Con el cierre de 2024, termina en Cuba otro año sin cambios normativos relevantes para el desarrollo democrático de la Isla, toda vez que, en materia de libertades y derechos individuales, estos doce meses marcaron otro retroceso.
Las leyes sobre Migración o Ley 171/2024; de Ciudadanía o Ley 172/2024 y la Ley de Extranjería o Ley 173/2024 califican como mecanismos idóneos de control de conductas políticas a cubanos y extranjeros. Aunque no estén todavía vigentes, su aprobación está fundada en bases ideológicas y no principios de derecho, criterios de arraigo y de comportamiento humano natural en materia de libertad de movimiento.
Asimismo, las autoridades cubanas continúan calificando las leyes de Reunión y manifestación y la de Servicios policiales como elementos de menor importancia en el cronograma legislativo, de ahí su aplazamiento en la aprobación.
Además, el acceso a la información sigue siendo un espacio limitado por el común de los cubanos, tras aprobarse una ley en tal sentido y otra de petición y quejas, con la razón fundamental en su ejercicio de denegarse bajo criterios unilaterales de protección del "orden interior y de seguridad nacional".
Esto hace que esté más vigente que nunca, según el criterio de varios juristas consultados por DIARIO DE CUBA, la aplicación extensiva de la represión del desahogo de los cubanos, con particular énfasis en acallar a la cada vez más despierta sociedad civil. En tal sentido, en 2024 creció el número de privados de libertad y de regulados por razones de discriminación política.
Creció, además, el hacinamiento carcelario, en un intento del régimen de frenar el desacato al fallido orden establecido, cada vez más difícil de respetar, según el criterio de expertos, en un país en el que el colapso funciones, producciones y servicios vitales promueve la corrupción, el delito y la ilegalidad, estableciéndose dicha práctica como vía de supervivencia social, grupal, familiar, individual.
La desesperanza sobre el rol reparador y constructivo del derecho en sociedades modernas y sostenibles continúa imponiéndose como sentimiento perenne entre una población cada vez más diezmada. Frente al uso de la fuerza vestida de amparo legal, los cubanos continúan respondiendo con éxodo y rechazo popular en todo tipo de escenarios. Dado el encarcelamiento de líderes, el acoso a la sociedad civil independiente y el cierre de caminos de participación democrática, el contexto nacional e internacional, según el criterio de varios juristas, presenta más condiciones para la explosión que para la implosión.
En vez de la institucionalización, Cuba se enfrenta ―como nunca en la historia nacional― al perfeccionamiento legal del funcionamiento de un modelo de Gobierno sin rumbo certero en lo conceptual. Así, la élite dominante, mediante leyes y normativas de distinta clase, sigue aspirando al control total de la sociedad y de sus procesos, subordinando las funciones del Estado a los intereses de los máximos dirigentes.
La coerción, la persecución política, el unipartidismo, la eliminación y criminalización de libertades individuales, la propaganda ideológica dominante en todos los sectores y actividades de la sociedad, el control del proceso educativo, el cierre legal de mecanismos de participación ciudadana, la movilización de masas mediante la amenaza de consecuencias lesivas y el culto a las ideas de un líder fallecido, dibujan una parte del rostro del totalitarismo cubano.
La creciente falta de legitimidad política, el incremento sostenido del descontento social y el fraude legal que imponen ciertas leyes y decisiones creadas sin respeto a prácticas y principios democráticos admitidos como valederos por la humanidad, dibujan la otra parte del rostro del poder.
El control de las actividades de mercado, del tipo de moneda a usar y de los precios ratifican la inexistencia fáctica de la libertad de empresa y los límites gubernamentales al crecimiento y expansión de la propiedad privada. Así fue anunciado en el Decreto Ley 88/2024 del Consejo de Estado, regulador en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y en el Decreto 107/2024 del presidente del Consejo de Ministros, norma limitante del derecho de propiedad privada y del derecho a libre creación productiva de bienes y servicios; así como en el conjunto de medidas anunciadas en la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional.
Tras el análisis y recuento del desarrollo legislativo cubano desde poco antes y después de la imposición de la actual Constitución, se mantienen intactas cinco disposiciones jurídicas impeditivas del derecho de asociación; de libertades y derechos fundamentales vinculados al trabajo y a la sindicalización; el desarrollo de libertades de opinión/expresión a través del uso y explotación de las nuevas tecnologías de la información.
Así, sigue rigiendo con plena eficacia limitativa la Ley 54 de 1985 o Ley de Asociación, como elemento impeditivo de la libre asociación política y cívica entre cubanos y/o entre personas dentro de la Isla. Así, se mantiene como práctica irrevocable la solicitud de permiso político para asociarse y la no repetición o multiplicidad de organizaciones dedicadas a una materia.
De esta forma, el artículo 143 del Código Penal criminaliza la libertad de asociación, acreditando que se impondrán penas de hasta diez años de cárcel a quien, por sí o en representación de organizaciones diversas, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional.
Igualmente, la Ley 116/2013, Código del Trabajo, así como el texto constitucional, siguen impidiendo el derecho a la huelga laboral y todos los beneficios que implica el acceso y ejercicio de la libertad sindical.
Asimismo, el Decreto 349 del Consejo de Ministros, del 20 de abril de 2018, sobre "contravenciones personales de las regulaciones sobre prestación de servicios artísticos"; el Decreto Ley 370 de 2018 del Consejo de Estado, y el Decreto Ley 35 de 2021 del Consejo de Estado, junto a la nueva Ley de Comunicación Social, que entró en vigor en este 2024, se encargan de silenciar las voces ciudadanas, así como de artistas, comunicadores y periodistas independientes.
En cuanto al sistema electoral y de representación, el Decreto Ley 39 de 2021 fue actualizado, reajustándose las infracciones electorales, así como las infracciones destinadas a condenar la participación ciudadana en mecanismos para promover y lograr la revocación de los elegidos a los supuestos órganos del Poder Popular. Las leyes de funcionamiento de la Asamblea Nacional y asambleas municipales desnaturalizan el proceso de rendición de cuenta de los elegidos a los electores, promoviéndose el secretismo y la falta de poderes de estos actores frente a la sociedad.
Además, conforme establece el Reglamento Disciplinario del Sistema Penitenciario, los presos por razones políticas son forzados a cumplir la totalidad de las penas acordadas desde el 11J y las autoridades restringen los beneficios y derechos carcelarios, práctica sostenida como represalia y medida de persuasión social.
El ejercicio jurídico en Cuba en 2024 demostró, además, que la Ley de Proceso Penal, la Ley del Proceso Administrativo y la Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales, representativas de una supuesta reforma procesal novedosa y de avance en materia de garantías de acceso a la justicia y del debido proceso, continúan siendo letra muerta en tanto los tribunales anulan y desestiman acciones, denuncias y demandas de toda clase cuando están afectan los intereses del poder.
Un conjunto de abogados cubanos residentes fuera de la Isla, quienes se mantuvieron en ejercicio activo en las instituciones jurídicas del régimen hasta finales de 2024, aseguraron a DIARIO DE CUBA, en condiciones de anonimato, que las violaciones al derecho creado se han incrementado como nunca antes en la historia judicial cubana, calificando a las citadas leyes como meras noticias timadoras de la opinión nacional e internacional y que, en razón a ello, la desvinculación al sistema de abogacía, de fiscalía y de tribunales en la Isla es un creciente problema de interés nacional.
