internacionales de los que el Gobierno cubano es signatario, incluyendo aquellos que protegen los derechos humanos universales.
El 370 ha provocado un amplio rechazo entre la sociedad civil independiente cubana. El lunes pasado, más de medio centenar de medios de comunicación independientes y organizaciones internacionales de derechos humanos apoyaron la petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370. Esa solicitud fue presentada el 8 de junio ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General de Cuba, así como a Miguel Díaz-Canel, por varios activistas.
Las 64 personas que suscribieron la petición lo hicieron en representación de más de 500 residentes en Cuba y de 3.100 de origen cubano y de otras 83 naciones, quienes firmaron la "Declaración contra el Decreto Ley 370: Ley Azote", publicada en la plataforma Avaaz.
