Al menos 40 opositores, activistas, periodistas independientes y ciudadanos cubanos comunes han sido sancionados con el Decreto-Ley 370 "Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba", desde su entrada en vigor el 4 de julio de 2019, según un informe del proyecto de periodismo de datos Inventario.
Conocida como "Ley Azote", la norma es utilizada por el Gobierno cubano para castigar a ciudadanos por divulgar en redes sociales información y opiniones que considera inconvenientes.
Establece una serie de contravenciones y sanciones asociadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) por la tenencia, distribución y comercialización de equipos y software, el hospedaje de sitios web en servidores en el extranjero y la difusión de información a través de redes públicas de transmisión de datos.
De acuerdo a los datos publicados por Inventario, los sancionados suelen ser opositores, activistas y periodistas independientes, pero también existen casos de ciudadanos comunes a los que se les ha aplicado el inciso i) del Artículo 68.
Según ese artículo, constituye una violación del decreto-ley "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
El Artículo 70 establece multas de 3.000 pesos para los infractores, que es la sanción aplicada en la mayoría de los casos. En ocasiones, se combina con la confiscación del teléfono de la persona, de acuerdo al Artículo 71 del decreto-ley.
El proyecto Inventario aclara que el registro publicado no incluye todas las sanciones aplicadas mediante el Decreto-Ley 370, sino solo aquellas que las personas afectadas han decidido denunciar públicamente.
Inventario señala que la información fue recopilada a partir de la sistematización previa realizada por el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE), reportes de prensa independiente, entrevistas directas con los multados y documentos relacionados con las sanciones, como citaciones a interrogatorios, comprobantes de multa, comprobantes de pago de multas, actas de ocupación de los teléfonos, notificaciones al tribunal del impago de las multas, entre otros.
Casi todas las imágenes de los talonarios de multas fueron recuperadas. En aquellos casos en que no fue posible, se incluyeron las imágenes de los comprobantes de pago, que muestran parte de la información de la multa original, indica el proyecto..
Asegura que continuará actualizando esta base, tanto para incorporar nuevas multas cuando se hagan públicas, como para completar los datos aún pendientes de los casos ya registrados.
Pensar con cabeza propia es un delito en Cuba.