El régimen hace públicas varias leyes en una carrera contrarreloj antes del fin de año

En el último mes del año y en la semana previa al período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que arranca este lunes, el régimen se ha apurado en publicar varias leyes como parte de un cronograma legislativo que sigue teniendo deudas. Se trata de la Ley 169/2024 de Procedimiento Administrativo, la Ley 167/2024 Del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas y el Decreto-Ley 86 De la Caja de Resarcimientos.

Según la Gaceta Oficial, la nueva ley de procedimiento administrativo recoge los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con funcionarios cubanos; la validez y eficacia de las actuaciones administrativas; el procedimiento administrativo sancionador; el régimen de responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos; y la impugnación en la vía administrativa de las actuaciones administrativas.

Al presentar la norma a la Asamblea Nacional hace cinco meses, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, dijo que se trata de una ley "renovadora y superior", que "tiene como premisa la defensa absoluta de los derechos de los ciudadanos cubanos, y recoge en su articulado elementos trascendentales para el completamiento jurídico de la nación".

Según declaraciones de Silvera, recogidas por el diario oficial Granma, "complementa la Constitución de la República, aprobada en 2019, como parte de la profunda y revolucionaria reforma procesal y judicial, en la búsqueda constante de la buena administración estatal socialista, y coloca al país en la vanguardia mundial en el ámbito de los procedimientos administrativos".

En palabras del titular de Justicia, "la norma homogeniza el funcionamiento de la administración pública y los sujetos que ejercen alguna función pública frente a la población, al tiempo que concentra, en una norma jurídica, contenidos dispersos en otras disposiciones".

Sin embargo, a pesar de regular las relaciones de las personas con entidades del Estado, la nueva ley deja fuera de su competencia entes como la propia Asamblea Nacional, la Seguridad del Estado, la cúpula del régimen o los militares.

El Artículo 7.1. dice: "Se rige por lo establecido en sus leyes específicas y, en lo no previsto en ellas para esa actuación, se aplica, en lo pertinente, lo dispuesto en esta Ley, la actividad administrativa de: a) La Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de  Estado;  b) la Presidencia de la República; c) el Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo; d) los gobiernos provinciales; e) las asambleas municipales del Poder Popular;  f) los tribunales populares; g) los consejos electorales;  h) la Fiscalía General de la República; y i) la Contraloría General de la República.  

El mismo artículo en su segundo apartado establece: "La actividad administrativa de índole militar, la relativa a la defensa nacional, la seguridad del Estado y la que corresponde a la ejecución de las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastres para salvaguardar los intereses generales, se rige por las disposiciones normativas específicas de estas materias".

Quejas y peticiones

Con la segunda normativa, por primera vez en Cuba una ley obliga a la burocracia estatal a atender y dar respuesta a las quejas y peticiones de la ciudadanía. Eso sí, siempre de "conformidad con lo dispuesto en las disposiciones normativas establecidas a tales efectos" y cuando la ideología continúa coartando el derecho de queja en Cuba.

María del Carmen Cedeño, jefa de la Oficina de Atención a la Población del Palacio de la Revolución, dijo a la oficial ACN que la Ley del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas constituye la primera de su tipo en el país aunque se trata de un sistema preexistente.

Ahora "se llega a una uniformidad en el procedimiento para la atención a las personas y con esta norma se reducen los plazos de respuesta a la población" y con la que se pretende incidir "en la confianza del pueblo con respeto a la institucionalidad nacional".

Cedeño dijo que la nueva norma incorpora las fases de la atención a una queja y los casos en que procede la verificación o investigación, así como la tramitación y la respuesta en un plazo no superior a 30 días naturales que puede ser prorrogable cuando por motivos muy justificados no se le puede dar respuesta en el tiempo establecido

La funcionaria dijo que la disposición define en el tratamiento a las quejas y peticiones, que estas se formulen contra personas que ejerzan determinadas funciones públicas y regula el tratamiento a los directivos y funcionarios, extendida también a las personas que ostentan la máxima autoridad dentro de sus instituciones, incluyendo al personal militar y civil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

En palabras de Cedeño, el cuerpo legal exige el respeto entre las personas, el cumplimiento del derecho de tramitar las quejas que se formulen y brindar en cada caso una respuesta oportuna, pertinente y fundamentada.

En un balance de esta actividad se conoció que en 2023 se atendieron 736.649 quejas y peticiones, un 10% más con respecto a igual periodo del año precedente, según publicó Granma.

Entonces, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, admitió que no se podía dar soluciones a todos los problemas a la vez y que "cada persona debe sentir que su situación fue atendida con toda la importancia, debe ofrecerse una respuesta, o al menos orientación".

Lo cierto es que ante la incapacidad del Gobierno, los cubanos recurren desde hace varios años a las redes sociales como válvula de escape a sus miserias y problemas. La mayoría, que se muestra indignada, ha perdido la confianza en que instituciones y funcionarios resuelvan sus quejas y peticiones.

Caja de Resarcimientos

Por último, la Gaceta Oficial de la República publicó el 14 de diciembre el nuevo Decreto Ley de la Caja de Resarcimientos, que establece nuevos procedimientos en esta materia para el país y tiene como objeto establecer la organización y funciones de la entidad para la ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito.

Tayliana Elias Morales, su directora, dijo a la ACN que este Decreto Ley 86 de 2024 sustituye una norma de 1954. La entidad ejecuta todo lo concerniente a la responsabilidad civil derivada del delito mediante el cobro a los sancionados y el pago a las víctimas.

Presentó como novedades de esta disposición legal que se establecen como principios fundamentales de funcionamiento la obligación individual del sancionado en el pago y cumplimiento de esta responsabilidad civil, además de la subrogación en lugar y grado de la víctima, que evitará, entre otros aspectos, el enfrentamiento con el agresor.

Otras de las modificaciones que sufre esta ley es que se "atempera el tema del cobro a los sancionados", quienes podrán realizar está operación a nivel municipal, cuestión que antes se ejecutaba en las cabeceras provinciales.

Se incorporan también los cobros electrónicos que con el proceso de bancarización y las transformaciones digitales en el país se establece como opción para esta modalidad dentro de la normativa.

Además, el Decreto-Ley de la Caja de Resarcimientos establece el principio de representación, donde el agresor puede determinar una persona encargada de cumplir las obligaciones de pago.

Con la nueva normativa, a partir de ahora la Caja contará con un "tratamiento autofinanciado, que permite la utilización de parte de los ingresos para el pago a los afectados y una menor cantidad para su funcionamiento". Esto libera al Estado de un presupuesto que tiene que destinar para que se cumpla lo establecido en este aspecto, según Elis Morales.