Una denuncia en trámite en la ONU pone el foco en la anulación de la libertad de expresión en Cuba

Cuban Prisoners Defenders presentó este martes una denuncia ya en trámite en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la libertad de expresión en Cuba a través de mecanismos legales del régimen como el Decreto-Ley 370 y la propia Constitución.

El informe recoge "pruebas irrefutables de la creación de un patrón de eliminación sistemática de la libertad de expresión en todas las comunicaciones electrónicas privadas y públicas en Cuba".

Para ello, CPD presentó 33 casos, en consorcio con la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el Movimiento San Isidro, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Instituto Patmos y el movimiento Corriente Martiana.

Javier Larrondo, presidente de CPD, explicó a DIARIO DE CUBA en qué se basó su organización para distinguir ese esquema de violación continuada a la libertad de expresión y qué procedimiento utilizó para identificarlo.

"Detectamos que desde primeros de 2020 decenas de civiles eran amenazados por publicar en redes sociales, acudiendo a un decreto. Incluso en centros laborales. En paralelo empezaron a salir casos de periodistas, artistas y activistas notables. Surgió la alarma y nos pusimos a estudiar la legislación", precisó.

"Descubrimos, junto con fuentes del propio régimen que por fortuna colaboran desde hace mucho tiempo con nosotros, que estamos ante la creación de un proceso de normalización legislativa y legitimación institucional de la represión de la libertad de expresión, para cercenar el campo que se les estaba escapando desde el año 2000: internet y las comunicaciones electrónicas", abundó Larrondo.

"Para documentarlo —declaró— lo hicimos con decenas de casos a los que teníamos acceso y se atreverían a contar lo que les sucedía. Así, recabamos 33 de los casos que nos fueron llegando, por medio de entrevistas, traslado de documentación probatoria, grabaciones, imágenes y finalmente un formulario online que tipificaría ciertos aspectos de las violaciones".

Para Larrondo, el Decreto-Ley 370 es otro paso más dentro de "un proceso más importante de cercenado de la libertad de expresión en Cuba desde que internet fue creado, y está científicamente definido, preparado y evolucionado para hacer sobrevivir la dictadura 20 años más sin posibilidad de libertad de expresión en el país".

"Es un decreto definido en su artículo 5 para 'consolidar' las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 'instrumento para la defensa de la Revolución'", añadió.

"Si Movistar o la Ley de las Telecomunicaciones en España se definen como 'instrumento para la defensa del sistema ideológico', los españoles o nos morimos de miedo o nos reímos a carcajadas. El gobierno que haga eso, así, está hundido cinco minutos después", reflexionó.

"En Cuba, esto ha pasado inadvertido, no hay medios libres ni nadie lo difunde. Lo siguiente es que las TIC las regulan, controlan y fiscalizan, por el artículo 60, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Y dado que la jerarquía de los dos últimos es muy superior al primero, las TIC están en manos, por definición, de la Seguridad del Estado y la contrainteligencia, por Ley.

Asimismo, denunció que el artículo 68 define una multa de entre tres y ocho veces el salario de un cubano medio por publicar en internet cualquier cosa. "Pero la guinda llega cuando el Código Penal (artículo 170.1) establece la prisión para aquel que no puede pagar dicha multa, seis meses".

En la presentación de la denuncia participan expertos y parlamentarios europeos como Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo; y Javier Nart, vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central y Cuba.

Desde Cuba también intervienen la periodista independiente Camila Acosta, multada y amenazada por el régimen amparado en el Decreto-Ley 370.

Dita Chanzová lamentó que "la respuesta de la Unión Europea" a la situación de los derechos humanos en la Isla "ha sido muy floja al más alto nivel". Allí, consideró, "no se han utilizado las herramientas para hacer frente a esas violaciones".

La política se comprometió a apoyar desde el Parlamento Europeo y en organismos internacionales denuncias como la que hace pública hoy Cuban Prisoners Defenders.

En este sentido, Javier Nart calificó la posición de la UE de "obscena hipocresía" y al Decreto-Ley 370 como un mecanismo "tan reaccionario que le recuerda al franquismo más rancio de los años 40 y 50 del pasado siglo".

Camila Acosta, una de las periodistas independientes multadas mediante la regulación, también se refirió al acápite del Decreto-Ley 370 que impide el hospedaje de sitios web ubicados en servidores extranjeros, lo cual declara ilegales los blogs personales y medios independientes a los que se les niega acceso al dominio '.cu'. Así el Gobierno tiene luz verde para "controlar y acceder a la información personal de los usuarios".

En representación del Movimiento San Isidro, Amaury Pacheco, hizo un bosquejo del panorama de los artistas independientes y de la represión que sufren a raíz de la campaña contra otra regulación contra las libertades, el Decreto 349, hasta hoy con el 370.