El ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera Martínez, destacó este miércoles que desde 2019 se han aprobado en Cuba 162 normas jurídicas de rango superior, según informó el portal oficial Cubadebate, pese a que el Gobierno incumplirá su propio cronograma legislativo, una vez más, en 2024.
Silvera Martínez resaltó la aprobación de 47 leyes y 115 decretos leyes, desde la proclamación de la Constitución de la República, el 10 de abril de 2019, hasta el presente, durante la sesión ordinaria del Consejo de Estado, presidido por Esteban Lazo, en la que participó Miguel Díaz-Canel.
Sin embargo, entre las leyes que debieron ser sancionadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en 2024, específicamente en diciembre, aparece el nuevo Código del Trabajo de Cuba.
El atraso en la elaboración de la norma, de la que no existe todavía ni un proyecto, se refleja en el hecho de que, durante el Cuarto Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, en su X Legislatura, convocado del 18 al 20 de diciembre, se debatirá "la propuesta de política" del futuro Código del Trabajo.
"Junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, discutiremos la propuesta de política para el Código del Trabajo", afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la ANPP, Félix Martínez Suárez, este miércoles en el programa Mesa Redonda, reseñado por Cubadebate.
Las políticas del Código de Trabajo —que se refieren a los derechos y deberes de los trabajadores que debe contener la norma— debieron haber sido debatidos meses antes.
"De la aprobación de las políticas a la presentación del proyecto de la norma falta un buen trecho", señala el miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA, el exjuez Edel González Jiménez.
La política que se apruebe sobre el Código de Trabajo debería responder a preguntas planteadas por DIARIO DE CUBA en un análisis, en marzo, y que se hacen muchos trabajadores y sindicalistas independientes cubanos.
El código actual coarta la libertad sindical y el derecho a huelga. ¿Recuperarán los cubanos esos derechos, ganados antes del triunfo de la Revolución, con el nuevo código? ¿La nueva norma proscribirá expresamente la discriminación laboral por motivos políticos y protegerá a los cubanos exportados por el régimen en las llamadas "misiones" contra el despojo de sus salarios y de sus libertades?
El incumplimiento de su propio cronograma y la aprobación de normas a su conveniencia ha marcado el quehacer legislativo del Gobierno cubano desde 2019.
En 2022, por ejemplo, aprobó 14 leyes de 30 previstas, para un cumplimiento de menos del 50% del plan. Entre las postergadas —hasta 2025— estuvo la Ley de Vivienda. Sin embargo, fue sancionada la Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social, que no aparecía originalmente en el calendario aprobado por la Asamblea en 2019.
En junio de 2023, el Gobierno publicó un nuevo cronograma para el periodo 2023-2027, en el que no fue incluida la norma que debe regular el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación y reunión con fines pacíficos por parte de los cubanos.
Esta norma —prevista originalmente como decreto ley para septiembre de 2020 y postergada hasta después de 2022— no tiene fecha de aprobación hasta el momento. El régimen la escamoteó del calendario legislativo sin explicaciones.
Ante el fracaso de su bancarización, el Consejo de Estado aprueba una nueva norma para 'incentivar el uso de instrumentos y canales electrónicos de pagos'
Durante la sesión ordinaria del Consejo de Estado de este miércoles fueron aprobados dos decretos leyes, que serán publicados en la Gaceta Oficial de la República: el Decreto Ley "Sobre el Sistema de Pagos" y el Decreto Ley "De las Infracciones sobre la Tenencia y Operación de Buques, Embarcaciones y Artefactos Navales en el Territorio Nacional".
Sobre el primero, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, explicó que " resulta necesario establecer en una disposición jurídica de rango superior el marco jurídico relativo al sistema de pagos, que permita reglas de actuación precisas, que aseguren que funcione de manera eficiente, dentro de niveles de seguridad adecuados para los participantes y el público en general; así como desarrollar, promover e incentivar el uso de instrumentos y canales electrónicos de pagos soportados sobre tecnología financieras seguras y eficientes", según la citó Cubadebate.
La aprobación de la norma se produce casi seis meses después de que Díaz-Canel se quejara (en su podcast Desde la Presidencia) de "una notable reticencia en actores económicos privados a participar de manera adecuada en el proceso de bancarización".
También en junio, el Banco Central anunció que bloquearía cuentas bancarias fiscales y obligaría a la declaración obligatoria de las cuentas de personas naturales que recibían altas sumas mediante transferencias, en una batida por controlar el dinero de los cubanos que la bancarización no ha conseguido.
Como explicó en el propio mes la economista Rafaela Cruz en DIARIO DE CUBA, "la bancarización brota automáticamente en la complejidad de economías capitalistas con niveles de consumo muy superiores a los cubanos, donde interconexiones entre infinidad de agentes trenzan activos y pasivos de manera aparentemente caótica, mientras las necesidades de financiación y recolocación de capitales ponen a la banca —Europa y Japón— o a los mercados financieros —Estados Unidos— como ejes del desarrollo".
En Cuba falla, "porque es pura ingeniería social totalitaria (su objetivo es más político que económico) que se quiere incrustar en una sociedad sin condiciones para ello. Condiciones adecuadas no es darle un punto de pago electrónico a cada carretillero y una tarjeta a cada cubano, sino transformar la pervertida dinámica económica cubana para que, en algún momento futuro, espontáneamente tienda a la bancarización después de haber acumulado un nivel de desarrollo muy superior al actual", afirmó entonces la economista.
El segundo decreto ley aprobado este miércoles, busca "definir las infracciones relativas a la tenencia y operación de buques, embarcaciones y artefactos navales en el territorio nacional, las sanciones, la autoridad facultada para imponerlas y la solución de recursos que se interpongan; así como las normas generales a cumplir en función de su aplicación", citó Cubadebate a los ponentes de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior.
Si no robaran tanto, quizá los ciudadanos confiaran ....