El régimen cubano publicó su cronograma legislativo para el periodo 2023-2027 en la Gaceta Oficial de la República, este 13 de junio.
El cronograma había sido aprobado el pasado 25 de mayo en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). En ese momento, se dio a conocer que en estos cinco años se deben aprobar 52 leyes, de ellas 16 previstas inicialmente en el cronograma legislativo para 2022, cuando el régimen cumplió menos del 50% de su propio plan.
Una de las leyes que debió ser aprobada en 2022, específicamente en octubre, es la de Transparencia y Acceso a la Información. Cuba es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una norma de acceso a la información pública. Eso debe cambiar, según lo publicado en la Gaceta, en diciembre próximo.
En el mismo mes, deben aprobarse la Ley de Ordenamiento de la Migración Interna, la Ley de Migración y Pasaporte, la Ley de Extranjería, la Ley de Empresas y la Ley del Presupuesto del Estado.
Antes, en octubre, se prevé aprobar la Ley de Atención a Quejas y Peticiones, la Ley de Salud Pública, la Ley de Fiscalía General y la Ley de Posesión y uso de la tierra. Completa las 12 leyes previstas para 2023, el Código Penal Militar, que debe ser aprobado en julio.
La Ley de Vivienda, que según el cronograma aprobado por la ANPP en 2019 debió ser sometida al criterio de los diputados en diciembre de 2020, no aparece entre las que deben ser aprobadas en 2023.
Pese a que, en diciembre de 2022, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, aseguró que esta y otras leyes estaban "en un estado avanzado de elaboración", la aprobación de la Ley de Vivienda está prevista para julio de 2024.
En cuanto a la ley que debe regular el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación y reunión con fines pacíficos por parte de los cubanos, no aparece entre las que previstas para estos cinco años.
Esta norma —prevista originalmente como decreto ley para septiembre de 2020 y postergada hasta después de 2022— no tiene fecha de aprobación hasta el momento. El régimen la escamoteó del calendario legislativo sin explicaciones.
También deben ser aprobados 29 decretos-leyes en Cuba en este periodo. De ellos, once lo serán en el presente año. Entre ellos se incluye el de la Caja de Resarcimientos. Como señaló recientemente DIARIO DE CUBA, contra esta institución llueven miles de quejas anualmente por morosidad e impago. Existen también problemas de capital humano, especialmente plantillas incompletas por el bajo salario y las pésimas condiciones laborales. A ello se suman la obsolescencia tecnológica y el problema más importante, la falta de fondos para pagar.
En junio deben aprobarse el Decreto Ley sobre Reglamento de la Ley de Ejecución Penal, entre otros. Como había previsto en un análisis DIARIO DE CUBA, hasta el momento, la Ley de Ejecución Penal, que entró en vigor en diciembre pasado, no ha sido de utilidad para proteger los derechos de los pesos políticos ni garantizarles ninguno de los beneficios que deben corresponderles.
