Yudeyvis Reinoso, madre cubana de un niño de dos años, recibió amenazas de las autoridades del Gobierno de Marianao, por sus denuncias en redes sociales. En ellas Reinoso expone la precariedad que hay en Cuba y la forma en que esto afecta el bienestar de su familia.
Reinoso fue citada por el Gobierno de su municipio de residencia el pasado martes para informarle que incurría en un delito por sus directas en redes sociales, donde ha exigido sus derechos y los de su hijo.
En concreto, Reinoso fue amenazada con la aplicación del inciso i) del Artículo 68, del Decreto Ley 370, que habla de la "difusión, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
Además le advirtieron que el castigo podría incluir el decomiso de su teléfono, la imposición de una multa e incluso, ir a la cárcel.
"Con esto quiero decir que no es que me voy a callar, ni que voy a dejar de hacer mis directas, porque no las voy a dejar de hacer, voy a seguir exigiendo los mismos derechos, lo que hablando más educadamente. Cada persona sabe lo que tiene que hacer. Yo no voy a incitar a nadie (…) pero voy a seguir diciendo 'Patria y Vida'", expresó la madre cubana en una transmisión en vivo por su perfil de Facebook..
El pasado 24 de noviembre, Yudeyvis Reinoso, ante la desesperación de no poder alimentar adecuadamente a su hijo, se presentó ante las oficinas del Gobierno de Marianao y, como le fue imposible hablar con algún dirigente sobre su situación, hizo una directa donde le preguntó a Miguel Díaz Canel: "¿Hasta cuándo tenía que aguantar?".
Las autoridades que no recibieron a Reinoso para atender sus quejas, ahora son las que la amenazan para que deje de realizar sus denuncias.
El Decreto Ley 370 ha sido denunciado por organizaciones cubanas ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una grave violación de la libertad de expresión en la Isla.
Prisoners Defenders hizo la denuncia en 2020 junto a otros grupos de la Isla, y advirtió que la aplicación del 370 es un "gravísimo hecho constitutivo de violaciones de los derechos humanos" por suponer la "persecución de la libertad de expresión y otros derechos" que sufren civiles, funcionarios, activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes en Cuba.
El documento presentado en la demanda incluye 33 casos descritos detalladamente, de personas que han sido víctimas de esas prácticas, ya sea a partir de multas o de amenazas y coacciones, para intentar obligarlos a "renunciar a derechos universales y fundamentales".
La demanda presentada al Alto Comisionado de la ONU, pide estudiar y comprobar la denuncia y verificar los hechos, que incluyen, entre otros, los casos de las periodistas independientes Camila Acosta, Mónica Baró Sánchez e Iliana Hernández, el activista de la UNPACU Ovidio Martín Castellanos, los periodistas de DIARIO DE CUBA Boris González Arenas y Yoe Suárez, los youtubers Ruhama Fernández y Yander Serra.
El 370 provocó un amplio rechazo entre la sociedad civil independiente cubana, más de medio centenar de medios de comunicación independientes y organizaciones internacionales de derechos humanos apoyaron una petición para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370. La solicitud fue presentada por varios activistas en junio de 2020 ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General de Cuba, así como a Miguel Díaz-Canel.
Deben grabarse en las Rediciones de Cuenta haciendo esos planteamientos y subiendo también las respuestas de los "factores" o hacer la direca desde esa reunión. De esa manera, en una reunión del pueblo, no habría reclamación posible porque es pública.