Marisol Peña Coba, integrante del opositor Partido Libertario Cubano en Camagüey, fue citada esta semana a un interrogatorio en la sede del monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, acusada de difundir "noticias subversivas", denunció en su perfil de Facebook.
"#LeyMordaza #370 en este instante acaban de hacer presencia en mi casa funcionarios de ETECSA para citarme verbalmente para que me presente mañana en ETECSA, según ellos, porque estoy utilizando mi cuenta para noticias subversivas", escribió.
Peña Coba dijo que no tenía intención de acudir sin una citación oficial.
"Les dije que me trajeran una citación oficial o no me presentaba que le digan a los esbirros de la Seguridad (del Estado) que conmigo es por gusto, que no pago multas ninguna y que si quieren sacarme de mi casa que tendrán que tumbar la puerta", añadió la opositora notablemente molesta.
La activista ya fue citada a comienzos de abril. Durante el interrogatorio en aquella ocasión recibió amenazas de muerte, según declaró a Martí Noticias.
También fue avisada de que le impondrían multas de 3.000 pesos por las críticas que vierte al régimen cubano en las redes sociales, especialmente en Facebook.
"La citación fue simplemente por las publicaciones que hemos hecho los activistas en las redes sociales denunciando la situación del régimen castrista. Las amenazas de multas de 3.000 pesos si seguíamos publicando y amenazas de muerte. A mí me amenazaron de muerte y me dijeron que si llegaba a caerse el comunismo vendrían casa por casa a matarnos", indicó la activista.
Desde que comenzó a expandirse el Covid-19 en Cuba, activistas y periodistas independientes han sido citados a interrogatorios por la policía política, violando las propias medidas del Gobierno, que ha pedido reiteradamente a las personas evitar salir a la calle para evadir el contagio.
En los últimos meses, también han sido víctimas de citaciones policiales los periodistas independientes Yoe Suárez, Waldo Fernández Cuenca y Manuel Alejandro León, de DIARIO DE CUBA; Camila Acosta y Julio Antonio Aleaga, de Cubanet; así como Mónica Baró y Carlos Manuel Álvarez, de El Estornudo, quienes han sido amenazados con represalias por su labor.
Algunos, como Suárez, Acosta o Baró, han sido multados por "violar" el Decreto-Ley 370, que, entre otras cosas, castiga a los ciudadanos por sus comentarios en redes sociales. Esta normativa contempla también decomisos de celulares o computadoras por publicar en redes sociales contenido "contrario al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
