De las leyes que deben ser aprobadas en Cuba hasta 2028, según el cronograma legislativo publicado en la Gaceta Oficial de la República en febrero, cinco despiertan las mayores expectativas, por abordar problemas graves que enfrenta la población. Sin embargo, el historial de normas ya promulgadas por el Gobierno que restringen el ejercicio de derechos o lo convierten en letra muerta, hace surgir dudas respecto a las nuevas.
Aunque aún no se han publicado los anteproyectos de las leyes futuras, los títulos provocan preguntas sobre sus contenidos y los derechos que deberían garantizar a la ciudadanía. Son las leyes de indulto, vivienda, asociación, emigración y ciudadanía.
La ley de indulto es especialmente esperanzadora para los cubanos privados de libertad y sus familias. Sin embargo, resulta llamativo que su aprobación no se prevea hasta diciembre de 2027, pese a que Cuba tiene la segunda población penal más alta del mundo, según confirmó en enero World Prison Brief (WPB), una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios del planeta.
El Gobierno cubano suele hacer espacio en sus cárceles en determinadas fechas, con la liberación masiva de prisioneros mediante el indulto. Esto, sin embargo, no suele beneficiar a los presos políticos, cuya existencia en la Isla niegan las autoridades.
Hasta el 13 de marzo, según la ONG Prisoners Defenders, el régimen cubano mantenía a 1.067 personas encarceladas por razones políticas. Organismos internacionales como la Unión Europea han pedido a La Habana que amnistíe a esos reclusos, principalmente aquellos que cumplen penas de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, conocidas como 11J.
Las autoridades cubanas han sostenido que no existe en la Isla la posibilidad legal de la amnistía. Sin embargo, el indulto ya existe y es una de las ocho vías legales para la liberación o excarcelación de presos apuntadas por juristas.
¿Por qué el régimen necesita una nueva norma para indultar a reclusos? ¿Por qué su aprobación tardía, teniendo en cuenta la alta población penal del país? ¿Será la vía para excarcelar, tardíamente a los manifestantes del 11J, cuando muchos hayan extinguido la totalidad o la mayor parte de sus condenas?
¿Beneficiará la nueva norma a los presos políticos cubanos o cerrará las vías para que esos reos puedan ser indultados? Las preguntas surgen a montones con solo el anuncio del proyecto de ley.
Otra ley que despierta grandes expectativas es la de vivienda, que debe garantizar el derecho constitucional de contar con una vivienda digna y enfrentar uno de los problemas que más golpea a los cubanos.
En 2023, el Gobierno de Cuba entregó 16.065 viviendas, para un cumplimiento del 65% del plan. Sin embargo, el déficit habitacional en el país sobrepasa las 856.500 casas, según las cifras oficiales dadas a conocer en el balance anual del Ministerio de la Construcción, a finales de febrero.
Esto significa que incluso si excepcionalmente el Gobierno hubiera cumplido su propio plan el año pasado, este hubiera cubierto poco más del 3% de la necesidad que existe en la Isla. Esa necesidad va en aumento debido al grado de deterioro que acumulan las viviendas y a la falta de recursos de los cubanos para hacerle frente.
Sin embargo, la ley que debería abordar este problema no se aprobaría hasta julio de 2025, según el cronograma, pese a que en diciembre de 2022 el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, aseguró que esta y otras leyes estaban "en un estado avanzado de elaboración".
Esta norma, incluida en el calendario que aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2019, debió ser sometida al criterio de los diputados en diciembre de 2020.
Aunque llama la atención que una ley tan apremiante para la población haya sido postergada tres veces, la pregunta más importante ahora es si en julio de 2025 existirán en Cuba las condiciones materiales para garantizar el derecho a una vivienda digna.
En caso contrario, ¿dejará el Gobierno de criminalizar a las familias —fundamentalmente mujeres solas con varios hijos— que invaden locales o viviendas vacías para tener un techo?
¿La Ley contemplará formas jurídicas proscritas hasta el momento como la hipoteca bancaria? ¿Será autorizada la construcción y arrendamiento de viviendas por parte de empresas extranjeras? ¿Los jóvenes ajenos al sector militar contarán con acceso a financiamiento del Estado para tener una vivienda como los que los que pertenecen a ese ramo? Aquí las expectativas son tantas como las dudas.
En julio del propio 2025 debe aprobarse en Cuba una nueva ley de asociación. ¿Garantizará esta norma el derecho a la libertad de asociación conforme a normas de derecho internacional? ¿Gozarán de reconocimiento legal las organizaciones de la sociedad civil que no se subordinen al Gobierno; podrán acceder a fuentes lícitas de financiamiento sin ser criminalizadas?
Tampoco hay certeza sobre la posibilidad de los trabajadores para crear y afiliarse a sindicatos no subordinados a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba, ni sobre la capacidad de una ley de poner fin la nueva ley al control del Partido Comunista sobre los estatutos, objetivos, constitución, estructura de dirección y funcionamiento de las organizaciones.
También en julio, pero de 2024, deben aprobarse una nueva ley de migración y una ley de ciudadanía, asuntos más que escabrosos. Aunque se trata de normas distintas, deben complementarse entre sí porque hay más de tres millones de cubanos radicados fuera de la Isla. La cifra no es despreciable y va en aumento, pues son muchos los nacionales que optan por la emigración, ante la interminable crisis que atraviesa Cuba.
Al ser declarados "emigrados", los cubanos pierden la residencia en la Isla, lo que implica también la pérdida de derechos políticos, como votar en elecciones y referendos.
Sin embargo, el Gobierno pretende que los emigrados contribuyan al despegue de la economía cubana con inversiones, como planteó en noviembre, en la IV Conferencia La Nación y La Emigración
Una semana antes del inicio, el director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Ernesto Soberón, adelantó la futura desaparición de "la figura del emigrado", lo que, según sus palabras, dependerá de la contribución de esos ciudadanos cubanos al desarrollo de la Isla.
Las interrogantes aquí también son numerosas, incluidas dudas básicas como la pérdida del derecho a la jubilación de los nacionales que emigran, o si las nuevas leyes eliminarán esa figura de "emigrado" y los radicados en otros países podrán votar en las elecciones y referendos de Cuba.
¿Desaparecerá el requisito de repatriación para volver a residir en la Isla, después de dos años fuera? ¿Se comenzará a exigir este trámite solo a aquellos cubanos que hayan renunciado expresamente a la ciudadanía?
En la mencionada conferencia de prensa, Soberón destacó también la derogación de las caras y frecuentes prórrogas del pasaporte cubano a que estaban obligados los emigrados, así como a la extensión del periodo de validez de ese documento de viaje, medidas todas exigidas por los cubanos durante décadas.
Obvió que, aunque la Constitución reconoce el derecho a tener varias ciudadanías, los emigrados solo pueden entrar a Cuba con un documento de viaje expedido por La Habana. ¿Desaparecerá esa exigencia con las nuevas normas?
En diciembre del propio 2024 debe aprobarse un nuevo código del trabajo. La norma que será reemplazada coarta la libertad sindical y el derecho a huelga. ¿Recuperarán los cubanos esos derechos, ganados antes del triunfo de la Revolución, con el nuevo código?
Entre la oportunidad de avanzar y también el escepticismo, por ahora flotan preguntas esenciales: ¿Esta norma proscribirá expresamente la discriminación laboral por motivos políticos y protegerá a los cubanos exportados por el régimen en las llamadas "misiones" contra el despojo de sus salarios y de sus libertades?
